Los laboratorios se suman a las sospechas

Los laboratorios se suman a las sospechas
La causa en que se investiga la mafia de los medicamentos se bifurca en nuevas pistas. Fuentes del sector señalan la necesidad de profundizar en el rol de los laboratorios y el alto índice de robo de drogas que luego vuelven al mercado.
La investigación del juez Norberto Oyarbide, que avanza a paso firme sobre los funcionarios, las droguerías y las obras sociales sindicales, deberá apuntar en algún momento al rol de los laboratorios en la trama de los medicamentos truchos. Eso sugieren fuentes bien informadas que conocen el circuito por haber trabajado con todos los actores que hoy aparecen involucrados en el escándalo que acaba de golpear al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli.

Según cálculos de la industria privada, el robo de camiones que transportan medicamentos en Argentina le da vida a una industria que ronda los 300 millones de dólares al año. Las mismas estimaciones resaltan que actualmente el 10 por ciento de las mercadería que circula es ilegítima. La estadística oculta que se trata de asaltos perpetrados sin que se dispare un solo tiro y sin que exista ninguna denuncia pública sobre el atraco. El fenómeno resulta curioso en un momento en que los medios de comunicación persiguen y difunden con insistencia cada noticia de inseguridad que se genera en el país.

Según le dijo a Crítica de la Argentina un empresario del sector privado, la razón por la que no existen noticias sobre el robo sistemático de camiones cargados de remedios no es un misterio. "Son camiones que salen del laboratorio y se dirigen por las suyas a depósitos donde recomienzan un recorrido económico".

Otra de las constantes de los asaltos es que, en el 90 por ciento de los episodios, los medicamentos robados son los mismos. Casi siempre se trata de remedios oncológicos que pertenecen a multinacionales que no están a cargo de sus dueños sino de gerentes locales. Oyarbide lo sabe. Fuentes judiciales consultadas por este diario sostienen que, en su investigación, el juez federal cuenta con el asesoramiento de un empresario que durante años estuvo al frente de una importante droguería.

Las fuentes consultadas coinciden en que los productos robados se entregan a empresarios como Sebastián Forza para que sean reintroducidos en el circuito legal a través de la distribución que realizan las droguerías. "No sólo los kioscos venden medicamentos truchos, también las farmacias", afirmaron. En base al mismo argumento, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, buscó desligarse de la investigación. "Medicamentos vencidos tenemos todos. ¿Usted no tiene en su casa? ¡Pero eso no quiere decir que se los dé al paciente! ¿Quién es el que autoriza a la droguería, a la farmacia? Si usted compra una empanada y se la dan podrida, ¿quién es el responsable? Los inspectores. Si una obra social compra en un laboratorio, compra porque supone que los tipos están autorizados a vender. Acá hay algunos que se fueron y dijeron ‘ellos compraron’. Pero son ellos los responsables. Incluso eliminaron un organismo que debía controlar eso". El razonamiento de Moyano también era una respuesta a Graciela Ocaña. La ex ministra de Salud afirmó que existen droguerías especializadas para cada obra social y que "la droguería de la obra social de los camioneros se llama Droguería Urbana, de los mismos socios de la empresa de Forza".

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