Dispuesto a jugar a fondo, el empresario patagónico Lázaro Báez reclamó otra vez a la Justicia que lo sobresea de las acusaciones que afronta por lavado. Para eso, apeló a dos cartas: se colocó en el rol de víctima de una persecución más política que judicial y planteó que aun cuando las maniobras bajo sospecha pueden ser hoy cuestionables, no eran delito cuando ocurrieron.

Báez jugó las dos cartas mediante un par de escritos que presentó ante el juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto lavado de fondos a través de la compra de un campo en Mendoza que negoció el valijero Leonardo Fariña.

"Aunque fuera cierto que el «hombre en las sombras» en la compra del campo de Mendoza hubiese sido" Báez, dijeron sus abogados defensores, Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, "ello no podría configurar el delito de lavado de dinero, pues esa compra se llevó a cabo en diciembre de 2010 y, como es sabido, el denominado «autolavado de dinero» recién adquirió estatus de tipo penal al año siguiente".

Sin la opción del autolavado, avanzaron sus abogados, tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Casanello deberían buscar el "delito precedente" por el cual Báez habría obtenido ese dinero negro que luego habría lavado Fariña. Pero, insistieron, "no existe hipótesis de delito previo que pueda imputársele" a Báez.

A partir de allí, el dueño de Austral Construcciones cargó contra quienes considera que lo llevaron al banquillo de acusados, con "denuncias de, por lo general, un mismo grupo de personas vinculadas a cierto sector de la política y cierto sector de la prensa".

En paralelo, Báez ahondó por esa senda con otro escrito en el que también pidió que lo sobresean tras definirse como la víctima de "una persecución política más que judicial" que comenzó con la difusión de videos de Fariña y el financista Federico Elaskar en el programa televisivo Periodismo para todos (PPT), de Jorge Lanata, del Grupo Clarín.

"Sólo les ha interesado quemar al acusado [por Báez], desprestigiándolo, para, así, ensuciar a otras personas que han sido y son protagonistas de la vida política y del Gobierno del país durante la última década", esgrimieron sus abogados defensores, que, de inmediato, duplicaron la apuesta. "Digámoslo con todas las letras: con estas denuncias, se buscó ensuciar a la Presidenta de la Nación y al difunto presidente Néstor Carlos Kirchner y, de este modo, obtener un rédito político que pudiera canalizarse en las urnas."

"Seguramente no sea casualidad que la cruzada contra nuestro cliente comenzó a mediados de abril de 2013, cuatro meses antes de las elecciones legislativas PASO y siguió [sigue] sin respiro, fogoneada por medios de comunicación enemistados con el gobierno nacional y políticos opositores en busca de votos", afirmaron.

Ya ubicado en su doble rol de imputado y víctima de una persecución política, Báez volvió a pedir su sobreseimiento, ya que considera que "se agotaron las medidas" que puede ordenar la Justicia para avanzar con la pesquisa.

En rigor, Casanello aún no cerró la etapa de prueba en la investigación. Pidió la colaboración de la justicia de Estados Unidos, y ordenó un peritaje contable que delegó en expertos de la Corte Suprema.

Para Báez y sus abogados, las medidas que dispuso Casanello no representan más que una "excursión de pesca que a falta de una hipótesis concreta de supuesto delito que la investigación permita corroborar o descartar, se lanza indiscriminadamente", indicaron, a "encontrar «algo»" para acusarlo. La pesquisa, abundaron, "ha virado hasta convertirse en una verdadera auditoría integral de la vida y negocios" del empresario patagónico.