LANÚS: Aprobaron la adhesión a ley que prevé pagos con bonos a empleados y proveedores

El Concejo Deliberante convalidó ayer la iniciativa del Gobierno bonaerense que permite el pago a proveedores y empleados con bonos emitidos por la Provincia.
Además, se realizaron modificaciones al proyecto de zonificación propuesto por el Ejecutivo, y de las tres iniciales sólo quedó como área industrial la comprendida por los terrenos de ACUBA.

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó ayer en el marco de una sesión extraordinaria la adhesión del Municipio a la iniciativa del Gobierno bonaerense que permite el pago a proveedores y empleados con bonos emitidos por la Provincia y girados en concepto de coparticipación.

La propuesta había generado rechazo en la oposición por la incertidumbre respecto a si podrán utilizarse para el pago de trabajadores que dependen de la órbita municipal. No obstante, en la previa de la sesión todos los bloques aceptaron acompañaran la propuesta a cambio de que se asegure contemplar el uso de bonos para salarios sólo como última instancia.

Por pedido del edil del bloque del Partido Justicialista Daniel Piccolo, que representa los intereses de los municipales en el recinto, en paralelo con la suscripción al convenio se sancionó una ordenanza que establece "agotar el pago con pesos" a los empleados.

"No estamos dispuestos poner en riesgo el salario de los trabajadores por algo que se debe a la cobardía del gobernador (Daniel) Scioli de no pedir los puntos de coparticipación que le corresponde a la Provincia", apuntó tras la sesión el jefe de la bancada del Acuerdo Cívico y Social, Mariano Amore.

Asimismo, durante la asamblea se aprobó con modificaciones el proyecto de zonificación impulsado por la administración de Darío Díaz Pérez. Inicialmente se preveía declarar tres áreas industriales en el partido, aunque, ante los reclamos de la oposición, sólo recibirán esa condición los terrenos que pertenecen a la Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires (ACUBA).

En la misma reunión se refrendó el decreto acordado en la sesión especial previa, en la que funcionarios municipales fueron interrogados por los concejales respecto a las tareas realizadas en el área de seguridad.

El documento -que no pudo ser discutido en la asamblea anterior por reglamento dado que no se trataba ni siquiera de una ordinaria- obliga al Ejecutivo a remitir en un lapso no mayor a los 10 días información sobre el proceso licitatorio para la compra de cámaras de Seguridad, un informe sobre cómo se gastó el 2 % de ABL destinado a "colaborar" con la Policía y precisiones sobre las funciones y misiones de la secretaría de Seguridad.

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