Lacava: "No se le sacará un solo peso a Rosario"

El diputado provincial justicialista Mario Lacava aseguró ayer que "a Rosario no se le sacará un solo peso" si se aprueba el proyecto que presentó junto a su par Silvina Frana para modificar el porcentaje de distribución del fondo sojero. El legislador salió a responder las críticas del secretario de Hacienda de la Municipalidad, Gustavo Asegurado, quien el lunes denunció que la iniciativa del justicialismo discrimina a las grandes ciudades de la provincia.
 La distribución del fondo creado con los recursos provenientes de las retenciones a la soja se convirtió en el ariete que abrió una nueva etapa de la discusión sobre las cuentas fiscales en la provincia. Contra la voluntad del gobierno santafesino hay tres proyectos en la Legislatura que proponen modificar los criterios de reparto del dinero que ingresa a Santa Fe por ese concepto. Uno de ellos es del senador reutemista Alberto Monti, y podría tener media sanción durante la próxima semana, el otro es del diputado obeidista Lacava y el tercero fue presentado la semana pasada por diputados y senadores radicales, socios del socialismo en el Frente Progresista.

Ofensiva legislativa. Las tres iniciativas proponen elevar al 50% la porción de fondos (unos 400 millones de pesos anuales) que se distribuyen a municipios y comunas, lo que de movida significa una resignación de recursos que hoy ingresan al Estado provincial. El fondo sojero fue creado por el gobierno nacional en marzo, y se distribuye 70% y 30% entre Nación y provincias. Los ingresos que le corresponden a Santa Fe se distribuyen en igual proporción. Todos los proyectos en danza proponen aumentar 20 puntos porcentuales la parte que va a los gobiernos locales.

   Difieren, en cambio, en el reparto secundario. Los radicales proponen que la mitad del fondo que correspondería a los gobiernos locales de distribuya en base a los índices de la coparticipación federal, donde prima el criterio de población. El del senador Monti en base a un mix que incluye el criterio similar al del actual del inmobiliario rural (50% para municipios y 50% para la provincia, en base a índices territoriales), mientras que la propuesta de Lacava es que de la mitad correspondiente a municipios y comunas, el 30% se reparta en base a la coparticipación federal y el otro 20% en función del inmobiliario rural.

Población y territorio. A grandes trazos, la diferencia entre ambos criterios es que en uno incide la cantidad de población y, en el otro, el territorio sujeto al pago del inmobiliario rural. Por eso, Asegurado advirtió que, siendo Rosario el 1,47 por mil de la emisión de ese tributo, no vería nada de ese pretendido aumento a los gobiernos locales.

   Lacava respondió ayer que ni Rosario ni Santa Fe perderían respecto del reparto actual porque "el proyecto propone usar el criterio del inmobiliario sólo sobre el 20% que se sumaría a la masa a repartir entre municipios y comunas y no sobre el total". A su juicio, se trata de un cambio que tornaría "más equitativa" la distribución de recursos entre las grandes ciudades y los pueblos del interior. En ese sentido, recordó que hay un viejo reclamo de las localidades más chicas para modificar los criterios de reparto de los fondos provenientes de la coparticipación federal. Igualmente, aclaró que "en este caso no se abriría ni siquiera esa discusión porque se está hablando de un recurso nuevo".

Negociación. El legislador, no obstante, se mostró a dispuesto a poner en discusión su iniciativa. "Esto no es un dogma, si Rosario o Santa Fe se sienten afectadas podemos introducir un mix de parámetros sobre ese 20% pero que sea equitativo para todos los distritos", señaló y opinó que "este no debe ser un tema que busque divisiones entre norte y sur o entre grandes y pequeñas ciudades sino la base para encontrar un consenso nuevo sobre la discusión de estos recursos, que son nuevos por lo cual no tienen por qué ceñirse a los indicadores vigentes en materia de coparticipación", señaló.

   Lacava considera que de los proyectos ingresados a la Legislatura debería salir un texto consensuado. En cualquiera de los casos, si bien el monto en discusión es menor en proporción al presupuesto, las implicancias políticas de la discusión son mayores. La posibilidad de un acuerdo entre radicales y peronistas en la Legislatura sería un golpe considerable para el gobierno socialista, ya que rompería el "empate" que derivó el año pasado en la neutralización tanto del proyecto oficialista de reforma tributaria como el del opositor aumento de la coparticipación. En vísperas del envío del proyecto de presupuesto provincial, y en un marco de restricción de recursos, promete una discusión caliente.

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