“Hoy reconocemos a hombres y mujeres que han hecho del valor y el compromiso un modo de vida, una muestra de honestidad, de lealtad, de capacidad”. Las palabras pronunciadas este martes por la gobernadora María Eugenia Vidal frente a los cadetes de la Escuela “Juan Vucetich” tenían destinatarios formales: los efectivos de la Bonaerense que capturaron al valijero José López y los que enfrentaron a los condenados por el triple crimen de la efedrina cuando escapaban de la provincia de Buenos Aires tres evadirse del penal de General Alvear. Pero acaso escondían otras intenciones: congraciarse con o enviar una advertencia a un poder fáctico permanente e indomable que, en tándem –casual o no- con el Servicio Penitenciario, no ha dejado dormir en paz a la mandataria provincial desde que asumió sus funciones. Desde la triple fuga fundacional, en la madrugada del 27 de diciembre, hasta la intrusión del despacho principal de la Gobernación por parte de dos agentes de la custodia uniformada, el 7 de junio –cuando el barro que subyace a la política puso resbaladizo el mismísimo suelo de su despacho-, Vidal no ha ganado para sustos: han sido seis meses de película.

En efecto, la mandataria afrontó una secuencia de hechos misteriosos y violentos que definieron los primeros contornos de su relación con la Bonaerense, una fuerza donde se han dirimido, y se siguen disputando, tensiones del submundo de la política con facciones enfrentadas en su interior y con tramas que conducen a las fuerzas federales de seguridad y a los servicios de inteligencia.

El 27 de diciembre del año pasado, cuando Vidal llevaba 17 días al frente de la Provincia, la triple fuga que protagonizaron Martín Lanatta, Cristian Lanatta yVíctor Schilacci se transformó, como evaluó por entonces Letra P, en un verdadero baño de realidad bonaerense para la ex vicejefa de Gobierno porteño. Los tres se escaparon del penal de General Alvear condenados desde 2012 a prisión perpetua por los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón  yLeopoldo Bina, que en agosto de 2008 fueron hallados en un zanjón de General Rodríguez acribillados a balazos. Los crímenes fueron el componente más espeluznante del caso judicial que investiga desde entonces la "mafia de los medicamentos", un caso que, además de los tres fugados que finalmente fueron detenidos, tenía otro perseguido penalmente: Ibar Pérez Corradi, sindicado como autor intelectual de los tres asesinados, que fue detenido este domingo.

El estreno de Vidal al frente del poder tuvo a la "triple fuga" como un viaje forzoso (en tiempo récord) que la obligó a explorar y comandar las entrañas del sistema policial y peniteniciario provincial. También a buscar intelocutores confiables con sus mandos uniformados, casi todos puestos bajo sospecha apenas Vidal juró su mandato de cuatro años y resolvió nombrar como jefe policial a Pablo Bressi, ex jefe del Grupo Halcón, que llegó al frente de la fuerza ante las recomendaciones de sus antecesores y también de la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos.

La jefatura de la Bonaerense es, sin dudas, un virtual ministerio uniformado que administra parte de la autonomía policial con los mandos civiles, instituidos en el Ministerio de Seguridad provincial que, desde el 10 de diciembre, está en manos del ex viceministro del Interior de Eduardo Duhalde, Cristian Ritondo. El traspaso del control policial del ex gobernador Daniel Scioli a su sucesora Vidal era un intrincado laberinto que se complejizó aún más con la triple fuga. Tal escenario reconoce un antecedente sangriento que data del 9 de julio de 2013, una suerte de precuela de un thriller de terror. Ese día, en plena madrugada, diez agentes del Grupo Halcón entraron a la casa de Pedro Tomas Viale, alias "El Lauchón", un agente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y lo mataron de 11 tiros dentro de su casa, en la localidad de La Reja, Partido de Moreno. Las tropas de elite irrumpieron en el marco de 18 allanamientos antidrogas originados en una causa en la que se investigaba a un narcotraficante, donde Viale tenía escuchas con el investigado.

Viale era uno de los hombres de mayor confianza del entonces director general de Operaciones de la SIDE, Antonio Horacio Stiusso, y su asesinato, a manos del Grupo Halcón, marcó una  inflexión irreversible en la relación de la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner con el aparato de espionaje dependiente de la Presidencia de la Nación, que tenía al otrora director como uno de sus agentes más viejos y poderosos.

