Lázaro, los cuadernos y la conexión con Bahía

Lázaro, los cuadernos y la conexión con Bahía

Con el supuesto testaferro de los Kirchner se inicia en nuestra ciudad una ronda de indagatorias por una causa clave en el entramado de corrupción y vinculada al caso actual. Un informe de la AFIP, que llegará al Juzgado Federal N° 1 esta semana, confirmaría las maniobras.

   El abogado y doctor en Ciencias Políticas Ángel Bruno, presidente de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), asegura que la primera consecuencia de la corrupción es, claramente, "una mayor exclusión social". 

   Si como dicen dos técnicos del Conicet, el sobreprecio de la obra pública y las coimas durante la administración kirchnerista arrasaron con 36 mil millones de dólares, se confirma la conclusión de Bruno: el impacto golpea de lleno a los que más necesitan del Estado.

   En el entramado de lo que, se supone, fue un gran desfalco de bienes públicos en el periodo 2003/15 -y que hoy acorrala a la expresidenta Cristina Fernández-, la conexión Bahía Blanca fue clave, porque en esta ciudad se habría establecido el delito precedente para la "recaudación".

   Se trata de la denominada causa de las usinas de facturas truchas (CFP 10.451/14), por las cuales se benefició la empresa Austral Construcciones S.A., nave insignia de Lázaro Báez, supuesto testaferro de los Kirchner.

   Como en otras investigaciones por corrupción, el caso, que hoy está a cargo del juez federal Nº 1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, cobró impulso y desde esta semana se iniciará una ronda de indagatorias a 14 acusados, entre ellos Báez, que va a declarar mediante videoconferencia desde su lugar de detención.

   La asociación ilícita fiscal y el lavado de activos que investiga López da Silva, asistido por los secretarios Ivo Krasnopol y Mario Fernández Moreno, guarda relación con la llamada causa de los cuadernos K que detonó hace 15 días.

   Por ejemplo, en la licitación por dos de las obras más importantes de la provincia de Santa Cruz -las represas hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, que después cambiaron de nombre y nunca se concretaron-, Austral firmó en diciembre de 2012 un acuerdo de constitución de la asociación conformada con otras cuatro empresas, tres de las cuales figuran en los cuadernos Gloria: Iecsa S.A., Esuco S.A. y Chediak-Homaq.

   Además, en los últimos días surgió el nombre del exsecretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien también estuvo denunciado en la causa Ficcadenti aunque en ese caso la acusación en su contra no prosperó.

   El gerente general de la empresa Isolux, Juan Carlos De Goycoechea -arrepentido en el cuadernogate-, admitió haberle pagado "aportes electorales" al kirchnerismo por 159 millones de pesos -entre 2012 y 2015- a una firma perteneciente a Berni, actual senador del peronismo bonaerense.

   Una auditoría de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que en la firma Logística Integral Río Turbio “no están respaldadas por facturas, ni figuran conceptos” por un monto de 48 millones de pesos, aunque Berni rechazó los cargos.

Las facturas que fueron  “indispensables”

   La organización de empresas fantasma en Bahía para generar facturas truchas fue, según los investigadores, "indispensable" para la extracción de "fondos blancos" del circuito contable de Austral, ya sea para pagar las coimas como retorno por la adjudicación irregular de obra pública como para el enriquecimiento ilícito.

   Es decir que los cuadernos y las usinas tenían el mismo fin: formaban parte de una matriz de corrupción.

   La ronda de indagatorias se iniciará el viernes próximo, a las 9, con Lázaro Báez. Como está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, no será trasladado a Bahía y comparecerá ante el juez a través de videoconferencia.

   El lunes 27, a la misma hora, será el turno de su hijo, Martín Antonio Báez, quien hasta los últimos días no había podido ser notificado en un domicilio de Río Gallegos y se procuraba localizarlo en la Capital.

   Luego, sucesivamente, será el turno de Mauro, Franco, Enzo y Silvio Luis Ficcadenti (empresas Calvento, Grupo Penta y Terrafari); José Antonio, Denis Ariel, Jorge Atilio y Franco Nicolás Ferreyra (Constructora Patagónica Argentina, Ferreyra Constructora Vial y Vialinvert); el contador Rogelio Chanquía (Mining Services) y Mario Sebastián e Iván Fernando Pedraza (Iberoamericana de Servicios).

   ¿Cómo era la operatoria? La importancia de la maniobra que se desarrolló en nuestra ciudad radica en la falsificación de costos en la cadena de servicios a Austral Construcciones, que tiene origen en empresas fantasmas de Bahía, solo existentes en los papeles y sin respaldo económico ni financiero.

   Cuando las "usinas" emitían facturas apócrifas a Austral (por supuestos servicios o bienes que no prestaban), el grupo Báez les pagaba el total del importe con cheques, que los emisores cambiaban por efectivo en una financiera, con el fin de evitar controles. El dinero se le devolvía a la constructora, que pagaba un porcentaje a la facturadora y el resto lo mantenía en negro, como recaudación y para destinarlo al pago de coimas y contribuciones. Eso es lo que surge de la investigación.

   Esta situación, no obstante, les generaba a los grupos Ficcadenti y Ferreyra dos problemas: por un lado una gran base imponible que no estaban dispuestas a afrontar -IVA e Impuesto a las Ganacias- y por la cual debían emitir nuevas facturas falsas (así integraron al grupo Pedraza, enlazado directamente con el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray) y, por otro, dinero en negro que terminaba en la compra de activos.

600 millones de pesos es, al menos, el monto que evadió Austral Construcciones (periodo 2010/14) en concepto de IVA y Ganancias, según la investigación local.

