Kirchner, tras seis palabras mágicas

Por Néstor O. Scibona.

Todo podría considerarse una puesta en escena, excepto una oración de sólo seis palabras: La deuda pública argentina es sustentable . En esta frase está encerrada la hipótesis de mínima, y probablemente también la de máxima, de la actual negociación para normalizar la relación institucional con el Fondo Monetario Internacional.

Quienes frecuentan a Néstor Kirchner aseguran que el ex presidente y virtual superministro económico se daría por satisfecho si el FMI incluye ese lacónico diagnóstico al cabo de la revisión -aún sin fecha- de las cuentas argentinas que acaba de acordar el ministro Amado Boudou en Estambul. Sería como una suerte de visado para certificar que la Argentina no corre el riesgo de default en los próximos años. También la base para negociar la refinanciación de la deuda impaga con los países del Club de París, mientras se avanza con la propuesta para salir del default con los bonistas que no entraron en el canje compulsivo de 2005 ( hold outs). Esta hoja de ruta tiene como destino final que el Gobierno pueda volver a colocar deuda en los mercados, a costos más bajos que si lo intentara ahora (no menos de 13% anual) sin atravesar esas etapas.

El resto pertenece a la categoría de fuegos artificiales. En el Gobierno son conscientes de que el FMI no se privará de cuestionar el fraude estadístico del Indec, cuyos índices siguen partiendo por la mitad las estimaciones privadas de inflación, pobreza y caída de actividad económica. Tampoco descartan que el organismo señale las inconsistencias más groseras de la política económica. Entre ellas se encuentran los abultados subsidios estatales a las tarifas de transporte y energía, que, según la consultora Ecolatina, equivalen en 2009 al 3,2% del PBI, y de los cuales casi un 80% se destina a la región metropolitana, de acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En este marco, será difícil evitar que la misión del Fondo que viaje a Buenos Aires tome contacto con el sector privado, por más que el kirchnerismo pretenda imponerlo como condición de la visita. Aunque en la Argentina de hoy todo es posible, lo contrario equivaldría a suponer que sus integrantes serían custodiados y vigilados en sus movimientos por un gobierno que en los últimos tres años les vedó el acceso a la información, hasta que la presidenta Cristina Kirchner firmó la última declaración del G-20.

Que la misión aún no tenga fecha sólo se explica en que el kirchnerismo busca no demostrar apuro en volver a la órbita del FMI y reforzar el discurso oficial de que no se necesitan créditos del organismo. Como de costumbre, se trata de una media verdad. El Gobierno sabe que no puede perder demasiado tiempo: la actual abundancia de liquidez en los mercados internacionales no será eterna y debe aprovechar los próximos meses de tasa cero en los países desarrollados, para tentar a inversores dispuestos a asumir riesgos acotados, a cambio de altas ganancias. Este es el momento para colocar deuda, dicen los especialistas, aunque el costo duplique o triplique al que supondría un crédito stand by con el Fondo, sujeto a condicionalidades de política económica.

También el kirchnerismo debe aprovechar la transitoria mayoría propia que tendrá hasta diciembre en el Congreso para modificar la "ley cerrojo" y reabrir el canje con los hold outs con una quita algo superior a la de 2005. Según fuentes oficiales, el procedimiento será inverso al que se supone: el Gobierno recibirá la propuesta que negoció con los tres bancos colocadores (que incluye un pago cash no inferior a los 1000 millones de dólares) como si se tratara de una iniciativa privada de los acreedores, y pedirá el aval legislativo para aceptarla. Lo que aún se desconoce es el nivel de adhesión de los hold outs, que tendría una base de 50 por ciento.

Objeciones de fondo

El ex ministro Roberto Lavagna, mentor de la ley cerrojo, no está de acuerdo con el camino elegido y formula tres objeciones. Por un lado, aclara que el Gobierno no tiene otra opción que ofrecer a los hold outs condiciones menos ventajosas que las de 2005, porque de lo contrario se caería el canje aprobado entonces por la comisión de valores de los EE.UU. (la SEC). Por otro, sostiene que, en lugar de aceptar una propuesta a libro cerrado de los bancos, el Ministerio de Economía debería abrir un book building (registro de adhesiones) con plazo predeterminado y pedir que el juez neoyorquino Thomas Griesa dé por cerrada definitivamente la operación en jurisdicción estadounidense, a fin de evitar nuevos juicios contra la Argentina por parte de quienes no la acepten. Este paso es independiente del reciente fallo del magistrado a favor de la Anses.

La tercera objeción de Lavagna apunta directamente al matrimonio Kirchner: "Alguien debería explicar por qué se pasa de una política de desendeudamiento a otra de endeudamiento del sector público", desafía.

Ciertamente, la explicación que reclama el ex ministro no ha tenido ningún vocero oficial, pero está a la vista en el "trencito" de leyes fiscales que acaba de aprobar la Cámara de Diputados prácticamente a libro cerrado y sin debate.

Pocos creen, dentro y fuera del Gobierno, que el gasto público podrá aumentar sólo 12% como prevé el presupuesto 2010, después de haber sido duplicado en los últimos tres años. Con la presión tributaria al límite y la prórroga sin cambios de todos los impuestos que vencían este año, la única opción que tiene a mano el kirchnerismo para gastar por encima de aquel tope sin generar más inflación es volver a colocar deuda. Sobre todo, cuando el déficit fiscal de muchas provincias (con Buenos Aires a la cabeza) crece en forma alarmante y el superávit de la Nación se está evaporando.

Aunque buscar financiamiento a largo plazo para inversiones en infraestructura no debería ser cuestionable, la Argentina tiene un pésimo prontuario, ya que por lo general lo ha destinado en el pasado a cubrir mayores gastos corrientes. En este sentido, la flexibilización por dos años de la ley de responsabilidad fiscal, que el propio Néstor Kirchner había promovido en 2004, es una señal de alarma porque entraña el riesgo de volver a las andadas. Es como poner botellas de vino en una reunión de alcohólicos anónimos. No por casualidad los diputados la aprobaron por 149 votos a favor, 20 por encima del quórum. La necesidad tiene cara de hereje.

Lo mismo vale para el matrimonio K en su pretensión de disputar la elección de 2011, si bien para eso deberá resolver otras contradicciones político-económicas que inquietan a los mercados. Entre ellas, las ideas en gestación de modificar la ley de entidades financieras para dirigir el crédito y para imponer un impuesto a los títulos públicos, justo cuando le pasa el plumero a la arrumbada alternativa de volver a emitir deuda.

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