El futuro judicial de Amado Boudou tiene como eje la causa penal que investiga si realizó negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del caso Ciccone. Sin embargo, se desprenden distintas aristas de esa investigación, que pueden tener novedades, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura de la Nación. 

Es justamente en el cuerpo encargado de seleccionar y remover jueces donde el kirchnerismo puede seguir diseñando estrategias para salvaguardar la figura del Vicepresidente, envuelto hoy en un escándalo político e institucional que afecta directamente a la Casa Rosada. Desde Magistratura, aseguran fuentes del sector, podría salir en el corto o mediano plazo un pedido de juicio político contra el juez Ariel Lijo, que instruye la causa y a quien la semana pasada, según denunciaron en la oposición, la Cámara Federal buscó apartar del expediente. 

En la actualidad, en el Consejo de la Magistratura existen pedidos de jury contra jueces federales como Norberto Oyarbide, Claudio Bonadio y Daniel Rafecas, este último, por su presunto mal desempeño en Ciccone, causa de la que fue separado por intercambiar mensajes de whatsapp con allegados a una de las partes. Lijo, justamente, es quien reemplazó a Rafecas en la causa, y también quien investiga a Boudou por presunto enriquecimiento ilícito. “Por algún lado lo van a intentar sacar. O lo recusan, o también pueden armarle un jury en la Magistratura”, sostuvo una fuente con acceso al juzgado número 4 de los tribunales de Comodoro Py. 

El Consejo de la Magistratura está compuesto por 13 miembros y cuenta con mayoría oficialista, ya que lo integran los senadores Marcelo Fuentes y Ada Iturrez de Capellini, los diputados Carlos Moreno y Eduardo De Pedro, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, más el académico Manuel Urriza, que en los plenarios vota en sintonía con el bloque “K”. La Comisión de Acusación y Disciplina, que se encarga de tramitar las denuncias contra los jueces, es presidida por Iturrez, y también la conforman De Pedro, Álvarez, Moreno y Urriza, además de los opositores Alejandro Fargosi, Ricardo Recondo y Mario Cimadevilla, y el ex presidente del órgano, Mario Fera, que también suele votar a favor de las propuestas del oficialismo. 

De llevarse a cabo una eventual denuncia contra Lijo, no obstante, el kirchnerismo no tendría los dos tercios necesarios para destituirlo en un plenario. Desde el ala opositora del Consejo, especulan, sería un arma de doble filo para el bloque “K” intentar avanzar contra Lijo. “No sólo no les darían los números para sacarlo, sino que sería una decisión antipopular”, afirman, argumentando que el magistrado cobró fuerza en los últimos días al mantenerse en su juzgado ante un supuesto intento de la Cámara Federal de apartarlo, y más aún, luego de convocar a declarar a Boudou para el 15 de julio. También aseguran que sólo “se le puede objetar que citó como testigos a Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick”, aunque agregan, finalmente los terminó imputan do y convocando a indagatoria.