El empresario kirchnerista preso hace cinco meses, insistió ante la Justicia en lo Penal Económico para que le permitan acogerse a la moratoria que lanzó el Gobierno y a su vez, que el juez Sebastián Casanello que lo investiga por lavado de dinero suspensa el embargo de $ 800 millones para pagar "las cuotas que la AFIP determine" como parte de un plan de pagos, en caso de habilitarlo. 

En un nuevo escrito presentado por Gonzalo Díaz Cantón defensor de Lázaro Báez en la causa que investiga el juez Ezequiel Berón de Astrada por la presunta evasión previsional de $ 33 millones correspondiente a una docena de empresas del Grupo Austral, se solicitó que la AFIP primero informe el estado de cuenta y deuda de cada empresa señalada de retener indebidamente los aportes de la seguridad social de los trabajadores, y en segunda instancia que se le habilite a acceder al régimen de moratoria votada hace meses por el Congreso. 

La causa es compleja y contar con toda la documentación de las empresas aún más. Báez no logra comunicarse con sus contadores y responsables de diversas firmas investigadas, algo que señaló en la indagatoria que le tomaron el 16 de septiembre "Han abandonado el barco", explicó el empresario K para describir la soledad en la que se encuentra.

El dueño de Austral llegó a emplear a 5.000 trabajadores durante el kirchnerismo y manejó $ 33.800 millones en contratos viales que en un 50 % dejó inconclusos.

Las empresas investigadas por la posible evasión previsionales son: Epsur (la petrolera investigada por lavado de activos), Austral (principal beneficiaria de la obra pública durante el Gobierno K), Badial, Loscalzo y Del Curto, Kank & Costilla, Austral Agro, Valle Mitre (responsable de administrar tres hoteles de Cristina Kirchner hasta 2013), Alucom Austral, Constructora Patagónica, Diagonal Sur, Consultora Magna (el multimedio que cerró la semana pasada), Servicio Integral Alem, M&P (investigada por la UIF por lavado de dinero), Don Francisco y Sucesión Biancalani.

La defensa de Báez indica en el escrito al que accedió Clarín, que algunas sociedades (Epsur, Alternativa, Don Francisco e Integral Alem) pagaron la deuda con anterioridad a la sanción de la nueva ley de moratoria. Pero para especificar a cuánto asciende la suma final y el estado de deuda de cada empresa, solicitaron que la AFIP "informe si se ha producido la cancelación total de la deuda". 

Los argumentos centrales refieren al fallo de la Cámara que confirmó el embargo semanas atrás. Allí se solicitó que se permita a las empresas "afrontar el pago de salarios, servicios, cargas sociales". En función de esto el socio comercial de los Kirchner pide que Casanello suspenda la medida que mantiene congelada sus cuentas y el movimiento de fondos del Grupo Austral considerando que esto "impide el normal desenvolvimiento de las obligaciones tributarias".

El empresario K que tiene oficialmente una fortuna de $ 1.373 millones sólo en propiedades, ahora aduce que el embargo no le permite "pagar" la deuda previsional acumulada. "Impide pagar un plan de pago de las cuotas de los planes a los que podamos acceder", indica el escrito y pide autorización para la apertura de una cuenta a nombre del tribunal, y que libere los fondos que deban ser requeridos, para poder "acceder a los beneficios mediante el pago de las obligaciones" que dice no poder afrontar en el presente. 

En el escrito se realiza otro pedido: que se suspenda el embargo de $ 800 millones que el Juez Casanello ordenó sobre sus bienes y cuentas, medida que alcanza al mayor de sus hijos varones, Martín, doblemente procesado por lavado de dinero.

En esta causa también fueron indagados tres de sus hijos Martín, Luciana y Leandro Báez por sus diversas responsabilidades en el grupo empresarial. Sin embargo todos señalaron que no tenían ningún tipo de responsabilidad sobre los manejos contables y tributariosde las firmas.