Domar al periodismo siempre fue la obsesión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que utilizaron la pauta oficial como premio y castigo durante 12 años. Ya fuera del poder y sin el dominio de la abultada billetera estatal, varios ex funcionarios kirchneristas levantaron el teléfono de sus abogados para llevar a otro nivel –vía demandas, cartas documento, mediaciones y juicios– su enfrentamiento con los periodistas.

Una de las más recientes en ese sentido fue la decisión de Cristina Fernández de llevar a la Justicia a un grupo de periodistas, tal como lo adelantó vía Twitter su abogado Gregorio Dalbón. Por ahora, las presentaciones están en la etapa de mediación y con el transcurso de los meses se convertirían en demandas, que pueden derivar en juicios civiles.

En tanto, la última de las denuncias contra periodistas fue hecha en Santa Cruz por el ex funcionario de la Oficina Legal y Técnica, Enrique Mengarelli, contra Ignacio Otero, de El Trece, a quien el mismo ex funcionario había agredido en un avión rumbo a la Patagonia.

En diálogo con PERFIL, Dalbón explicó que la decisión de comenzar las mediaciones, el paso previo y obligatorio al juicio, fue, entre otros motivos, por el “no uso del potencial” por parte de los periodistas al hablar de CFK. “La están condenando”, afirmó. La avanzada incluye a Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki, Alfredo Leuco, Luis Majul y Eduardo Feinmann. En 2015, Lanata y Wiñazki también fueron denunciados por Aníbal Fernández. Fue tras la emisión del programa Periodismo para todos en la que se habló de la causa de tráfico de efedrina y se lo señaló como “la Morsa”, personaje clave del caso vinculado al triple crimen de General Rodríguez. La causa sigue abierta, pero el ex funcionario no presentó ninguna prueba, ni siquiera un correo electrónico que mencionó en varios medios, explicaron fuentes judiciales.

En 2012, Echegaray accionó contra Majul y Matías Longoni, de Clarín, y reclamó $ 1.337.167 de indemnización a cada uno. El caso de Longoni fue aún más grave porque el ex titular de la AFIP no incluyó en la demanda a Clarín, ni a Editorial Planeta, “para hacer todavía más penosa y solitaria para el periodista su defensa”, aseguró entonces Fopea. “Fue una medida coercitiva”, coincidieron fuentes consultadas por PERFIL. La presentación coincidió con la edición del libro de Longoni, Fuera de control, que luego se publicó en Clarín y que hablaba de los negociados en los subsidios de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Onnca), que dependió de Echegaray, y su investigación desató el escándalo que derivó en la disolución del organismo. El juicio aún está en trámite y Longoni fue quien presentó los testigos más fuertes en el debate: Elisa Carrió y los periodistas Hugo Alconada Mon y Luciana Geuna, entre otros.

Cuando emitió su comunicado de respaldo a Majul y Longoni, Fopea aseguró: “Es una contradicción grave que un funcionario de un gobierno que promovió la despenalización de las calumnias e injurias inicie dos acciones judiciales civiles tan abusivas contra periodistas” (ver recuadro).

Uno de los primeros en avanzar contra el periodismo, en medio de la ofensiva del gobierno anterior contra La Nación y Clarín, fue Jaime Stiuso. En 2006, el ex espía arremetió contra el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, y el periodista Daniel Santoro, por una nota sobre AMIA.

El caso tuvo sentencia condenatoria y actualmente está en la Corte. Años más tarde, Stiuso fue, por los mismos delitos, contra los directivos del diario La Nación, Bartolomé Mitre y Julio Saguier, que fueron sobreseídos con sentencia firme en 2010.

El fin de calumnias e injurias

En 2009 se eliminaron del Código Penal los delitos de“calumnias” e “injurias”, que atentaban contra la libertad de expresión. Fue central el caso del periodista Eduardo Kimel, quien en 1989 publicó “La masacre de San Patricio”, sobre el asesinato de cinco religiosos palotinos durante la última dictadura cívico-militar. Allí criticó la actuación de los investigadores del caso, entre ellos el juez Guillermo Rivarola, quien promovió una querella criminal contra él. En 1995 Kimel fue condenado a un año de prisión y una multa de 20 mil pesos/ dólares. La condena se ratificó en todos los niveles de la Justicia argentina. Así fue como se recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que la denuncia de Kimel estaba relacionada con temas de interés público. El tribunal pidió anular los efectos de la sentencia y exigió reformar la legislación.