Lapidario informe del TC por los gastos municipales de regalías

El informe fue elevado al Ejecutivo. Con estos datos, el Gobernador podría suspender el envío de fondos a las comunas cuestionadas.
El Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia emitió un lapidario informe sobre el uso de las regalías mineras en los municipios, que pone en incómoda posición a muchos intendentes en ejercicio.

La auditoría es exclusivamente contable, corresponde a los gastos de las regalías mineras efectuados en 2007 y arroja irregularidades y severas violaciones a la ley 5.128 de ‘Distribución y Administración de Fondos de Regalías Mineras’, que van desde gastos que no tienen respaldo documental, hasta uso de los fondos mineros para el pago de sueldos o de otros gastos corrientes, algo expresamente prohibido por ley.

Asimismo se observan honorarios altísimos para el pago de profesionales y hasta proyectos de obras de muy alto costo y cuyo financiamiento no alcanza a cubrirse con los recursos que ingresan por la minería. También hay observaciones a algunos municipios por no haber presentado ni un solo proyecto para invertir sus recursos mineros. O bien por haberlos realizado sin la autorización previa del Tribunal de Cuentas que, en definitiva, es junto a los concejos deliberantes, el organismo al que la ley autoriza a auditar y evaluar las inversiones mineras que realizan las comunas.

El informe que lleva la firma del presidente del Tribunal de Cuentas, Mardonio Díaz Martínez, y que fue elevado al Gobernador de la Provincia el mes pasado advierte que existen "determinadas situaciones, en ciertos municipios, que en interpretación de este TC, constituyen transgresiones pasibles de ser comunicadas en los términos del artículo 5º de la ley 5.192", que justamente habilita al Ejecutivo a suspender el envío de regalías mineras a los municipios infractores.

Los municipios observados por el Tribunal de Cuentas por sus gastos de regalías en el período 2007 son Valle Viejo, Las Juntas, Ancasti, San José, Recreo, Los Varela, Puerta de San José (Belén), Capayán, Puerta de Corral Quemado, Londres, Paclín, Belén e Icaño.

La auditoría del TC se aboca sólo a aspectos contables de las inversiones mineras y aclara que está en trámite la inspección relacionada con los avances y ejecuciones de las obras por parte de auditores técnicos y que también espera las respuestas de los intendentes cuyos gastos fueron objetados.

Valle Viejo: Gastos sin papeles

La comuna chacarera, dirigida por Gustavo Roque Jalile, recibió en 2007 poco más de dos millones de pesos en su cuenta de regalías pero realizó movimiento de dinero de esa cuenta a otras cuentas del municipio "advirtiéndose la existencia de procedimientos de devolución o reintegros a la cuenta de regalías por montos que no coinciden con las extracciones realizadas", señala el informe del TC.

Sin embargo, las observaciones más severas pasan por la existencia de gastos por 376.111,95 pesos que no cuentan con documentación respaldatoria. Ese monto surge de sumar la falta de documentación en gastos de distintas obras que, en su mayoría, se realizaron por administración. Por caso, en el proyecto de la escuela de Santa Rosa hay gastos del proyecto en sí ($ 3.021), de mano de obra ($ 80.000) y de combustible ($ 37.511) que no tiene su correspondiente respaldo documental. También se cuestionan gastos de la remodelación de la escuela de Las Tejas y de las plazas de San Isidro y Santa Rosa.

San José: Movimientos bancarios y proyectos costosos

El municipio de San José de Santa María, a cargo de Mónica Hernández, fue, según reseña el informe oficial, el más problemático a la hora de acceder a la información para auditar: "El control se vio limitado ya que el municipio no proporcionó la documentación correspondiente a proyectos financiados con fondos de regalías, por lo que el análisis se circunscribió al control de las extracciones realizadas en la cuenta bancaria". Pese a esos limitantes, los auditores denuncian que hubo una transferencia de la cuenta de regalías a una cuenta de rentas municipales de 1.849.543 pesos que, hasta el cierre del ejercicio 2007, no habían sido reintegrados ni tampoco destinados a financiar obras de infraestructura. Por otro lado, hay cheques emitidos por el municipio y efectivamente cobrados sin respaldo documental por más de 300 mil pesos.

La lupa de los auditores también se posó en el elevado costo de los honorarios cobrados por los técnicos encargados de elaborar los proyectos de infraestructura que supuestamente se ejecutan en la comuna. Por ejemplo, sólo por la confección del proyecto provisión de desagües cloacales la comuna pagó 350 mil. Lo llamativo es que el proyecto en cuestión no había ingresado al TC para que se autorizara su ejecución. Idénticas objeciones fueron planteadas a los proyectos de la remodelación de la plaza principal y al del polideportivo. En ambos casos se pagaron 260 mil y 191 mil pesos por confección de proyectos que no contaban con el aval del TC.

Belén: Proyectos sin aval y dinero faltante

La acordada Nº 5551 del TC establece en sus artículos 4º y 5º que todos los proyectos que vayan a ser financiados con recursos mineros deben ser previamente aprobados por el organismo de control para determinar si efectivamente se adaptan a los parámetros establecidos por ley.

Una de las objeciones de la auditoría a los gastos de las regalías realizados por el municipio de Belén, a cargo de Daniel Ríos, advierte que se detectaron gastos de esos recursos sin que existan proyectos de inversión presentados para su autorización. "El monto total abonado por proyectos que no ingresaron oportunamente al control de los artículos 4º y 5 ºde la acordada 5551/05 asciende a la suma de 6.828.578 pesos", señala el informe. También se objetó la existencia de cheques emitidos por 148.700 pesos "sin identificar proyecto de inversión alguno". Otra irregularidad detectada por los auditores señala que al cierre del ejercicio 2007, "en la composición del saldo" de la cuenta municipal de regalías se registraba un "faltante de fondos y/o montos pendientes de rendir por el municipio que ascienden a la suma de 1.177.000 pesos".

En virtud de estas irregularidades, los auditores consideran que "el faltante de fondos detectado es considerado un desvío de fondos" y aconseja al TC realizar "la determinación administrativa de responsabilidad a los efectos de determinar la culpa y, en su caso, el daño causado a la hacienda pública por los funcionarios responsables".

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