Un año después, poco antes del descabezamiento de la SIDE, la creación de la AFI y la cesantía de Stiusso, el juez federal de Morón Juan Pablo Salas ordenó detener a los efectivos del operativo y resolvió procesarlos por el delito de “homicidio agravado por abusar de su función o cargo siendo miembro integrante de una fuerza policial”. Los "halcones" detenidos posiblemente deban afrontar prisión perpetua, pero, antes de ser apresados, el 12 de julio de 2013, el entonces ministro Ricardo Casal relevó al jefe de Narcotráfico bonaerense, comisario general Marcelo Peña, porque "no habría actuado correctamente en el tiroteo donde murió un espía de la Secretaría de Inteligencia -conocido como "El Lauchón"- y resultó herido un policía". Dato ad hoc: el personaje que conecta el asesinato del "Lauchón" y la triple fuga de la efedrina es César Albarracín.Cuando Viale fue acribillado, era el subsecretario de Política Criminal en el por entonces Mnisterio de Justicia y Seguridad. Cuando se escaparon los Lanatta y Schilacci, había sido ratificado por Vidal en la conducción politica del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Por esos días, Bressi integraba el Grupo Halcón y pasó a la superintendencia de Drogas Ilícitas, el cargo que dejó el 10 de diciembre del año pasado para asumir la jefatura de la fuerza de manos de Vidal.

LA SECUELA. Por encima, a vuelo de pájaro, la caída del “dos” del ex ministroJulio De Vido, el valijero José López, aparece como un tema escindido de la dinámica interna de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, evoluciona atravesado por hechos directamente vinculados con la situación de la fuerza bonaerense, la misma que detuvo a López a partir de un curioso llamado al 911 que desató la caída en tiempo récord del ex funcionario cuando intentaba meter dentro de un monasterio valijas con dinero, un arma de guerra de grueso calibre y relojes costosos.

Luego del llamado al 911 y la detención de López, la gobernadora Vidal le informó del hecho al presidente Mauricio Macri durante la reunión semanal del gabinete nacional en la Casa Rosada. Pocas horas después, Ritondo y Bressi informaron oficialmente sobre la detención del funcionario y resaltaron el accionar policial. Casi sobre el final de la misma jornada, los dos protagonistas de la conferencia matinal oficializaron otro dato íntimo y tan determinante como el anterior para la administración de Cambiemos al frente de la Provincia. Esa misma noche revelaron, con una curiosa y nunca explicada tardanza de siete días, que durante la noche del 7 de junio dos efectivos de la fuerza fueron descubiertos husmeando papales en los despachos de la mandataria provincial y de su secretaria privada.

¿Por qué demoraron una semana en informar públicamente una intrusión tan incómoda para la seguridad de la gobernadora? Nadie lo sabe y ninguna fuente bonaerense se animó a explicar la demora. ¿Por qué Ritondo y Bressi eligieron blanquear el hecho en el mismo día en que fue detenido José López? El interrogante tampoco tiene respuesta hasta ahora.

Con López recién detenido y sin que el ex funcionario hubiera declarado ante el juez, las máximas autoridades de la Bonaerense ampliaron la información: anunciaron que Vidal había resuelto desplazar al jefe de la custodia de la Casa de Gobierno y a los dos policías que fueron hallados con las manos en la masa. Según detallaron fuentes oficiales, el área de Asuntos Internos de  la fuerza comenzó una investigación y el secretario General del Gobierno, Fabián Perechodnik, se comprometió a realizar una denuncia penal contra ellos.

DOS BANDOS. Lo cierto es que la extraña excursión de dos policías bonaerenses en el despacho de la jefa del Ejecutivo provincial surge como la punta del iceberg de una nueva disputa al interior de la policía provincial, donde distintos sectores uniformados se disputarían la confianza de la gobernadora para administrar y comandar la policía más grande y polémica del país. La puja es protagonizada por dos facciones internas de la fuerza: los egresados del Liceo Policial, como Bressi, y aquellos que pudieron concluir sus carreras en la Escuela de Formación Policial “Juan Vucetich”. Bressi está al frente de la Policía desde el 11 de diciembre del año pasado y sus primeros seis meses de jefatura policial son una parte central del funcionamiento íntimo del gobierno provincial.

