Los Kirchner, entre la espada legislativa y la pared judicial

Por: Fernando Laborda.

La decisión de la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal según la cual el Poder Ejecutivo no podrá disponer de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública sin el aval del Congreso no sólo le fijó un claro límite a la decretocracia. También puso al desnudo la improvisación de un gobierno que exhibe una creciente falta de reflejos políticos y al que todos los cálculos le salieron mal.

Si los Kirchner planeaban valerse de decretos y de vetos para burlar la falta de mayoría parlamentaria, las juezas Clara do Pico y Marta Herrera les propinaron una lección de educación cívica que los obligará a replantear su estrategia.

El fallo en el que las dos camaristas ratificaron la medida cautelar de la jueza María José Sarmiento sobre la creación del polémico Fondo del Bicentenario señala que el Poder Ejecutivo únicamente "puede ejercer legítimamente facultades legislativas que le son esencialmente ajenas" si las cámaras del Congreso no pueden reunirse "por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en caso de acciones bélicas o desastres naturales", o que "la situación que requiera solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes". En síntesis, nada le impedía al gobierno de Cristina Kirchner convocar al Congreso para que tratara, en sesiones extraordinarias, la posibilidad de que se garantizaran obligaciones del Estado con reservas.

Las camaristas destrozaron el argumento kirchnerista de la necesidad y urgencia a partir de las propias contradicciones en que incurrió el Gobierno. "La urgencia aducida no condice con la omisión de convocar al órgano parlamentario", señalaron en la sentencia. En otras palabras, era más que paradójico que si había una urgencia que justificara el decreto para crear el Fondo del Bicentenario no hubiera para la jefa del Estado apuro alguno para convocar al Congreso a tratar un tema que es de su competencia, como el pago de la deuda de la Nación.

Si bien la Presidenta ha dado la orden de apelar la decisión judicial ante la Corte Suprema, el más alto tribunal no intervendría en esta etapa por tratarse de una medida cautelar y no de una sentencia definitiva.

El futuro de Martín Redrado en el BCRA, envuelto en las disímiles interpretaciones de otro fallo algo más confuso, importa menos. Su suerte está echada. Cristina Kirchner podrá desprenderse definitivamente de él cuando la Comisión Bicameral del Congreso, presidida por Julio Cobos, emita su dictamen, independientemente de que éste resulte favorable al titular de la entidad monetaria. En algún momento Redrado será eyectado del Banco Central por cumplir con lo que le correspondía hacer. Claro que el Poder Ejecutivo ya no podrá manejar los tiempos de este proceso.

Así las cosas, la determinación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ha conducido hacia el peor escenario a un gobierno que nunca aprendió a conjugar el verbo negociar , sencillamente porque no figura en el genoma kirchnerista.

Es curioso. Desde el 14 de diciembre, cuando Cristina Kirchner emitió el decreto 2010/09, que creó el Fondo del Bicentenario, hasta hoy su gobierno no ha dejado de someterse a un enorme desgaste para evitar un final al que ahora se ve condenado por la Justicia: negociar con el Congreso.

No busquen explicaciones racionales. Hace tiempo que el Gobierno no tiene una estrategia. Hace tiempo que perdió la brújula y que se equivoca al dar la batalla en el terreno mediático, que es donde peor se mueve . La frase no sorprendería si no proviniera de un consultor en opinión pública que hasta no hace mucho era muy escuchado por Néstor Kirchner.

¿Por qué no se les ahorró al país, a los mercados y al propio Gobierno todo este mes de incertidumbre? La respuesta la dio una vehemente operadora de los Kirchner en el Poder Judicial: Porque en la lógica peronista la mayor señal de debilidad de la Presidenta hubiera sido convocar a sesiones extraordinarias sabiendo que podemos no tener el número necesario. A los radicales podrán preocuparles las instituciones. A nosotros nos preocupa el poder .

Desde esa lógica, había argumentos para que los Kirchner se resistiesen a convocar al Congreso para debatir los decretos sobre el Banco Central. La partida en la Cámara de Diputados estaba perdida hacía rato para el oficialismo. Y fuentes kirchneristas del Senado confiaron que la posición del Gobierno había perdido el apoyo del legislador del Movimiento Popular Neuquino Horacio Lores y de los justicialistas pampeanos Carlos Verna y María de los Angeles Higonet.

¿Qué alternativas le quedan ahora al gobierno kirchnerista? La primera sería olvidarse del Fondo del Bicentenario. En el propio Ministerio de Economía se afirma ahora que, en rigor, ese fondo no era necesario para asegurar el éxito del canje de deuda para los bonistas en default. Algo que, por cierto, contradice la supuesta urgencia del decreto 2010/09.

¿De dónde saldrían, en este caso, los recursos para financiar el déficit fiscal? Probablemente también del Banco Central, aunque no directamente de un manotazo a sus reservas, sino de una transferencia de sus utilidades, de la compra de letras del Tesoro por la entidad bancaria o de un incremento del porcentaje de adelantos transitorios. Un plan B sería una nacionalización de los depósitos bancarios, aunque con un pésimo impacto en los inversores.

Una segunda alternativa pasaría por negociar con el radicalismo y con la propia tropa un acuerdo que permita reflotar el Fondo del Bicentenario. No será sencillo: los radicales, convencidos de que Cobos llegará a la presidencia de la Nación en diciembre de 2011, no consentirán la dilapidación de las reservas, temerosos de que les toque gobernar en condiciones extremas. El gobierno nacional podría, en cambio, persuadir a algunos gobernadores provinciales de diferente signo político de que sin Fondo con reservas del Banco Central un ajuste fiscal en sus distritos será inevitable. Apelaría así a un proverbio chino que dice: Cuando el dinero habla, la verdad calla .

Con la nueva composición del Congreso y la pérdida de la mayoría parlamentaria del kirchnerismo, queda claro que, para el matrimonio presidencial, el Poder Legislativo se ha transformado en un aposento natural de la oposición al cual se debe eludir. Pero la irrupción del Poder Judicial marcando límites ha puesto al Poder Ejecutivo entre la espada y la pared. La disyuntiva parece ser el diálogo, que es una mala palabra para el oficialismo, o la continuidad de un proceso de tensión política, que podría terminar en anomia y que difícilmente pueda ser resuelto por la Justicia.

Entretanto, desde el oficialismo se seguirá recurriendo a los exabruptos y cultivando la desmesura. Como cuando se postergó el viaje presidencial a China con el pretexto de que el vicepresidente Cobos no puede quedarse 10 días solo al frente del país. Como cuando se ataca a la jueza Sarmiento por ser hija de un militar, empleando un argumento que tanto se les criticó a quienes justificaron la represión ilegal en los años 70 y que se sintetiza en la frase Algo habrán hecho . O como cuando la Presidenta cuestiona la acción de los llamados fondos buitre de adquirir bonos a precio vil para después buscar negociarlos con ganancias espectaculares, olvidando que la propia familia Kirchner compró terrenos fiscales en El Calafate por 132.000 pesos que vendió, apenas dos años más tarde, por 6.300.000. Un negocio que hasta los más hábiles operadores de los fondos buitre envidiarían.

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