LANÚS | CONCEJO DELIBERANTE Martins Rocha indicó que "en 60 días debe solucionarse el tema de las antenas"

La representante de Convergencia Federal defendió la decisión del Concejo de Lanús de dar un nuevo plazo para el desarme de las torres de telefonía móvil erigidas en zonas residenciales y se mostró confiada en que la realización de audiencias públicas "ayude a solucionar la problemática".

La concejal del bloque Convergencia Federal, Susana Martins Rocha, justificó ayer la decisión del Concejo Deliberante de extender la fecha tope para el desarme de las antenas de telefonía móvil erigidas en zonas residenciales del distrito aunque adelantó que ese es el "último plazo" que respaldará su sector.

"Aprobamos esta prórroga porque las empresas nos plantearon que si sacan todas las torres sin poner otras, se pone en peligro áreas muy importantes que se comunican con celulares como la policía, los bomberos y las ambulancias. Pero en sesenta días debe solucionarse este tema", subrayó la edil en diálogo con este medio.

En este sentido, reconoció que existe una presión muy fuerte por parte de muchas agrupaciones vecinales, que advierten sobre los peligros de graves enfermedades producto de las ondas, y explicó que por ese motivo el Concejo decidió no acceder al pedido de las compañías que solicitaban seis meses para regularizar la situación.

"Entendemos perfectamente a la gente y ante una cuestión de salud siempre predomina la cuestión humana. Sabemos que se espera desde hace tiempo que esto se solucione, pero algunas cuestiones necesitan de tiempo para ser resueltas", completó en clara referencia al nuevo lapso por sesenta días hábiles que, a través de una ordenanza, el Cuerpo convalidó el viernes de la semana anterior tras una reunión con representantes de las empresas de telefonía móvil.

No obstante, agregó que esa cantidad de tiempo "es margen más que suficiente para que se vayan dando los pasos necesarios" para cumplir con la medida.

Además de extender el plazo previsto meses atrás por el gobierno comunal para el desarme de las estructuras, la normativa aprobada también prevé la realización de audiencias públicas en las que participarán agentes de las empresas y portavoces de las agrupaciones vecinales.

Según explicó la edil, ese punto incorporado busca que "los vecinos reciban las mismas explicaciones que los concejales" al mismo tiempo que las prestadoras del servicio de telefonía móvil escuchen "directamente los reclamos de la gente".

"Esto nos parece una medida muy importante y esperamos que ayude a solucionar la problemática. Al tratarse de algo público, toma otro carácter porque deja de ser algo privado en el que sólo tiene parte algunos actores", añadió.

El debate sobre el tema comenzó meses atrás, cuando Darío Díaz Pérez promulgó por decreto una ordenanza sancionada por el Concejo que prohibía instalar nuevas antenas de telefonía móvil en zonas residenciales y obligaba a desarmar las existentes en un lapso de 60 días hábiles.

Ese período venció el lunes por lo que el distrito ya debería estar libre de torres en las zonas residenciales. No obstante, la presión de las empresas, la advertencia de posible incomunicación del municipio y zonas vecinas, más su decisión de ampararse en la Justicia retrasaron la ejecución de la resolución.

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