El dictamen de la Oficina Anticorrupción sobre el ministro de Energía, Juan José Aranguren, funcionó como un mensaje a dos bandas: la propia titular del organismo pidió que "todos los funcionarios tomen nota" de la resolución, a la vez que el Gobierno buscará mostrarlo como una señal para replicar los cuestionamientos de dirigentes opositores a Alonso, por su pertenencia al PRO.

De acuerdo con el informe de gestión presentado hace 10 días, la OAtiene en análisis las situaciones de 32 funcionarios para determinar si existen conflicto de intereses o incompatibilidades. En algunos casos los expedientes se iniciaron por consulta de los propios funcionarios o de sus superiores jerárquicos, en otros por denuncias de terceros o actuaciones de oficio del organismo.

Entre los más salientes, además del de Aranguren, aparecen Alfonso Prat Gay (el ministro de Hacienda renunció a su cargo de director de APL Economía), Rogelio Frigerio (su par de Interior, vendió su participación en Economía y Regiones), Mario Quintana (coordinador del Gabinete, ex Farmacity y Pegasus, por sus "vínculos profesionales / comerciales previos y/o actuales"), Alberto Abad (titular de la AFIP, accionista de Molinos, con deuda con el ente recaudador), Miguel Braun (Secretario de Comercio, por participación en diferentes empresas), Luis Caputo (Secretario de Finanzas, también renunció a APL Economía), Gustavo Lopetegui (coordinador del Gabinete, ex CEO de LAN) y José Torello (jefe de asesores de Presidencia), estos últimos por la operatoria con el dólar futuro.

Entre funcionarios del Gobierno anterior y el actual, la OA inició en el primer semestre del año 108 actuaciones, una cifra significativamente superior a años anteriores. Desde 2009 en adelante, por caso, no habían llegado a las 40.  

Alonso había acumulado fuertes críticas por su rol al frente de la OA, en especial ante la revelación en los llamados Panamá Papers de la participación de Mauricio Macri como director de cuentas offshore."Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores", tuiteó la ex diputada del PRO, con una cita a un fragmento de una nota de La Nación, lo que le generó que Margarita Stolbizer, Graciela Camaño y Pino Solanas, entre muchos otros, le salieran al cruce.

El kirchnerismo exigió que el organismo quede en manos de la primera minoría opositora y que su titular sea un abogado, condición que Alonso no cumple.

Aquella vez hasta el diputado macrista Pablo Tonelli expresó cuestionamientos: "Cometió un error. Primero debió investigar y después debió haber comentado, exponer sus conclusiones". Stolbizer ratificó sus críticas la semana pasada: "Me gustaría una Oficina Anticorrupción con más independencia. Ella no debería estar a cargo del control de su propio partido".