Kirchner y la gente: agendas distintas

Por: Daniel Bilotta

TITULAR DE LA CATEDRA PLANIFICACION COMUNICACIONAL, UNIVERSIDAD DE LOMAS DE ZAMORA

La urgencia por sancionar la nueva ley de medios es metáfora de la creciente distancia entre aquello que funciona como imprescindible para el Gobierno y las expectativas que tiene la sociedad acerca de la solución de sus problemas cotidianos.

El dominio del debate político ha sido una obsesión del kirchnerismo. Desde su llegada al poder en el 2003, advirtió que no gestionaría en función de una agenda de temas prioritarios dictada, en su parecer, por el ritmo de los acontecimientos noticiosos. Fue un deseo razonable para un gobierno que fue electo luego que la fórmula vencedora en los comicios desistió de competir en la segunda vuelta.

Esa idea se tradujo en una capacidad de mantener en secreto iniciativas y en una velocidad para darlas a conocer pocas veces vista en la política. La justificación de esa conducta fue la necesidad de mostrar una acción virtualmente indetenible para abordar las causas que originaron la crisis institucional del 2001.

Tal impronta recogió una amplia adhesión en la ciudadanía que soslayó el estilo crispado y proclive al exceso del ex presidente Néstor Kirchner pues la magnitud de las dificultades que -se suponía- debía enfrentar volvía comprensible esa tendencia al desborde. Los altos índices de popularidad con que finalizó su gestión pueden atestiguarlo.

Esa sintonía comenzó a resquebrajarse bastante antes del conflicto que tuvo lugar por la resolución N° 125 del ministerio de Economía para modificar las retenciones agropecuarias. El hecho sirvió, no obstante, para desnudar otra situación. Lo que se estimaba un recurso extraordinario aplicado en situaciones excepcionales se había vuelto un estándar en la toma de decisiones. La nueva ley de Servicios Audiovisuales es metáfora de la creciente distancia entre aquello que figura como urgente en la agenda del oficialismo y la del público, que no es únicamente la que expresa los sondeos de opinión. Donde, no obstante, esa brecha es reflejada bajo un rechazo genérico a toda iniciativa que provenga del oficialismo. En particular luego del pasado 28 de junio.

El kirchnerismo está convencido de que tanto en la puja que sostuvo con sectores del campo como en los recientes comicios, el enfoque de los medios sobre la palabra oficial terminó por distorsionar su mensaje. A eso imputan ambos traspiés. No es un hecho novedoso. Tras la derrota electoral de 1987, el presidente Raúl Alfonsín arguyó que "me comunicaron mal" y otro tanto hizo Antonio Cafiero luego que Carlos Menem se le impusiera en la histórica elección interna del Partido Justicialista de 1989.

Sería necio negar que la prensa colabora en la formación de una agenda de temas en análisis. Lo hace mediante las noticias, que es su discurso. Lo mismo ocurre con la política, a través del discurso político. Su validez se constata cuando el resultado de esa interacción refleja el estado real del debate en el seno de la sociedad.

La intervención del Gobierno en la agenda con la postulación de la ley de medios como prioridad no coincide, claramente, con la de la gente que pide seguridad, empleo, salud y educación. Temas que no guardan relación con la derogación de un decreto de la dictadura militar.

Esta irrupción hace evidente una desventaja objetiva de la política frente a la prensa pues el periodismo se encarga de mostrar aquello que los políticos deben demostrar y que no siempre pueden: la eficacia de su acción en resolver asuntos de interés público para las mayorías. Acaso la mayor razón de desconfianza que acumulan en lso últimos veinte años.

La creencia de que se puede modificar esta tendencia por vías como las utilizadas en el INDEC no sólo supondría desconocer los mecanismos que intervienen en el circuito de la comunicación, sino también subestimar al público, que consumiría con pasmosa pasividad todo aquello que los medios ofrecen.

El oficialismo parece convencido de esa hipótesis. Sustraer al mensajero y reemplazarlo por uno amistoso garantizaría el éxito de una prédica que, según las encuestas, muy pocos quieren escuchar. A menos que esa sea la clave de la estrategia: una reiteración que neutralice el efecto zapping.

Hace un par de meses la cadena HBO -casi una reencarnación del mal que pretende corregir la ley, al obligar a las empresas a elegir entre la distribución de señales o a la producción de contenidos- emitió una miniserie sobre la vida de Winston Churchill. Finalizada la Segunda Guerra, en 1945 es derrotado en las elecciones. Perplejo frente a un resultado inesperado, especula con la supuesta traición que habría cometido el Ejército británico en su contra. Una gala de teatro en la que es reconocido y vitoreado por el público termina por redondear la aparente contradicción entre ese hecho y el anterior. Churchill fue un aventajado en el uso de los medios de su época, especialmente la radio.

Sin entrar en comparaciones, nadie discute al kirchnerismo su tarea en sacar al país del infierno. Otra cosa es asumir que por eso su palabra deba adquiere dimensión sacra cada vez que sea puesta en circulación. Y, por las dudas, garantizar por ley que así ocurra.

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