El Consejo de la Magistratura tiene previsto decidir hoy si envía a juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por una supuesta vinculación con la Triple A. Todo indica que el plenario va a abrir el jury y va a suspender de inmediato al camarista.

La semana pasada, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo aprobó un dictamen acusatorio contra él, que fue impulsado por el kirchnerismo y contó con el apoyo del radical Ángel Rozas y la abogada Adriana Donato. Sólo el juez Leónidas Moldes defendió a Montezanti. El otro magistrado que integra la Comisión, Luis Cabral, se abstuvo de votar. Cabral es uno de los referentes de la lista bordó en la interna de los jueces, la lista más crítica del Gobierno. Por todo esto, el escenario es muy malo para Montezanti. Si en el plenario todos vuelven a votar como lo hicieron en la comisión, al oficialismo le alcanza para enviarlo a juicio.

Si además lo suspenden, en la Cámara Federal de Bahía Blanca, que tiene cinco jueces, va a quedar un solo titular. Todos los demás cargos podrán ser cubiertos por subrogantes que designe el Consejo. En esta jurisdicción se investigan acusaciones por facturación falsa contra el empresario Lázaro Báez, socio de los Kirchner. Juan Suris, a quien Montezanti le confirmó el procesamiento, habría emitido -a través de un entramado de sociedades- facturas falsas, algunas de las cuales fueron utilizadas por empresas de Báez.

Según los cargos que se le adjudican a Montezanti, él tuvo "conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos" y "comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos" con colegas y subordinados.

Montezanti enfrenta en paralelo una causa penal donde fue llamado a indagatoria y declarado rebelde por su supuesta participación con delitos de lesa humanidad. El juez que lo citó, Alejo Ramos Padilla, es un subrogante cuyo nombramiento fue muy cuestionado: para designarlo a él desplazaron a otro subrogante que estaba en funciones, Santiago Ulpiano Martínez. La ley indica que un subrogante debe tener la misma estabilidad en el cargo que un juez titular hasta tanto se cubra la vacante que motivó su designación. La decisión de cambiar a Martínez por Ramos Padilla (juez federal de Dolores, perteneciente a Justicia Legítima) la tomó el kirchnerismo en soledad, con el único apoyo de la jueza Gabriela Vázquez. La Asociación de Magistrados lo calificó como un "inadmisible avance de la política sobre la Justicia".

Entrevistado por el diario La Nueva Provincia, Montezanti dijo que jamás participó de la Triple A y que esa versión fue una "infamia" que usó en su contra "un viejo y tenaz militante comunista" para evitar que siguiera dando clases en la facultad. "Yo lo querellé y gané el juicio. El querellado hizo desfilar a todos sus camaradas de militancia como supuestos «testigos imparciales», y todos dijeron que me habían visto un día que no recuerdan de un mes que no recuerdan a una hora que no recuerdan, del año 1974, junto a unos seis o siete matones que estaban impidiendo con su presencia amedrentadora que la columna de la Federación Juvenil Comunista tomara la facultad", se defendió. Dijo además que contaron que lo vieron en una escalera, pero que esa escalera no existía cuando dijeron haberlo visto allí.

Cuando lo citó a indagatoria, Ramos Padilla sostuvo que Montezanti, además de vinculado con la Triple A, habría participado del secuestro y las torturas de Jorge Riquelme Esparza, de la Juventud Peronista. De acuerdo con la fiscalía, Montezanti había sido Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército y conformado "una asociación ilícita" para erradicar y eliminar "toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas".

Ayer, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el más tradicional de los colegios de abogados porteños, cuestionó el avance del proceso contra Montezanti. Sostuvo que se estaban afectando "elementales garantías constitucionales del imputado" y que las acusaciones en su contra están "fundadas en procesos precluidos". Pero además, afirmó que "la justicia federal de Bahía Blanca ha sido desarticulada".

"De una manera inversamente proporcional a la celeridad con que avanzan determinadas investigaciones en causas sensibles al partido gobernante, se ha afectado la estabilidad de los magistrados y se ha propinado una grave afectación a la independencia del Poder Judicial", afirmó.

Además del caso de Montezanti, el Consejo tratará hoy la acusación contra Luis Armella, el juez que tuvo a su cargo la causa del saneamiento del Riachuelo. En este caso, el kirchnerismo está más lejos de reunir los votos y abrir el juicio político.

ACUSACIÓN Y DEFENSA

Integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca, la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó la semana pasada un dictamen acusatorioSi en el plenario de hoy los integrantes del Consejo se repite ese voto, el oficialismo tendría los votos para abrir un juicio político en su contraSe lo acusa de conductas "incompatibles" con los derechos humanos en los años 70 y declarado rebelde en otra causa penal abierta en su contraMontezanti niega haber tenido vinculación con la Triple A y afirma que también otras acusaciones en su contra son falsas.