Para otros es convivir con las enfermedades que produce ese “oro” que pareciera caer del cielo: “Ese chico que ves pasar ahí con su familia tiene tu edad, pero no tiene tu suerte de ir a la universidad ni de conseguir trabajo, porque tiene cristales en sangre”. Y así el 99% de la población de este barrio del km 44,5 de la Ruta 3 tiene que usar un pap nasal (aspirador) para poder respirar, o sufre de dermatitis, conjuntivitis, bronquitis, disnea, plomo en sangre, problemas neurológicos, anemia en las embarazadas o cáncer.

¿Llueve oro? No, es una especie de arenilla que cuando uno ingresa al barrio ya se percibe en el aire. Ese material particulado está compuesto por un cóctel de químicos que se exteriorizan a través de unas tolvas (chimeneas) y que utiliza la empresa para producir sus pastinas antihongos, adhesivos y revestimientos que ofertan en el mercado de la construcción (en el cual son líderes) a costo de la salud de los habitantes que rodean la fábrica. Y allí radica una de las mayores trabas del conflicto, porque esas tolvas que le permiten contaminar no se hacen más y por lo tanto, de mudarse la fábrica, no podría mantener el mismo nivel ni calidad de producción.

La planta de Klaukol está instalada desde principios de este siglo justo frente a la histórica y gigante fábrica de Mercedes Benz. Desde hace varios años es propiedad de la multinacional francesa ParexGroup, que ostenta a Royal Canin, Lessafre, Rovafarm y otras marcas reconocidas. Cada intento de pactar una entrevista con algún representante de la empresa es negado, aunque en una nota con el diario de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en 2011, el gerente de relaciones institucionales de aquel entonces, Daniel Muñiz, dijo que lo que largan las chimeneas es “vapor de agua”.

Una (in) justicia distraída

“Cuando en Mayo de 2009 explotó una tolva y quedamos tres días tapados como si fuera ceniza volcánica vimos que gente de Recursos Humanos de Klaukol regalaba productos en las casas y un resarcimiento económico a cambio de una firma en una planilla. Ahí vimos que algo andaba mal, algo ocultaban”. Susana Aranda es una de las vecinas que más lucha por la salud de su barrio y es el motor de la denuncia que iniciaron en 2009 en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez (que fue investigado por corrupción en otros hechos) y en el Juzgado N° 1 de Morón subrogado por el juez Juan Pablo Salas. La Justicia sólo clausuró la fábrica dos días y le impuso cumplir con siete metas lo que, según el Juez Rodríguez, hicieron con efectividad. Sin embargo, los vecinos denuncian que las inspecciones no se hacen de manera sorpresiva y la empresa no pone en funcionamiento a toda su producción cuando estas se hacen.

En lo referido al control sanitario y medioambiental del caso, los afectados acudieron al Organismo Para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) pero el análisis del lugar fue derivado a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) por encontrarse la planta en aquella área. En mayo de 2014 esta realizó un relevamiento sanitario en el barrio, en donde el 100% de los chicos analizados de entre 0 y 12 años presentaron plomo en sangre y ninguno de ellos aprobó la Prueba Nacional de Pesquisa (Prunape), un instrumento para la detección de problemas inaparentes del desarrollo psicomotor en niños menores de seis años creado por el Hospital Garrahan. El análisis también encontró metales pesados en el agua y, al no contar con agua potable, la Acumar debió proveerla a los vecinos (tres litros por familia).

Una amenaza constante

“Un día el segundo de Fernando Espinoza (ex intendente del Municipio) me dijo: ‘La empresa no va a cerrar ni se va a ir, así que conformate con el agua’”, devela Susana. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, en mayo de 2011 los vecinos realizaron un acampe en la Embajada de Francia y luego en 2015 en la puerta de la planta, pero siguieron siendo invisibilizados. El diario La Nación y la producción de Periodismo Para Todos, el programa de Jorge Lanata, fueron hasta el barrio para tomar nota de las denuncias, pero nunca publicaron aquellos datos debido a las conexiones publicitarias.

Susana apunta a la Sociedad de Fomento “Las Mercedes” y afirma que allí, en la entidad construida por la misma empresa, Klaukol les promete construir sus casas a los vecinos de las casi 30 manzanas que rodean a la fábrica. Debido a sus denuncias judiciales y mediáticas, la mujer afirma que fue víctima de diferentes amenazas y golpes: “Me rompieron una costilla y un dedo, me secuestraron en San Justo, debo haber hecho entre 20 y 30 denuncias en la UFI de San Justo por amenazas”.

También relata que una noche la llamaron a la casa y le dijeron que vaya al puente de la Ruta 3 a ver cómo “va a terminar si sigue jodiendo”. Allí había un cuerpo sin vida de un joven de otro barrio de la zona. Hasta los vecinos Autoconvocados de González Catán que los apoyaron fueron amenazados e intentaron prenderles fuego el galpón donde se reúnen. ¿La última? Debido a la investigación del tema por parte de un medio masivo, el jueves 15 de este mes diez personas ingresaron al domicilio de Susana. “Con un arma sobre mi cabeza me dijeron si quería eso o tragarme unas pastillas de plomo que me metieron por la fuerza. Por suerte fui al hospital Posadas y no tuvieron que operarme”, relata.

Hasta el último día

Jorge Sosa mira al suelo en la vereda de su casa y con un dejo de resignación dice: “Da bronca porque uno laburó mucho para tener un terreno y levantar una casa, y ahora con esta empresa no sólo nos enfermamos sino que esto no vale nada”.

A pesar del ninguneo estatal, los vecinos siguen luchando contra la impunidad embanderados por Susana, que parece no tener freno. “No hay personas mayores de 60 años vivas acá. Parece que por encima de la vida humana está la facturación. Mi barrio no es habitable y por ello voy a seguir hasta el último día de mi vida para que esto se termine, yo no puedo dejar que se les siga arruinando la vida a los niños”, concluyó.