Por esas cosas que tiene la vida, alguien que fue asesor estrella de Daniel Scioli acaba de darle una buena noticia al equipo económico de Mauricio Macri. Seguramente transitoria, pero buena noticia al fin.

Según el índice de precios de Miguel Bein, de él se trata, la inflación de enero fue del 2,8%. Aún es un número considerable, solo que representa un punto menos que el 3,8% de diciembre.

Pero hay una cal al interior de la estadística de Bein. Revela que durante el primer mes del año el costo de la carne aumentó 3,6%, lo cual huele a bastante y a muchísimo apenas se advierte que entre enero de 2015 y enero pasado acumuló 49,8%, o sea, que ya había subido en grande y siguió subiendo.

Cualquiera sabe que la inflación es un problema serio para el Gobierno y, por lo mismo, cualquiera puede preguntarse por qué en cosas tan serias como la carne no aparece más activo. Dice un consultor independiente: “No es el caso volver a los métodos de Moreno, sino presionar con alguna firmeza que caiga bien a los ojos de los consumidores”.

Insiste: “Yo citaría a quienes son clave en la formación de ese precio y lo haría público. Si da o no resultado se verá, pero que se note”. 

Es apenas una recomendación, aunque al parecer está fuera del menú elegido por la Casa Rosada.

Bien concreto resulta, en cambio, que pronto vendrá el impacto del aumento en la luz. Y así sea justo y razonable terminar con un congelamiento que duró doce años y favoreció sobre todo a capas de ingresos medios y altos de la Capital y el Conurbano, lo cierto es que además de meter ruido el incremento le cargará algunos puntos adicionales al índice de febrero: entre 2 y 2,5% estiman fuentes oficiales.

Habrá más para este boletín, pues no tardarán en salir a la cancha las subas del gas y del agua que le pondrán broche, este año, al ahorro fiscal determinado por los recortes a los subsidios. Según las fuentes consultadas por Clarín, el paquete completo implicaría sumarle 6 o hasta 8 puntos a la inflación.

El Gobierno puede hacer notables esfuerzos mediáticos, y los hace el ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando traduce a pesos el aumento porcentual de la luz. Forma parte del intento por evitar que las noticias sean interpretadas como un ajuste clásico y sean vistas como decisiones inevitables ante los enormes desequilibrios heredados. Pero sabe que hay relatos difíciles de digerir.

Y sabe, también, que los aumentos en las tarifas ya son incorporados a las demandas salariales. Pelear por el sueldo de los afiliados es, al fin, pelear por un activo que la dirigencia gremial quiere preservar, porque en eso van su capital político y el riesgo de que las organizaciones de base se lo disputen.

¿Y en qué quedó el llamado a un acuerdo social previsto para fines de enero?, preguntó Clarín en el Gobierno.

Respuesta: “Hemos llegado a la conclusión de que una convocatoria amplia a centrales sindicales y empresarias serviría para montar un gran escenario, aunque sin demasiados beneficios concretos. Porque son diferentes las situaciones laborales y financieras dentro de cada rama de actividad”.

Justamente por eso, el camino que hoy se explora consiste en articular arreglos por sectores, a través de encuentros reservados y con la participación de segundas líneas del área económica; por ejemplo, del Ministerio de la Producción.

¿No sería útil colar en el medio un anticipo sobre cómo será la reforma al Impuesto a las Ganancias?, es un interrogante que ronda dentro de la Casa Rosada.

En principio, esa posibilidad habría sido descartada. Lo que existe, anunciado por Alfonso Prat-Gay, es que será incrementado el mínimo no imponible y modificadas las escalas que comen pedazos de las mejoras salariales, con un costo fiscal que el ministro calculó en $ 37.000 millones.

Los primeros borradores del proyecto señalan que el piso para entrar en el impuesto sería elevado a 30.000 pesos contra los actuales 15.000. Esto significaría que las escalas del gravamen y el propio gravamen se aplicarían sobre el excedente de 30.000 pesos. 

Y como también será aflojados el peso de saltar de una escala a la siguiente, el resultado arrojaría una carga fiscal bastante menos gravosa para quienes cobren arriba de 25.000 pesos de bolsillo. 

Dicen en el Gobierno: “En muchos casos la reforma traerá un aumento efectivo sobre los ingresos del 7% y hasta del 15% en el punto extremo”. Pero aun cuando sobrevuela evidente el propósito de que los gremios computen la mejora a la hora plantear salarios y se acomoden a la banda inflacionaria del 25%, de momento prevalece la idea de no destapar esa carta hasta que arranquen las sesiones ordinarias del Congreso, a principios de marzo. 

Sin demasiados detalles, ya fue anunciado que el combo incluirá una baja del IVA en alimentos y una suba en las asignaciones familiares, esto es, plata destinada sobre todo a los sectores de menores recursos. Simultáneamente, dirigentes gremiales fuertes ya han sido informados de que será destrabado un paquete grande de recursos que financia gastos de las obras sociales, lo cual suena a música de la buena en sus oídos.

Salta a la vista por donde se mire que salir del laberinto de la puja por los ingresos es cualquier cosa menos una tarea sencilla. También, que resulta crucial el aporte de los empresarios a la contención de los precios y que no alcanza con frenar la emisión monetaria, aunque en el modelo oficial esa sea coniderada una pieza central.

El levantamiento del cepo fue clave para sacar un escollo que taponaba la economía, pero hoy mismo Macri y su propio gobierno se juegan mucho en la partida contra la inflación, tanto como en la necesidad de evitar o contornear despidos que fogoneen conflictos sociales.

Por ahí circula su apuesta a transitar un segundo semestre con índices de precios de un dígito y a que la economía manifieste síntomas de reanimación. Dicho de otra manera, a espantar el temible fantasma de la inflación con recesión. 

Falta agregar un detalle que es más que un detalle: llegar a un acuerdo con los fondos buitre, para conseguir financiamiento externo y así abrirle paso al gran motor del plan político del Presidente, la inversión pública. “Irán por 3.500 o 4.000 millones de dólares”, dice un consultor.

No es ningún secreto que todo apunta a llegar muy fortalecido a las legislativas de octubre de 2017. Tampoco lo es que se trata de un mientras tanto largo donde debe demostrar mucha pericia y, más aún, enderezar rápidamente unas cuantas cosas.