Laura Montero denuncia que "en Mendoza hay un negocio del agua”

Laura Montero denuncia que

La presidenta del Senado aseguró que esta semana ampliará ante la Fiscalía de Estado la impugnación de dos resoluciones del Departamento General de Irrigación que rompen el principio de acceso igualitario.

En una charla relajada con la vicegobernadora Laura Montero, en el marco del encuentro “Mujeres que Inspiran” que organizó la red Talentia, Montero volvió sobre los temas clave de vida política mendocina.

Es que la titular del Poder Legislativo se ha propuesto dar la épica batalla que significa reformar la Carta Magna provincial, una empresa que ha fracasado sistemáticamente desde la vuelta de la democracia hasta ahora.

“Hay que autolimitarse”, así trata de zanjar el tema de la reelección. Sin embargo, otros asuntos cruciales, también están en agenda: uno de ellos, el agua.

Ante Los Andes, Montero aseguró que “hay un negocio del agua” que tiene pruebas de que se violan derechos esenciales y va a denunciar al Departamento General de Irrigación (DGI) ante Fiscalía de Estado.

-¿Qué balance hace del primer año de gestión?

-Con Alfredo (Cornejo) fundamentalmente planeamos cómo tomar control de la administración pública porque era un barco hundido y sin timón. Por eso insistí muchísimo en que la Auditoría General de la Nación (AGN) interviniera para saber exactamente cuál era nuestro punto de partida y así poder ver todos los desafíos que teníamos por delante.

Por supuesto que lo primero fue hacer una correcta administración para poder volver a tomar las riendas del Estado. Hicimos un Presupuesto razonable para 2016 y lo cumplimos. O sea, por primera vez en mucho tiempo hemos tenido un Presupuesto creíble y ejecutado tal cual se planificó.

-Desde 1983 a la fecha hubo varios intentos para reformar la Constitución y todos fracasaron. ¿Esta vez sale?

-Creo que realmente la Constitución necesita una reforma. Las trabas a que se realizara han sido, en general, que la ciudadanía no acompañó las propuestas porque habían surgido del poder político y generalmente con estrategias para perpetuarse en el poder. El debate de fondo pasaba por la reelección sí o no.

Mi propuesta fue abrir el debate a la ciudadanía, transversalizarlo y llevarlo territorialmente y sectorialmente, para luego sistematizar todos esos aportes para que pudiéramos ver qué esta pensando la ciudadanía. Por eso se llegó a un buen trabajo ( con 70 puntos de reforma) que ya está publicado y ahora viene un trabajo tal vez más fino, pero la idea es impulsarla.

-Sin embargo, cuando se habla de reforma de la Constitución, la reelección del Poder Ejecutivo es un tema excluyente. ¿Cornejo quiere ser reelecto?

-Yo no sé si Cornejo quiere una reelección. Por lo menos no lo ha hecho explícito pero creo que, en principio, y yo te puedo contestar por mí, estimo que nuestra reelección no debería ser un obstáculo para la reforma. Hay que estar dispuesto a autolimitarse.

En este tema hay tres posturas: reelección sí, reelección no o simplemente la extensión de mandato con revocatoria. Me parece que esto no puede ser un obstáculo para la reforma de una ley de fondo que hace una proyección de la sociedad.

- ¿Qué debería pasar con los mandatos de los intendentes y legisladores?

-Esto ha surgido dentro de los puntos de la reforma, que es la limitación de los mandatos de reelección a un solo período. Ahora si bien es un tema importante por que hace a la organización de los poderes del Estado, en los trabajos se han tocado otro temas y 32 puntos son de declaraciones derechos y garantías: el derecho de acceso al agua, derechos de tercera generación pero también se han planteado las obligaciones y los deberes ciudadanos, la responsabilidad frente al ambiente, la responsabilidad frente al cuidado del agua.

- El tema del agua ha sido crucial y el otorgamiento de derechos de agua subterránea ha sido muy cuestionado. ¿Qué reformas estima que se deberían introducir?

- Es gravísimo cómo esta funcionando Irrigación, fundamentalmente porque ha roto el sistema jerárquico normativo. El DGI, a tiro de resoluciones, ha modificado prácticamente todos los principios esenciales que rigen actualmente la organización del sistema hídrico provincial.

Lo voy a poner en el caso de las resoluciones 548 (2012) y 164 (2013), que rompen las prioridades de otorgamientos en el sistema de aguas subterráneas y que permitieron todo lo que se ha dado con el negocio del agua. Se rompen principios esenciales. Creo que en esto hay que volver a la jerarquía de las normas, a la jerarquía de la Ley de Aguas subterráneas, Ley de agua superficial, que tal vez sí necesitan algunas modificaciones como lo hemos analizado dentro del ámbito de la reforma.