Llega un informe de la AFIP que sería “lapidario”

   El juzgado bahiense espera para mediados de esta semana un informe definitivo de los auditores de la AFIP, que hicieron un análisis integral de toda la causa, a partir de un total de 80 cajas con documentación.

   Un alto directivo del organismo tributario será el encargado de entregarle la conclusión al juez, antes de iniciar las indagatorias.

   El adelanto de la pericia, según pudo averiguar La Nueva., marca un resultado virtualmente "lapidario" en contra de los imputados.

   Incluso el procesamiento de los datos supuestamente llevó a determinar eventuales responsabilidades de quienes debían fiscalizar (AFIP) y no lo hicieron y hasta de los que no impulsaron la investigación, como un sector del Ministerio Público Fiscal.

   En principio la investigación estuvo a cargo del juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez, aunque la presunta presión de Justicia Legítima (agrupación asociada al kirchnerismo) lo "corrió" del camino -algo parecido sucedió con el secretario Fernández Moreno-, bajo la acusación de no avanzar con las causas por delitos de lesa humanidad, hecho que, finalmente, el Consejo de la Magistratura desestimó, al rechazar cada una de las 6 denuncias contra Martínez.

   En su lugar llegó como suplente el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla -afin al gobierno K- y la causa contra Báez y compañía quedó en el freezer como 6 meses. 

   Ramos Padilla delegó la instrucción de la causa en la fiscalía local, pero el expediente quedó en su despacho y el fiscal tampoco lo reclamó para activarlo.

   Consta en la causa que, tras la salida del juez de Dolores de Bahía, su sucesor, el subrogante Héctor Pedro Plou reasumió la investigación (mayo de 2016), luego de citar en un oficio que "desde el momento de la delegación (de la investigación en la Fiscalía) no se han producido avances sustanciales en la investigación".

   Una vez que Plou marcó esta situación, los fiscales Alejandro Cantaro y Antonio Castaño solicitaron numerosas medidas de prueba, incluso la intervención de la Proselac, entonces a cargo del fiscal general Carlos Gonella, quien fuera procesado por brindarle protección o no investigar a Lázaro Báez.

   El periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, el primero en publicar el caso de las facturas truchas, dijo, en su declaración testimonial en la causa Bahía, que le llamaba la atención el "evidente interés" que existía en distintos sectores -entre ellos el de la fiscalía- por "despegar" a Báez del caso.

   Una vez concluida la ronda de indagatorias -el final está previsto para mediados de septiembre-, el juez López da Silva resolverá la situación de todos los acusados. Tiene tres opciones: procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito, que es un punto intermedio entre las otras dos alternativas.

Echegaray y un cambio de rango muy sugestivo

   El 9 de agosto de 2012, cuando la AFIP ya había puesto la lupa sobre las usinas de facturas truchas, Ricardo Echegaray -por entonces titular del ente- suscribió la disposición 299/12 por la que bajaba de rango -de dirección regional a agencia- a la delegación Bahía Blanca, que pasaba a depender de Mar del Plata.

   Ese mismo día se dieron por finalizadas las funciones de 49 agentes impositivos que se venían desempeñando en nuestra ciudad y se reemplazó a algunos jefes. El cambio se les comunicó a través de una videoconferencia.

   Con el correr de los meses, los investigadores infirieron que la recategorización de la AFIP Bahía Blanca -que más adelante volvió a recuperar su tono de dirección regional- tuvo como fin controlar los procesos de fiscalización para proteger al grupo Báez, a partir de los estrechos lazos que mantenía con el poder político.

   De hecho, hace algunos días la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Echegaray por encubrimiento agravado en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público, para lo cual fue clave la causa 5987/16, que se instruyó en el Juzgado Federal N° 1 local hasta que, por razones de competencia, pasó a manos del juez capitalino Sebastián Casanello.

El abogado de Báez que estuvo dos años prófugo

En el expediente que tramita en nuestra ciudad, Lázaro Báez se presenta con dos abogados. Una es la local Rosela Correa, quien tiene su oficina en Sarmiento 560.

   El otro es Franco Agustín Bindi, quien es de la Capital y seguramente estará junto al detenido al momento del acto de la indagatoria.

   Bindi tiene una historia muy particular, porque en algún momento estuvo del otro lado del mostrador judicial: entre 2011 y 2013 estuvo con pedido de captura internacional por parte de Interpol, en el marco de una causa por sustracción de menor.

   Fue acusado, como abogado, de aportar la logística y la falsificación de documentación que permitió, en 2009, la fuga a Brasil de un hombre de Tandil junto a su pequeña hija, en medio de una disputa que su cliente tenía con la exmujer por la tenencia de la menor.

   Bindi figuró con foto en los registros públicos de las personas buscadas por Interpol e incluso el Ministerio de Seguridad bonaerense llegó a ofrecer una recompensa para quien pudiera aportar datos sobre su paradero.

   Sin embargo, en agosto de 2013 la Cámara de Casación Penal atenuó la calificación legal en su contra a la figura de "impedimento de contacto" y por ese motivo finalmente no fue detenido.

   Bindi -dicen que muy vinculado al exgobierno kirchnerista- fue señalado en una nota periodística por el "valijero" Leonardo Fariña como un abogado "que siempre estuvo oculto y tiene conexiones con la ex SIDE y espías".

   Superado el trance judicial en su contra, en 2014 también se desempeñó como asesor legal del senador Gerardo Zamora y de la gobernación de la provincia de Santiago del Estero.

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