El kirchnerismo negocia en medio de fuertes críticas

El oficialismo discute cambios con la izquierda; segunda audiencia
El coro de voces afines al Gobierno y a su proyecto de ley de radiodifusión tuvo ayer, en la segunda jornada de audiencias públicas que se celebra en el Congreso, dos notas discordantes: la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Ambas entidades, que agrupan a las principales empresas periodísticas del país, advirtieron que la iniciativa es "excesivamente intervencionista", lo que atenta contra la pluralidad informativa.

"La libertad de expresión de los titulares de licencias tiene como base la libertad editorial y de programación: las injerencias estatales siempre son riesgosas y entrañan el peligro de un exceso de intervencionismo", advirtió Luis Tarsitano, de ADEPA. Carlos Molina, de ARPA, no se quedó atrás cuando alertó que el proyecto oficial "restringe la libertad de expresión al imponer contenidos y horarios obligatorios" e instaura "mecanismos de censura previa".

El oficialismo, representado en un puñado de diputados -un elenco estable que nunca superó la veintena- se mantenía impávido ante las críticas. En el bloque kirchnerista prima una confianza ciega en que aprobarán la iniciativa por amplio margen gracias a las modificaciones que se le introducirán al texto, a pedido de bancadas aliadas. La más relevante, confiaron voceros oficiales, tiene que ver con restringir el ingreso de las empresas telefónicas en el negocio audiovisual: se estudia habilitar su participación recién cuando finalice el actual mandato de Cristina Kirchner, para despejar dudas sobre una eventual connivencia con el Gobierno.

Este y otros cambios fueron sugeridos por el bloque Encuentro Popular y Social, que encabeza Ariel Basteiro. Ayer mantuvieron una reunión con la cúpula del bloque oficialista conducido por Agustín Rossi y avanzaron hacia posibles modificaciones; entre ellas, la de inhibir a empresas de servicios públicos de ingresar en el mercado del cable, como también explicitar que empresas de origen extranjero no podrán tener mayoría accionaria en los medios de comunicación.

Otros puntos, como una autoridad de aplicación de la ley fuera de la órbita del Poder Ejecutivo, no tuvieron aceptación inmediata del oficialismo; este punto es medular, como aquel que obliga a los medios de comunicación a adaptarse al nuevo marco legal en un año, el cual restringe drásticamente la titularidad de licencias: esto obliga a las empresas a desprenderse de sus actuales licencias. Este artículo, a juicio de la oposición, abre la puerta al ingreso de órganos afines al Gobierno en el mercado audiovisual.

"Esto desconoce los derechos adquiridos, provocando con ello serios perjuicios patrimoniales", enfatizó Molina, de ARPA.

Por su parte, Tarsitano advirtió sobre la discrecionalidad de la que gozará el Gobierno con el manejo de la autoridad de aplicación de la ley; cuestionó, en ese sentido, la incorporación del cable dentro del esquema del espacio radioeléctrico. "Este proyecto plantea riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión, no fomenta el pluralismo ni el desarrollo sostenible de la industria en su conjunto", sostuvo.

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