Larrañaga: "la demora acarrea un perjuicio a la salud de la población"

Los dueños del edificio de Lisandro de la Torre presionan al Municipio y a los concejales para que avalen una adecuación a medias de la construcción con las normas urbanísticas de la ciudad.
Quieren que salga una ordenanza autorizando esa excepción antes de que finalice el actual período de sesiones en el Concejo Deliberante "a fin de no ver demorado aún más la puesta en funcionamiento del centro médico de referencia con el consiguiente perjuicio que ello acarrea a la salud de la población como tal".

Ese planteo figura en la nota que ingresó a la comisión de Obras Públicas del CD, que preside el frepamista Gastón Massari Copes, el 6 de octubre último. Lleva la firma de Luis Alberto Larrañaga, quién prefirió ayer no hablar con el Diario (Ver aparte).

El bioquímico y auditor de Sempre se queja en la nota de que la detección de las irregularidades en la obra "han implicado para esta parte una severa demora en la puesta en funcionamiento del lugar, con el consiguiente perjuicio que ello implica, no sólo desde el punto de vista económico para el grupo de profesionales de la salud que hemos puesto nuestro esfuerzo y continua dedicación en el proyecto, sino también se ha generado un innecesario perjuicio a quienes día a día en un sistema de salud colapsado, como lo es el sistema público, se ve privado de ser asistido en el centro al que referimos".

Larrañaga no se priva de considerar que "es importante en este aspecto indicar que algunas de las prestaciones a brindar (centro de diálisis, por ejemplo) no se están dando actualmente en ningún centro de la provincia por carecerse de las posibilidades técnicas que el edificio presta... el inmueble será destinado única y exclusivamente a la prestación de servicios de salud y sus anexos".

Destrucción "irrazonable"

Larrañaga había presentado el primer proyecto de readecuación el 1 de diciembre de 2008. Fue rechazado por la Municipalidad. El mismo reconoce que proponía "demoler mampostería". En la nota reciente, indicó que "sin perjuicio de entender que la destrucción de parte de lo construido implica una medida carente de razonabilidad dada la pérdida que en calidad y cantidad de las prestaciones a brindar ello produce", propone una ampliación al proyecto de readecuación.

"Referido a la razonabilidad debemos indicar que las supuestas infracciones constatadas no violentan el espacio público, ni generan riesgo alguno a terceros, ni tampoco generan perjuicios a los mismos. Por el contrario, las mismas se verifican dentro de los límites del lote de esta parte", sostuvo Larrañaga.

En cambio, compara un informe de Obras Particulares de septiembre de 2007, que estableció que la demolición implica "una intervención de envergadura para la construcción, desde el punto de vista estructural, ya que comprende una parte de 5 metros desde el fondo de todos los pisos superiores en estructura, tanto vigas y columnas de hormigón armado, como la adecuación de los cerramientos murarios e instalaciones comprometidas".

"De allí entonces la carencia de razonabilidad que se pretende cuando, sin razón que dé sustento axiológico a la decisión, podría llegarse a requerir a esta parte la demolición de lo construido en exceso del permiso inicial", dice el bioquímico-constructor.

Haciendo reservas a continuar con las acciones judiciales y administrativas, solicitó la aprobación de la nueva propuesta.

"No sólo se demuele mampostería, tal y como se había propuesto inicialmente, sino que se efectúa también la demolición de losas en los sectores que no afectan la estructura para los pisos 5º, 6º y 7º", especifica.

"En base a ello se mejorarían varios de los indicadores que, a juicio del Municipio, se encontrarían fuera de la norma. Así se retomaría el retiro de fondo permitido en el proyecto inicial para estos pisos (contado desde el eje medianero o cerramiento); asimismo, bajaría sensiblemente el indicador de superficie excedida respecto de la autorización inicial y se modificaría también la relación entre metros de superficie cubierta y cantidad de boxes de estacionamiento a exigir", argumenta.

"Con la propuesta de ampliación de la readecuación se da cumplimiento a la presentación punitiva del Municipio otorgando cierto grado de razonabilidad a la misma, compatibilizando la norma urbanística con imperiosas necesidades de salud de la población y de poner fin a la situación de hecho generada", concluye.

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