Kirchner no logra modificar el mapa de la radiodifusión

Kirchner no logra modificar el mapa de la radiodifusión
La puesta en marcha de la nueva ley avanza lenta y accidentadamente. El Gobierno busca grupos empresarios afines para desembarcar en empresas importantes. Pero sus conquistas están, por ahora, lejos de sus mayores ambiciones políticas.
La ley de medios audiovisuales, el emblema de la principal batalla política que libró el oficialismo durante 2009, resultó, por ahora, un arma con la pólvora mojada. El matrimonio presidencial cerrará el año con la obsesión de provocar un vuelco en una agenda mediática que lo pone contra las cuerdas. Ve con preocupación que el tópico de la corrupción en la administración K, hasta hace un año marginal, se vuelve vertiginosamente monopólico y considera que el discurso mediático construye un gobierno que agoniza y al que le quedan meses de vida. Frente a eso, la puesta en vigor de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual avanza lenta y accidentadamente, pero no logra desmontar el escenario que preocupa a los Kirchner.

Ante un enfrentamiento que involucra e impregna a los grandes medios, Crítica de la Argentina realizó un relevamiento de los múltiples frentes de la contienda. Y el panorama actual, lejos de las bravatas de sus principales protagonistas, exhibe una situación de empate.

La realidad indica que, en principio, el cambio de mediano o largo plazo que se aprobó en el Congreso no logra la efectividad que el ex presidente pretende cuando, en la seguidilla de actos que encabeza, convierte en prioridad la denuncia contra el Grupo Clarín, una de sus obsesiones.

El Poder Ejecutivo apelará los fallos judiciales que dan lugar a medidas cautelares que impiden la aplicación de la ley en todo el país. Y buscará que se resuelvan incluso durante la feria judicial para no perder tiempo. Paralelamente, igual que un año atrás, el oficialismo impulsa a grupos empresarios afines para que desembarquen en medios importantes. Entre las prioridades están las acciones locales de Telecom, Canal 9 y el grupo de radios del consorcio mexicano CIE. Pero la novedad de 2010 es que el Gobierno deberá prepararse para un desafío mayor: llenar de contenidos los espacios que, con la ley en vigencia, deberán dejar vacantes los multimedios que deberán desprenderse de licencias. "Las cautelares son un obstáculo pero no un impedimento. Si piensan que con eso van a llegar hasta el próximo gobierno, están locos", le dijo a Crítica de la Argentina un funcionario nacional que conoce bien el proceso. La feria judicial juega a favor de las presentaciones que impugnan la validez de la norma. "Con esta configuración, sabemos que vamos a tener problemas", reconoció otro funcionario, menos permeable al optimismo que emana desde la residencia de Olivos.

Mientras tanto, el oficialismo apura los tiempos de la puesta en vigor de la ley de medios (26.522). La atención está fijada en lo que establece el artículo 156, que hace eje en los plazos de aplicación de la norma. Concluido el reglamento interno del directorio del organismo que reemplazará al Comfer, ahora los técnicos que trabajan a las órdenes de Gabriel Mariotto se concentran en el plan técnico, una especie de radiografía del espectro que debe estar listo 180 días después de la constitución de la autoridad de aplicación que acaba de consumarse. "Las normas técnicas para la instalación y operación de servicios de radiodifusión" serán definidas una vez que se sepa cuántas frecuencias están disponibles. En oficinas del Gobierno, sostienen que sólo entonces se sabrá sobre qué terreno se asentará lo que llaman "la gran mutación". De eso depende, por ejemplo, el 33 por ciento del espectro reservado para las organizaciones sin fines de lucro, uno de los aspectos que más adhesión consiguió durante la discusión legislativa.

Después del plan técnico quedará un ordenamiento del dial y empezarán los concursos públicos para que las entidades (con o sin fines de lucro) puedan presentarse. Allí se verá si existen proyectos suficientes para cubrir el espacio arrebatado a los multimedios y se pondrá a prueba el nuevo esquema. No será sencillo. En el Gobierno repiten que hace más de 40 años que no hay concursos en televisión abierta.

Algo similar ocurrirá con el capítulo de la televisión digital, en la que la Argentina decidió adoptar la norma japonesa-brasileña. La incorporación de la norma UHF multiplicará por cuatro las frecuencias y le facilitará al sistema de medios públicos el acceso a diez de ellas. El Gobierno admite la urgencia por preparar "más señales para subir" al escenario ampliado de lo digital. Sin embargo, hasta el momento sólo existen Canal 7 y Encuentro. El canal infantil será Paka Paka, el canal del INCAA está a cargo de Rodolfo Hermida y el flamante titular del INADI, Claudio Morgado, se propone crear una señal que aborde la problemática de la discriminación. Eso desde la emisión. No demasiado para la ambicionada "gran mutación".

Desde la recepción, en el Poder Ejecutivo estudian la posibilidad de brindar subsidios para que cuatro millones de personas accedan a conversores que les permitan ingresar a la era de la TV digital. El kirchnerismo se mueve entre la necesidad de contrarrestar ya mismo la agenda de la oposición y la entrada en vigor de una ley cuyos frutos deberían verse más adelante. Los tiempos de la política llevan la marca de la urgencia y la instauración de un nuevo mapa de medios demanda un trabajo técnico en un terreno que muta a gran velocidad. "Es lógico que la política va a querer mandar", le anticipó a Crítica de la Argentina un miembro del gabinete. En 2010 se verá quién cumple con el objetivo.

OPINIÓN

El tiempo, enemigo de los K y de Magnetto

Damián Glanz

Néstor Kirchner y Héctor Magnetto tienen una preocupación en común: el tiempo. El mandato del matrimonio presidencial tiene fecha de vencimiento y el ex jefe de Estado cree que si acelera la implementación del marco regulatorio de la radiodifusión suma chances para soñar con un futuro en Olivos. El CEO de Clarín, por el contrario, espera que los Kirchner dejen el poder antes de que el nuevo plan de medios entre en vigencia. Ambos dependen de factores externos, la Justicia y el mercado, pero no saben cuál de los dos tiene más control sobre ellos.

Hasta hace una semana, los K se imponían en la carrera contra el tiempo. Sancionaron la ley en un plazo récord, designaron a las autoridades del nuevo Comfer y ya podían advertir los efectos de su proyecto. Desde que promulgaron la norma, ninguno de los multimedios que excede los límites de la nueva legislación tiene el mismo valor que le adjudicaban antes de la guerra mediática. La promesa de que en algún momento deberán desprenderse de esos activos los hace ser menos atractivos para el mercado. El Gobierno también siente el desprecio del capital: son escasos los inversores que se muestran interesados en ingresar a un rubro en crisis.

La contraofensiva judicial de Clarín alteró el calendario oficialista. En una semana logró que dos fallos trabaran la implementación de la ley y otras resoluciones similares podrían multiplicarse en las provincias donde los multimedios regionales dominan la imagen y la palabra. Los gobernadores serán allí actores claves, en medio de la puja por los fondos escasos y por el liderazgo del PJ. El plazo de un año que el Gobierno imaginaba para que el mapa de los medios tornara de otro color no tiene posibilidades de comenzar a correr. Y el viaje del Grupo por los tribunales terminará en la Corte Suprema, donde el tiempo huele más a época que a estación.

Los K se predisponen a desatender los fallos adversos. Clarín aspira a que sea la Justicia, y no el nuevo Comfer, quien le dicte su futuro.

La guerra no terminó. Está empatada. El tiempo dirá.

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