Lanzarán un plan de subsidios para trabajadores suspendidos

Con el programa, reclamado por la CGT, el Gobierno procurará además evitar nuevos despidos. Por: Mariano Obarrio

En medio de la gran preocupación del gobierno de Cristina Kirchner por los despidos y las suspensiones de personal provocados por la desaceleración económica, la Casa Rosada confirmó que accederá, una vez más, a un reclamo de la CGT de Hugo Moyano: el Ministerio de Trabajo concederá subsidios para evitar despidos y para que puedan tener un ingreso los trabajadores que estén suspendidos.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo admitió ayer a LA NACION: "Se trata de un programa de subsidios para evitar que haya despidos". Confirmó que el mecanismo preventivo existe y señaló que se destinará un presupuesto a esas ayudas para apoyar al trabajador que sea suspendido mientras dure la emergencia. Aunque no quiso precisar de cuánto dinero dispondrá para ese plan.

"Claro que existe presupuesto", aclaró, y partió apurado del Ministerio de Salud, donde asistió a la asunción del nuevo superintendente de Servicios de Salud, Juan Rinaldi. Allí mismo Moyano ratificó que el consejo directivo de la CGT reclamó esos subsidios en la reunión de anteayer en la que analizó la delicada situación laboral en medio de la crisis global y el fallo de la Corte Suprema que dispone la libertad sindical.

"Los subsidios por desempleo son de 400 pesos. Pero creo que habría que duplicarlo a 800 pesos para prevenir despidos", señaló Moyano. Desde la cartera laboral aclararon luego que el monto no será igual para todos los trabajadores: irá de 300 a 800 pesos y dependerá del nivel salarial y del convenio que los agrupe.

Según fuentes oficiales, el plan para evitar despidos es el Programa de Recuperación Preventiva. Se inserta dentro del procedimiento preventivo de crisis contemplado en el artículo 98 de la ley 24.013, de empleo, que establece un plazo para alcanzar un acuerdo entre el empleador y el sindicato para no romper el vínculo laboral.

En principio, el subsidio se aplicaría mientras dure la emergencia laboral. Ergo, si el trabajador fuera suspendido y se le reduce por ello un 40% del salario, el Estado completaría el haber en forma transitoria. Ese dinero no lo recibirá la empresa, sino que se depositaría en la cuenta del empleado, confiaron fuentes de la cartera laboral. Estos procedimientos serán materia de negociación entre la Casa Rosada y Moyano.

El líder camionero dijo ayer a LA NACION que "hay gremios que están denunciando despidos y retiros voluntarios que son despidos encubiertos. Esto nos preocupa mucho". La CGT y el diputado Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, elaboran un proyecto de ley para impedir la expulsión de mano de obra a la calle.

"El proyecto consiste en castigar como corresponde a las empresas que aprovechen esta situación. Se estudiarán todas las medidas posibles", señaló Moyano.

"La norma podría ser retroactiva y tendría variantes: puede estar la doble indemnización o ir más a fondo", comentó. Y aseguró que no conversó aún de esa iniciativa con la Casa Rosada, pero sí lo hará en futuros diálogos con Tomada. "Seguimos adelante con Recalde y seguramente tendremos apoyo", indicó Moyano.

"Los subsidios por desempleo ya los estamos tramitando. Hemos conseguido algunos para los trabajadores de la carne en Mar del Plata", comentó el jefe de la central obrera. Moyano había dicho hace una semana que no había despidos, pero el clima sindical se enrarece con las noticias que llegan todos los días a la CGT.

Esa ayuda económica para evitar el desempleo, en rigor, había sido reclamada anteayer por la CGT durante el plenario del consejo directivo que también pidió "una solución política" para las controversias que traerá el fallo de la Corte Suprema que dispuso la libertad sindical.

En la cartera laboral especificaron que el Gobierno pondría en marcha el procedimiento preventivo de crisis de empresas. Previo a la comunicación de despidos o suspensiones, el empleador o la asociación sindical de los trabajadores deben solicitarlo ante la autoridad ministerial. Dentro de las 48 horas, Trabajo citaría a ambas partes a una primera audiencia. De no existir acuerdo, se abre un período de negociación de una duración máxima de 10 días. Trabajo puede recabar informes y pedir dictámenes y asesoramiento.

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