En esa batalla por la confianza de Vidal, el acceso a su despacho encierra la importancia que tiene el acceso al corazón del poder bonaerense, un tema que tiene otra dimensión desde que el macrismo gobierna el país, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

La intrusión al despacho despertó alarmas entre los aliados del oficialismo. Especialmente en el Frente Renovador. El vicepresidente segundo del Senado bonaerense, Sebastián Galmarini, repudió el episodio y respaldó a Vidal en esa interna policial mediante un proyecto de declaración que, en términos legales, no tiene ninguna implicancia, salvo el impacto político de lo que se lee en los fundamentos de la iniciativa, cuando advierte como “una señal de alarma que luego de los cambios en la estructura de la cúpula policial y tras el anuncio respecto a la obligatoriedad para ciertos estamentos policiales de realizar declaraciones juradas de su patrimonio, tres intendentes hayan sufrido asaltos: el de La Plata, Julio Garro; el de Saladillo, José Luis Salomón, y su par de Magdalena, Gonzalo Peluso”. Los tres asaltos ocurrieron en La Plata, en un lapso de doce horas. El de Garro fue espectacular: el 2 de marzo, desconocidos se metieron en la casa del funcionario macrista, ubicada en un country de City Bell, y redujeron a su esposa, a sus cuatro hijas, a su cuñada y a sus dos hijos. Sospechado de ser el facilitador del atraco cayó preso un policía de la Bonaerense que alquilaba una casa en el mismo barrio cerrado. Ritondo habló de un mensaje mafioso.

No son los únicos acontecimientos que encendieron alarmas en el joven Gobierno provincial. La secuencia de misterio y violencia incluye una road moviehollywoodense.

- El 24 de mayo, el diputado del Parlasur Osvaldo Mércuri (histórico dirigente del PJ bonarense), su esposa y legisladora provincial por Cambiemos, Liliana Torresi, y uno de los hijos de la pareja fueron secuestrados en Morón y liberados horas más tarde después de pagar rescate. 

- El 2 de junio, dos policías de la Bonaerense que hacían extras como custodios fueron blanco de una feroz balacera en la Autopista La Plata Buenos Aires, a la altura de la estación de peaje de Dock Sud. Pasó a las tres de la tarde. Se les pusieron al lado y les tiraron a quemarropa. Los delincuentes viajaban en tres vehículos, portaban armas largas, usaban chalecos antibalas como los de la Policía Federal y sabían que los oficiales iban cargados: acompañaban el traslado de 11 millones de pesos. La cobertura del hecho colapsó las pantallas de televisión, pero se diluyó en cuestión de horas.

POR ESCRITO. El 20 de abril, Vidal anunció una inversión de "1.620 millones de pesos" para que "cada policía" de la Provincia tenga "su chaleco, su placa y el mismo armamento". Sin embargo, al día siguiente el ministro Ritondo tuvo que informar el despido de ocho efectivos dentro de la investigación que indaga sobre el hallazgo de 36 sobres con 153.700 pesos, de procedencia supuestamente irregular, en la Jefatura Departamental de La Plata.

Dos semanas después, el mismo Ritondo firmó junto a Vidal el decreto 116, que obligó a los efectivos a presentar su declaración jurada de bienes ante la Escribanía General de la provincia y también en la Auditoria General de Asuntos Internos. La medida obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar anualmente su declaración patrimonial, aunque en el caso de los uniformados les exige declarar bienes a los rangos iguales o superiores al de subcomisario o equivalente y a "personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría, personal que maneja fondos públicos o que administre patrimonio público".

Junto al decreto de la gobernadora, Ritondo completó la medida con la resolución 546, donde argumentó que "deviene oportuno y conveniente, a fin de avanzar en las políticas de transparencia y organización de las Policías de la Provincia, disponer la presentación de copia de dicha información ante la Auditoria General de Asuntos Internos de este Ministerio".

En esas jornadas, Ritondo celebró que "en lo que va del año hubo 870 (policías) exonerados (en casos de corrupción e irregularidades), contra 14 o 15" de la gestión anterior. Faltaban dos meses para que Vidal le aceptara la renuncia a su ministro de Justicia, Carlos Mahiques, y designara a Gustavo Ferrari, hombre de Daniel “El Tano” Angelici y el candidato que Scioli tenía in péctore para encabezar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en caso de acceder a la Presidencia. Ahora, todos están alrededor de Vidal, que transita su segundo semestre con una trama policial que ya salpicó hasta su propio despacho y que transita estos días al calor de las condecoraciones que entregó la mandataria por la detención de López, ese regalo caído del cielo para Cambiemos que llegó de la mano del 911 hace tan solo una semana.