Pero lo que no puede pasar, es que el DGI que gobierna el agua de los mendocinos, se arrogue facultades, rompiendo todos los principios y permitiendo un negocio espurio del agua.

- ¿Cómo funciona ese “negocio"?

- En el Valle de Uco se genera una zona de restricción hídrica. Hay limitaciones para el otorgamiento de los pozos y fijan, por resolución, dos mecanismos de asignación de esos pozos: uno por un ofrecimiento pecuniario y el otro segando un pozo para dárselo a otros. Así, gente con muchísimas necesidades vendía su pozo y otro con dinero lo compraba.

Eso ha sido gravísimo. He impugnado esas dos resoluciones en Fiscalía de Estado y voy a ampliar esta semana esa presentación que hice al fiscal de Estado, generando hechos nuevos.

Porque tengo pruebas de hechos nuevos en donde finalmente se genera un negocio del agua. El principio de acceso igualitario al agua también se rompió.

Acá se ve cómo estas resoluciones dieron poder concedente al Superintendente, rompiendo lo que dicen la leyes vigentes. Así, una larga lista de gente que estaba inscripta para el otorgamiento de sus derechos, se ha visto violentada. Acá el que se queda con el agua, es el que más plata tiene.

-¿Cómo se resuelve el conflicto con La Pampa por las aguas del río Atuel y ahora por Portezuelo del Viento?

-Fundamentalmente defendiendo nuestros derechos: respetando el fallo de 1987, gobernando el agua. No hay que hacer lo que quiere La Pampa que es formar un comité interjurisdiccional de cuencas sobre nuestra jurisdicción. Creo que fundamentalmente hay que ejercer nuestro derecho; hay que hacer obras de infraestructura y usar el recurso hídrico para poder regar la superficie que tenemos dada por Ley.

-El Gobierno tiene intenciones de hacer un desarrollo más importante de la minería. ¿Está en los planes la modificación de la Ley 7.722?

-La 7.722 es una ley muy fuerte porque surgió desde las bases sociales. Fue sancionada por la Legislatura y después fue ratificada por la Suprema Corte. Yo no veo en corto plazo un cambio de la 7.722, que el proceso minero hay que hacerlo frente a la preservación del recurso hídrico.

Creo que el principal resguardo es frente al agua. Nosotros estamos frente a una involución del recurso hídrico y ésta es una realidad de nuestra provincia. El inventario de glaciares tiene que estar totalmente terminado y delimitado. Fundamentalmente muchos de los emprendimientos mineros están sobre el nacimiento de las fuentes del recurso hídrico y no solamente la contaminación en un lugar sino los problemas que genera en nuestros acuíferos, que ahí hay muchísimos resguardos a tomar.

 

Violencia de género, ley procesal

La vicegobernadora volvió sobre el tema de la violencia de género y el reclamo que se le hizo desde diversos sectores para que se declarara la emergencia.

En este sentido destacó que “la verdad es que nosotros estamos haciendo un trabajo muchísimo más de fondo. No se pueden hacer intervenciones discretas dilapidando recursos sino que lo que hay que hacer es trabajar en lo que es el fondo de la cuestión”.

Agregó también: “Para nosotros es necesaria la coordinación interjurisdiccional entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para abrir una puerta de acceso a la Justicia cuando se provocan los temas de violencia. Hay que atender a la mujer víctima de violencia. Por eso trabajamos en una ley procesal que, si bien, la mayor parte del cuerpo es la ley procesal de familia, tiene una cuarta parte, ley procesal de violencia y esa ley procesal de violencia familiar baja la Ley nacional 26.485 que implementa y ordena todo el sistema judicial para hacer, en principio, el abordaje a la víctima, para hacer con el cuerpo interdisciplinario un abordaje a todos los vínculos familiares pero también para hacer el abordaje al agresor”.

 

ADN Mujer

La entrevista con la vicegobernadora Laura Montero, se dio en el marco de la charla: “Mujeres que inspiran”, organizada por red Talentia, que se llevó a cabo en el hotel Intercontinental.

Se trató de un evento motivacional dirigido a mujeres empresarias, emprendedoras, independientes y jóvenes líderes emergentes. Allí los Los Andes acompañó a cada una de estas mujeres con diferentes propuestas que surgieron desde nuestro espacio ADN Mujer: www.adnmujer.com.ar

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