En Lanús los municipales financian la campaña

El gobierno local le aplicó una deducción al personal para recaudar fondos para las actividades proselitistas de la lista que encabeza el propio intendente. Oficialmente explicaron que fue un "error administrativo" y prometieron devolver el dinero.
El inventor de las candidaturas "testimoniales" ahora tiene chiche nuevo. El intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, forjó una original manera de financiar la campaña electoral: retuvo el 2,5% de los salarios de los empleados públicos y lo destinó al Partido Justicialista. El presidente del Concejo Deliberante explicó que se trató de un "error administrativo" y prometió que devolverá el dinero.

La maniobra sorprendió a propios y ajenos, afiliados y adversarios. Ayer, cuando los empleados municipales se presentaron ante la oficina de personal para retirar el recibo de haberes de mayo, se encontraron con la sorpresa. En la columna de los descuentos, junto a las deducciones por jubilación y obra social, apareció un nuevo ítem: "Descuento Partido Justici". En el programa de liquidación de los sueldos no hubo espacio suficiente para escribir el nombre completo: Partido Justicialista. Fue la primera vez que los trabajadores se encontraron con algo así en sus recibos, y justo a un mes de las elecciones legislativas.

Dos empleados, que pidieron mantener sus identidades bajo reserva, le revelaron a Crítica de la Argentina que el descuento los sorprendió y los indignó por tres motivos: "Somos afiliados a otro partido. No nos alcanza para llegar a fin de mes. Y nadie nos consultó nada: nos descontaron en forma compulsiva".

En la misma ventanilla, los empleados recibieron una explicación oficial: "Fue un error administrativo. Se les va a devolver el dinero. Pero recién con la próxima liquidación". Es decir, después de las elecciones, con los sueldos de junio. Según pudo saber este diario, la decisión del Ejecutivo local afectó al personal de planta transitoria, permanente y contratados de la Municipalidad y del Concejo Deliberante, tanto del oficialismo como de la oposición. En total son unos 5 mil empleados que, en recursos, representan más de medio millón de pesos que los trabajadores le estarían adelantando al PJ de Lanús en medio de la campaña electoral. En cambio, el presidente del Concejo Deliberante, el peronista José Luis Pallares, afirmó que "el error administrativo sólo afectó a los asesores de los legisladores". Según detalló el legislador, hubo un "error" en la planilla que se utilizó para practicar los descuentos. "Hubo una decisión política de los afiliados al PJ de aceptar un descuento del 2,5 por ciento de los sueldos para el financiamiento de la campaña. Al que se le descontó por error se le va a devolver el dinero en forma inmediata", agregó.

"Queremos saber si van a utilizar esta plata o qué. Desde cuándo somos la financiera de la campaña del Partido Justicialista. Esto es una clara demostración de la peligrosa confusión que tienen estos hombres entre el partido y el Estado", se quejó el concejal del ARI Mariano Amore. "El intendente debería pedir con urgencia la renuncia del funcionario responsable", agregó el legislador que, junto a todos los concejales, quedaron exentos del descuento.

"Es una práctica similar a cuando decretan asueto para ir a los actos partidarios. Confunden la administración pública con los temas partidarios. Y se saben impunes para hacerlo. Dicen que fue un error administrativo. Pero hay quienes piensan que hubo más que una picardía", opinó el concejal Jorge Schiavone, del PRO.

"Error administrativo" o no, lo cierto es que la decisión del intendente Díaz Pérez, el primer candidato a concejal "testimonial" por el PJ de Lanús y beneficiario de la jugada, roza la ilegalidad. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos dice que el aporte que realiza el Estado para las agrupaciones que compiten en una elección proviene de dos fuentes: por un lado está vinculado con la cantidad de votos que recibió en la elección anterior y por otro, es un aporte que realiza el Ministerio del Interior para la impresión de boletas. Pero en ningún caso contempla la utilización de fondos de empleados municipales. Y menos de aquellos que no dieron su conformidad.

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