Laboratorios y política: algo huele muy mal

Por Carlos Pagni

La jueza federal electoral María Servini de Cubría, que hasta ahora había delegado en el fiscal Jorge Di Lello la investigación sobre el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, retomó esa causa para sí. Ese ínfimo paso procesal podría cobijar una gigantesca crisis política. El de los fondos de campaña es el expediente judicial que más inquieta a los Kirchner.

La opinión pública se viene agitando con las tenebrosas novedades que brotan del submundo de las droguerías. También con la decadente peripecia de Juan José Zanola, un ícono de la casta sindical, que espera retener mañana, por enésima vez, la conducción de la Asociación Bancaria. Sin embargo, enlazada con estos escándalos, transcurre una historia menos estridente pero de mayor densidad política: la posibilidad de que la recaudación de fondos del Frente para la Victoria haya servido, en 2007, para ocultar una operación muy extendida de lavado de dinero.

La jueza Servini pidió a su colega Norberto Oyarbide la parte de la investigación sobre las droguerías que tenga que ver con los aportes a la campaña de Cristina Kirchner. Entre esos testimonios aparecen varias copias de cheques encontrados en el allanamiento a la empresa y al domicilio de Néstor Lorenzo. Es el dueño de droguería San Javier, que está acusado de proveer medicamentos falsos a la obra social bancaria y de fraguar expedientes para conseguir subsidios a cambio de nada. Lorenzo también fue el coordinador de un grupo de contribuyentes al proselitismo de la Presidenta. El recaudador era quien debía controlar a las droguerías, el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, ahijado político de Alberto Fernández.

Algunos de los cheques en poder de Servini son de Gabriel Brito, titular de una Global Pharmacy. Brito declaró delante de Servini que los cheques, por $ 310.000, le habían sido pedidos por Lorenzo. También relató que el 11 de noviembre de 2008, Capaccioli, en su despacho de Superintendente y ante un escribano público, le hizo firmar un acta reconociendo que esos fondos eran suyos. Pero aclaró que el juramento lo suscribió bajo presión, ya que el dinero le había sido provisto por Lorenzo. El 11 de noviembre fue el día en que Capaccioli abandonó la Superintendencia.

¿De dónde salieron los fondos, si no eran de Brito? La pregunta conduce a una hipótesis delicada que huele muy mal. Que la campaña de Cristina Kirchner haya servido para lavar dinero de origen incierto. Hay otras informaciones en la misma dirección. El Banco Santander Río le remitió a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, dos cheques por $ 1 millón girados a la orden del Frente para la Victoria por los monotributistas Carlos Torres y César Posse, ambos ligados a Lorenzo. Servini está intrigada por otro detalle: muchos de los cheques que aparecieron en los allanamientos de Oyarbide no coinciden con la contabilidad de campaña que presentó el oficialismo en su juzgado.

La investigación es impulsada por Ricardo Monner Sanz, el mismo abogado que promovió la causa por contrabando de armas por la que Carlos Menem terminó en prisión. Es difícil prever qué destino tendrá esta otra pesquisa. Servini se ha hecho famosa ?como otros jueces federales-- por mantener causas abiertas para negociar con el poder. La jueza atraviesa un mal momento con el kirchnerismo. Ella comenta, delante de interlocutores de la oposición, que le han suspendido el trato. Hasta se confiesa perseguida.

La de los cheques no es la única investigación que le permitiría salir de ese estado de aislamiento que, al parecer, la mortifica. Servini estaría también en condiciones de intervenir el PJ, no sólo por las irregularidades en el financiamiento electoral. Esa fuerza no ha cumplido con ninguno de los requisitos de su ritual interno. Ya en septiembre de 2005 la jueza había designando como normalizador a su amigo Ramón Ruiz, ex funcionario de la SIDE y actual diputado nacional. Los desplazados respondían a Eduardo Duhalde, en aquel año enfrentado a muerte con Kirchner. Ahora se desalojaría a hombres de Kirchner, como pretende Duhalde.

La investigación de Oyarbide tiene otro cruce con la política. Zanola denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura. El vocal sorteado para seguir la instrucción fue el senador radical Ernesto Sanz, severo fiscal del Gobierno. ¿Qué hará la consejera kirchnerista Diana Conti a la hora de decidir por Zanola u Oyarbide? Su esposo, Enrique Dratman, fue acusado de integrar otra droguería sospechosa, Cofeme, que presidiría el médico Néstor Vázquez.

Vázquez es, según infinidad de testimonios, un eslabón clave en esta cadena. Su vínculo con Lorenzo se remontaría a la gestión Menem, cuando Vázquez oficiaba como principal colaborador del sindicalista José Luis Lingieri, por entonces superintendente de Salud. Capaccioli repuso a Vázquez en la Superintendencia como gerente general. Cuando Zanola se confiesa ante íntimos, relata que "Capaccioli y Vázquez, aprovechando que la obra social estaba al borde de la quiebra, me obligaron a entregarme a Lorenzo". Lo único documentado es que, en el congreso de la Asociación Bancaria celebrado en 2008, Vázquez presentó, a instancias de Zanola, el proyecto de un fideicomiso para salvar a la institución. Graciela Ocaña, ministra de Salud, no quiso autorizarlo. La banca privada se negó a aportarle fondos. El Banco Nación, también. Sólo el Banco de la Provincia de Buenos Aires se involucró. Otra salpicadura del caso de los medicamentos sobre Scioli.

El escándalo de las droguerías está ingresando, sin estridencias, al corazón de la política. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, pidió que se constituya en el Congreso una comisión bicameral para investigarlo. Pero Zanola sigue aferrado a su sillón. Mañana espera retener la secretaría general de la Bancaria. Su desafiante, Raúl Fontana, también llevó a Zanola a la Justicia por adulteración de padrones y de otras reglas electorales. La jueza Liliana Tarbuch ordenó poner en orden los listados. Pecata minuta, al lado de las imputaciones de Oyarbide.

El sindicalista sigue confiando en sus vínculos con el Gobierno. En la interna, su abogado es Carlos Robinson Marín, viejo amigo del ministro de Trabajo. No es el único puente de Zanola con los Kirchner. En 2005 demostró tener otros, muy transitables. Por entonces, la ministra Felisa Miceli y su esposo, Ricardo Velasco, intentaron destronarlo alentando la candidatura de su amigo Luis Graña. Pero Zanola activó a su secretario de prensa, Eduardo Berrozpe, quien gracias a sus amigos Guillermo Moreno y Carlos Kunkel transformó al viejo caudillo de los bancarios en un ardiente militante kirchnerista. A los pocos días, para desencanto de Miceli, Cristina Kirchner lanzaba su campaña en la Bancaria, pegada a Zanola. "Siento esta adhesión como una condecoración" dijo, emocionada. Además de condecorarla, el secretario general le regaló la impresión de sus boletas, contratada a un papelero del PJ bonaerense. Es posible que hoy, acosados los Kirchner por las truculentas novedades de su financiamiento electoral, a Zanola le estén pidiendo algo más caro. Un regalo imposible.

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