En cambio, recibió una buena noticia en la mayor de sus batallas de la década: la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la ley de medios y le dio un respiro en su épica batalla contra el Grupo Clarín.

El respiro que le dio la Corte fue el más relevante que recibió del alto tribunal en un año en el que le marcó los límites al Poder Ejecutivo como nunca antes. Quedó en evidencia con el fin de la reforma judicial que intentó el Gobierno y que se esfumó al chocar contra los fallos de los jueces del máximo tribunal.

El kirchnerismo enfrentó este año el avance judicial sobre su vicepresidente, Amado Boudou. Si bien la causa donde se lo investiga por intentar apropiarse, a través de allegados suyos, de parte de la ex Ciccone, la imprenta que fabrica papel moneda, es de 2013, el juez federal Ariel Lijo aceleró la causa. Reunió en un mes las pruebas que pueden llevar a la indagatoria del vicepresidente, con los testimonios de los fundadores de la imprenta que relataron sus encuentros con Boudou y su socio José María Núñez Carmona. Mientras, Lijo reúne pruebas en el caso donde se lo investiga por sus bienes.

En 2014 quedará más clara la situación de Boudou. Lijo decidirá si indaga al vicepresidente, lo que podría colocarlo al borde de la renuncia.

A la vez, en 2013 la Justicia tuvo en sus manos denuncias sobre el empresario favorito de los Kirchner, Lázaro Báez, socio del matrimonio presidencial en sus finanzas privadas e investigado ahora por lavado de dinero. Dos financistas admitieron que blanquearon sus fondos, el juez Sebastián Casanello los indagó y la justicia uruguaya sigue los pasos del empresario por la compra de un campo. En tanto, a fin de año una investigación de LA NACION reveló cómo las empresas de Báez transfirieron dinero a los hoteles de los Kirchner prealquilando sus habitaciones (ver página 5). Bastó la denuncia para que un juez penal tributario, Javier López Bizcayart, investigara a Báez por evasión y allanara el corazón de su imperio financiero: la firma Austral Construcciones, reina de la obra pública patagónica.

Esta causa amenaza con ser el principio de una investigación a fondo sobre el entramado de las finanzas de los Kirchner y de Báez, y tiene un final abierto. En su afán por defender a Báez, el kirchnerismo logró suspender José María Campagnol, el fiscal que lo investigó. Casi un calco de lo que ocurrió un año atrás cuando Boudou pidió y obtuvo la renuncia del ex procurador Esteban Righi, por no controlar a los fiscales que lo investigaban, y fue apartado el fiscal Carlos Rívolo.

La Justicia dará en 2014 algunas respuestas a los que piensan que la corrupción mata: el 18 de marzo comenzará el juicio oral por la tragedia de Once, donde deberán comparecer los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, junto con otros tres ex funcionarios y una decena de empresarios, por su responsabilidad en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas cuando un tren se estrelló contra un andén en Once.

Será sólo uno de los problemas que Jaime enfrentará este año, en el que lo esperan otros dos juicios orales por recibir de regalo viajes y el alquiler del departamento donde vivía por parte de empresas a las que debía controlar. Apenas se inicie el año judicial, será seguramente procesado por enriquecerse mientras fue funcionario.

En los tribunales se juega el futuro también el jefe del Ejército, César Milani, investigado por sus bienes. La causa la tiene el juez Daniel Rafecas, cuya estabilidad es frágil, pues el Consejo de la Magistratura lo investiga por intercambiar mensajes de texto con allegados a Boudou, cuando lo investigaba. Por ahora el militar viene indemne, aunque siguen abiertas causas en la Rioja y Tucumán por su actuación durante la dictadura.

En 2013 la Justicia condenó al ex presidente Carlos Menem a seis años de prisión por la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia. En tanto, el ex presidente Fernando de la Rúa fue absuelto en la causa de las coimas en el Senado. La sentencia terminó con una nueva denuncia contra el juez Rafecas, que instruyó esa causa.

Si 2013 marcó el final del reinado de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, en 2014 puede convertirse en uno de los primeros funcionarios que enfrenten un juicio oral por una causa en su contra por abuso de autoridad.

La oposición también tiene un llamado en la Justicia para este año: se definirá si Mauricio Macri, procesado por espionaje, llega a juicio oral..