Kirchnerismo explícito

Por Carlos Pagni

Hasta ayer, el conflicto institucional que desencadenó la utilización de reservas monetarias para la creación del Fondo del Bicentenario comprometía a la Casa Rosada y al Banco Central. Pero Cristina Kirchner inauguró otro enfrentamiento: con el Congreso. La Presidenta optó por desplazar a Martín Redrado con un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) que le permitiera eludir la consulta a la comisión bicameral prevista en el artículo 9º de la Carta Orgánica del banco. Adujo que ese comité no había terminado de integrarse y que el Congreso está en receso.

Hay dos argumentos que ponen en tela de juicio la solidez de la medida. Uno, que a pesar de que no se hayan cubierto todas las vacantes, la comisión cuenta con quórum para sesionar: la preside Julio Cobos, y los diputados Gustavo Marconato (Frente para la Victoria) y Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica) ya fueron designados. La otra objeción: el Congreso no funciona para la sanción de leyes, pero sí para otras actividades. Por ejemplo: pagar sueldos o velar a Sandro. Muchos legisladores defenderán esta tesis para quejarse por haber sido omitidos en el trámite.

Esta querella excede la controversia sobre el Banco Central y obliga a imaginar si no se trata de la primera demostración de cómo se comportará el kirchnerismo en relación con el Parlamento después de haber perdido allí la mayoría. Es decir: comienza a despejarse la incógnita que abrió la derrota electoral del 28 de junio pasado. Esta es la razón por la cual dos ministros le preguntaron al mismo amigo, ayer, después de firmar el DNU: "¿Y esto cómo termina?". La cornisa legal por la que resolvieron caminar los Kirchner comienza a provocar temor en el gabinete.

La Justicia deberá resolver este diferendo entre poderes. Hay un recurso de amparo presentado por el radicalismo y otro de Federico Pinedo (quien aclaró ayer, contra lo que Redrado dijo a los radicales, que su pedido incluyó la interrupción de la feria judicial). El propio Redrado estudiaba anoche, rodeado de abogados, entre otras alternativas, solicitar a la Corte Suprema que se aboque de inmediato a esta controversia por medio de un per saltum.

Desde la UCR ayer alentaron a Redrado a ir a tribunales. A los radicales no les cayó bien que el funcionario dijera ayer, en la puerta de su casa, que iba a colaborar para la creación del Fondo del Bicentenario, después de haberlos inducido a pedir la inconstitucionalidad de esa caja. Redrado está entre la espada de esa presión y la pared del mensaje que recibió desde Olivos a través de un funcionario: "Martín, deberías renunciar. Nadie tiene los papeles tan en orden como para sostener una guerra". Kirchnerismo explícito.

En el Congreso se estará jugando otro ajedrez. Julio Cobos regresará hoy de sus vacaciones en Chile para que el Senado tenga un rol en esta peripecia. Y el senador radical Luis Naidenoff convocó a la comisión de control de los DNU para que el miércoles próximo dictamine sobre el desplazamiento de Redrado. En la comisión, el kirchnerismo y la oposición están empatados y no se ha designado a un presidente que pueda inclinar la balanza.

Una consecuencia

Es posible que de estas acciones no resulte un desenlace claro. Pero la oposición quiere sacar ventaja de las debilidades argumentales del oficialismo, de su falta de modales institucionales y, sobre todo, de la crisis que se abrió en el Banco Central. Porque la incertidumbre institucional que rodea al malhadado Fondo del Bicentenario ya tiene una consecuencia práctica: Mario Blejer, quien había adelantado que aceptaría reemplazar a Redrado, hizo saber ayer al Gobierno que sólo cumpliría esa función cuando se desenrede la madeja institucional que se ha creado.

Miguel Pesce, por lo tanto, quedó desde ayer al frente de esa transición -si es que se trata de una transición-. Su primera medida fue ordenar al gerente general del banco depositar los US$ 6500 millones en una cuenta a nombre del Ministerio de Economía. Firmaron esa disposición todos los directores oficialistas, hasta Waldo Farías, que desde hacía un año no aparecía por la casa.

Además de una crisis institucional, los Kirchner desencadenaron un conflicto económico. No se sabe qué consecuencias tendrá en el mediano plazo la incertidumbre de los mercados acerca de la autonomía del Banco Central (ayer cerraron a la baja). Muchos observadores, alarmistas, recuerdan que "si el gobierno de la Alianza no hubiera desplazado a Pedro Pou, tal vez no se hubiera terminado en el corralito, ya que el Central habría conservado su calidad técnica". Insidioso comentario para recordar que Blejer era vicepresidente del Central durante esa dramática salida.

Hay un dato sobre el que no cabe dudar. La incógnita acerca de los niveles de inversión a los que podría invitar la tenue recuperación de la actividad económica se despejó ayer de la peor manera: en este entorno político-institucional, es difícil que alguien decida una inversión importante en la Argentina hasta 2011.

Por eso ayer un chistoso preguntaba: "¿Qué fue lo que dijo Valenzuela?" (Valenzuela, Arturo: subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, que dijo haber escuchado que en el país reinaba cierta inseguridad jurídica). No fue el único sarcasmo de estas horas. Un financista hizo notar: "Al fin y al cabo, el juez Griesa, que todavía no decidió los embargos, es más respetuoso de las reservas del Banco Central que los Kirchner".

Más allá de maledicencias, Kirchner exhibió otra vez el frenesí que lo arrebata cuando está en presencia de una gran caja. Ya le sucedió con el conflicto agropecuario, que hizo desangrar al gobierno de su esposa por US$ 2000 millones, y con los ahorros previsionales -$ 90.000 millones-, cuya estatización hizo derrumbar el valor de las compañías.

Sin embargo, esta nueva apropiación se da en un contexto distinto: después de la derrota electoral, la Presidenta y su esposo saben que sólo con niveles de gasto extraordinarios conseguirán mantener la disciplina política. Acaso por eso desde la Asociación de Bancos, que preside Jorge Brito, se presionó por la salida de Redrado: tal vez los banqueros crean que los US$ 6500 millones del Banco Central evitarán que los Kirchner echen mano a los excedentes de liquidez de sus empresas. Aunque, según aseguró ayer un socio de Adeba, el pronunciamiento de la entidad se debió a un motivo más inmediato: llamó Kirchner y sugirió el texto.

A la tormenta se le agrega por esta vía un tercer conflicto: el ideológico. El año 2010 iba a ser el año en que el kirchnerismo avanzaría, envuelto en la bandera de la distribución del ingreso, sobre el sistema financiero. Se promovería una nueva ley de entidades bancarias, se impondría un gravamen sobre la renta financiera, se crearía un nuevo Banade. Por ahora las cosas son distintas. El gobierno nacional y popular capturó las reservas del Banco Central para asegurar a los tenedores de bonos -la mayoría de ellos agrupados en Adeba- que ya no tendrán que temer por la solvencia fiscal del Tesoro porque su plata está a salvo.

Comentá la nota