Lanzan un amplio perdón impositivo

La moratoria regirá para todas las empresas y particulares, incluso en casos investigados por la Justicia; se podrá pagar en 10 años.Por: Mariana Verón
Olvido, efecto sorpresa o complicada explicación. Lo cierto es que el proyecto más ambicioso que el Gobierno lanzó dentro del paquete de medidas anticrisis sólo se presentó formalmente ayer: una amplia moratoria impositiva y previsional que la Casa Rosada calificó como "la más importante que se haya llevado adelante en la Argentina".

En ninguno de los dos actos en los que la presidenta Cristina Kirchner presentó anteayer su menú contra la crisis existió la palabra "moratoria". Y, llamativamente, tampoco dijo que la finalidad de las medidas -la repatriación y el blanqueo de capitales, una política de fomento al empleo en blanco y un ambicioso plan de obra pública- presentadas con bombos y platillos tenía como condición que cada empresa se comprometiera a evitar despidos, el pilar fundamental sobre el cual el matrimonio Kirchner espera salir lo menos ileso posible de la debacle económica mundial.

"En primer lugar queremos destacar lo que se conoce como una moratoria impositiva y previsional, tal vez la más importante que se haya llevado adelante", comenzó su explicación el jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuando ayer al mediodía presentó los detalles del plan en conferencia de prensa.

Con la medida se beneficiarán empresas y particulares, aun aquellos cuya deuda tributaria originada en cualquier tipo de impuesto esté bajo proceso judicial. La moratoria permitirá el pago de un anticipo y un plazo de 10 años para cancelar el resto de la deuda. "Buscamos incentivar la posibilidad a las empresas de mejorar los niveles de inversión", sostuvo Massa.

En el anuncio, el jefe de los ministros estuvo acompañado por el plantel de autores del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso: el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el ministro de Economía, Carlos Fernández; de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni. Todos se mantuvieron en silencio.

Pero Massa fue quien debió defender la medida, polémica por naturaleza, de beneficiar a quien no haya cumplido con la ley. "Estamos ante una situación excepcional, probablemente estemos ante una crisis que desde 1930 nadie recuerda que el mundo haya tenido", amplió el funcionario, después de semanas de que el Gobierno negara que la crisis fuera a impactar en la economía local.

"Cuando se termine el período de crisis vamos a tener mucho más formalizados a nuestros trabajadores; si para eso tenemos que resignar recursos creemos que es el momento", se justificó.

Por omisión, el jefe de Gabinete descartó ayer que el Gobierno vaya a acceder al reclamo de los empresarios de contar con un tipo de cambio más competitivo. "Este tipo de medidas [por la moratoria tributaria] ayudan a la competitividad, que se logra de muchas maneras, también con políticas tributarias", agregó Massa.

Resguardo laboral

Entre los detalles del plan presentado ayer, el proyecto incluye una cláusula de cuidado del empleo: determina que sólo mantendrán los beneficios aquellos empleadores que "no disminuyan la plantilla total de trabajadores" durante el plazo de dos años.

Otro detalle que, en contradicción con el objetivo que el Gobierno le otorgó al paquete de medidas, la Presidenta nunca mencionó anteayer.

De la presentación de la iniciativa también surgió que los empleados que sean formalizados tendrán como beneficio extra el reconocimiento de cinco años de aporte jubilatorio. "Buscamos que el incentivo para blanquearse y para formalizarse lo tengan tanto el empleador como el trabajador", se esperanzó Massa.

La conferencia de ayer sirvió fundamentalmente para aclarar algunos puntos que habían quedado poco claros de los dos discursos que había dado Cristina Kirchner anteayer, uno ante la Unión Industrial Argentina (UIA) y el otro ante la Cámara de la Construcción (CAC).

Del detalle surgió, por ejemplo, que la promoción para el blanqueo de trabajadores incluirá no sólo a las pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores, como había manifestado la jefa del Estado.

Sobre la más polémica de las medidas, la repatriación y el blanqueo de capitales, Massa sólo informó que el control de los fondos lo implementarán los bancos que encabecen las operaciones. Un dato clave: el proyecto exime de declarar el origen del dinero. Sin dar cifras de lo que espera reingresar al sistema, el Gobierno sólo apela a que siga la incertidumbre en el exterior.

"La desconfianza que ha generado la crisis de las hipotecas ha hecho que para muchos inversores sea más seguro una inversión real en la Argentina", se esperanzó Massa.

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