El lado oscuro de la reestatización

Por: Alcadio Oña

Salvo por alguna iniciativa de la oposición que no prosperará, ninguna del oficialismo, el debate por la estatización plena de las jubilaciones omite olímpicamente el caso de los que están afuera del sistema previsional.

Aquellos que aportan de tanto en tanto o directamente no aportan, los que tienen ocupaciones intermitentes o la enorme cantidad de grupos familares donde sólo contribuye uno y esporádicamente. Según de quien sea la estimación, aquí hay entre 6 y 8 millones de personas.

Se trata de trabajadores en relación de dependencia, privados y públicos, no registrados que cobran salarios en negro, muchísimos afiliados a las AFJP; autónomos y personal doméstico. Que tienen comprometidas sus jubilaciones futuras, la mayoría, no por voluntad propia. Son una expresión rotunda de la fragmentación del mercado laboral, de la desprotección y de la imposibilidad de hacerse oír.

En el proyecto y en el discurso oficiales abundan expresiones que encomian las garantías del Estado en el pago de las jubilaciones, pero no aparece una sola línea dedicada a los excluidos del sistema. Todo se limita a los incluidos, aunque la mitad de la población activa -en condiciones de trabajar- no aporte regularmente.

Y si por otras razones resulta una ley precaria, imprecisa y sacada de apuro para hacer caja fiscal, sólo por semejante agujero es lo menos parecido al régimen previsional universal y solidario que se pregona. Hay estudios privados que ensayan fórmulas precisas para incorporar a los excluidos, pero no fueron consultados por el Gobierno. Simplemente, mandó la urgencia. Y tanto, que ni siquiera fueron contemplados los efectos colaterales de una decisión así: los que se perciben, por ejemplo, en el mercado cambiario.

Una vez que el Congreso apruebe la ley, empezarán a correr los 60 días fijados para la reglamentación que le pondrá contenidos a la cáscara. No sobra tiempo: con el acelerador a fondo se llegaría así a fin de año. Con el tiempo justo como para poder aplicarla desde el 1° de enero de 2009 y comenzar a recaudar.

Es, de todas maneras, una carrera con obstáculos imprevistos por quienes imaginaron un trámite rápido. 'Nadie pensó que el juez Thomas Griesa podía bloquear los títulos públicos de las AFJP? 'O quiera, además, precisiones sobre cómo van a ser usados los recursos del régimen privado? 'Alguien consultó al costosísimo estudio de abogados que, en Nueva York, asesora a la Argentina en los juicios de los bonistas?

Las respuestas en todos los casos parecen negativas, o dan cuenta de que tampoco en este flanco se tomaron precauciones. Si hasta primero se pretendió que las AFJP asumieran plenamente la defensa de los afiliados ante Griesa, por una decisión que había adoptado el Gobierno, y ahora se resuelve que aquel estudio de abogados de Nueva York mantenga conversaciones informales con el juez. Imprevisión, tras imprevisión.

Y bastante improvisación. De apuro, el kirchnerismo considera ponerle límites al uso de los fondos previsionales y reforzar el organismo de control. Nada de esto aparecía en el texto inicial del Gobierno. Más bien al contrario. Según las normas vigentes que se iban a mantener, los recursos de la ANSeS podrían ser "invertidos en cuentas remuneradas del país o del exterior, o en la adquisición de títulos públicos o valores locales o del exterior de reconocida solvencia y/o cualquier inversión habitual en los mercados financieros".

Es obvio que la idea era conservar semejante margen de acción. Está por verse hasta dónde llegan las restricciones que aceptará el Gobierno en el trámite parlamentario. Y de seguido, cuáles serán las regulaciones que se le impondrán al uso de los fondos.

En una economía con crédito muy magro y caro, la gigantesca montaña de plata que habrá en el sistema previsional será una fuente de financiamiento sin par en el mercado. Para el sector público y también para el privado. El punto es, entonces, que un sistema laxo pueda dar lugar a privilegios o a otros manejos con el destino de los recursos.

Una prueba más de que la plata es un bien escaso, es la intención de avanzar con una moratoria impositiva que refuerce la caja fiscal. Pero tendría que pasar por el Congreso, si se pretende lanzar un plan amplio: desde los tiempos de los acuerdos con el FMI, existe una ley que le pone trabas a las moratorias.

Lo que se advierte es un Gobierno que corre detrás de los acontecimientos, muchos creados por él mismo o gestados durante la era kirchnerista. Que ahora obliga a las AFJP a traer los activos que tienen colocados en todos los países del Mercosur, probablemente malvendiéndolos. Que busca contener la presión sobre el dólar y toma medidas para frenar la fuga de capitales, cuando ambas empiezan a ser ostensibles. O recién repara en que los subsidios indiscriminados benefician más a quienes más tienen y ya alcanzan una magnitud insostenible.

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