Los Kirchner dejan poco margen para la negociación parlamentaria

Por: Eduardo van der Kooy

Sólo cuando ayer anochecía el oficialismo en el Congreso logró un alivio. Una tregua. Ese oficialismo está jaqueado en el Senado por la ofensiva opositora para tumbar los recientes aumentos en las tarifas de gas que han escandalizado a una parte importante de la sociedad. Tampoco sabe bien qué rumbo tomar en Diputados donde existen mil conversaciones cruzadas en torno a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que caducan el lunes 24.

Aquella tregua llegó cuando la diputada Graciela Camaño aclaró que no iba a ser convocada para hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales que ella misma preside. Esa Comisión es la que debe preparar el dictamen sobre las facultades delegadas antes de que se debatan en el recinto. Las facultades delegadas tienen nombre y apellido: las retenciones y el campo.

Hay otra parva de leyes que, en las presentes circunstancias, parecieran de relleno aunque no todas lo sean. Pero sobre 1.901 normas sólo un centenar, dicen los entendidos, tendría auténtica relevancia. Otras resultan incomprensibles y ridículas por su existencia: por caso, la que autoriza al Ejecutivo a variar la categorización de la representación diplomática argentina en Uruguay.

El rumor sobre la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales alteró un poco más los ánimos oficiales que, de modo lento, parecen acercarse a un estado de hervor. Es que el peronismo todavía leal se siente por momentos en una ratonera. Padece la presión muchas veces desmañada de la oposición, pero padece además la recurrente intransigencia de los Kirchner.

La insinuación de Camaño pudo obedecer a algún reflejo nacido en Olivos o en la Casa Rosada. Tal vez una embestida en la Comisión de Asuntos Constitucionales podía tomar descolocada a la oposición que no ha logrado articular una opinión homogénea sobre las retenciones. Pudo haber existido la intención de la sorpresa, pero la realidad dura se ocupó rápido de poner las cosas en su lugar.

Para aprobar aquel presunto dictamen sobre facultades delegadas, el oficialismo requeriría de la mitad más uno de sus 34 integrantes. Entre ellos figura Marta Velarde, por ejemplo, que llegó como integrante del FPV de Santiago del Estero pero desde hace tiempo integra la Coalición Cívica. Fue candidata por Capital, sin suerte, en las elecciones de junio.

El problema no es únicamente Velarde. También lo es un diputado santafecino que emigró del cuartel oficial y un puñado que todavía dice estar, aunque sin seguridad. Ni siquiera parecieran intimidarlos las presencias de Carlos Kunkel y Diana Conti, las infalibles espadas kirchneristas en esa comisión. Otro dilema es que el oficialismo en el Congreso no ha podido abrochar todavía ningún trato con los aliados potenciales.

No se trataría de una falta de pericia sino de otro par de cuestiones concretas. Hay pocas directivas para negociar que surjan de Cristina o de Kirchner. Cuando se indaga en esas directivas se encuentra siempre una posición irreductible.

Agustín Rossi tuvo un fin de semana placentero en Santa Fe. El jefe del bloque de diputados se coló en la victoria que el peronismo obtuvo en Rosario, en las elecciones internas abiertas, de la mano del ex intendente Héctor Cavallero. La noticia alegró a Cristina que el mismo domingo por la noche llamó a aquellos dos dirigentes para transmitirles su felicitación.

Rossi estuvo el lunes con la Presidenta y, después de las congratulaciones de rigor, mantuvo una larga conversación de la cual no pudo escoger ni una hendija para intentar abrir una negociación con los aliados y los opositores sobre las retenciones al campo.

La concesión brindada por Cristina al jefe de los diputados se convirtió rápido en un trasto inservible. La oposición y los aliados carcajearon frente a la propuesta de que el Congreso podría intervenir en el futuro sólo si el Gobierno resolviera aumentar las retenciones.

Los aliados exigirían de los Kirchner, al menos, algún gesto de desprendimiento que les facilitara el diálogo. ¿Cuál? Que ellos mismos dispusieran la extinción de facultades especiales que carecen ahora de sentido. Como para dejar sentado que la resolución del pleito no pasa de nuevo por la ecuación del todo o nada.

Un diputado oficial aconsejó con discreción a Carlos Zannini un repaso de las más de mil leyes del paquete para explicarles al matrimonio que no vale la pena resistir por todas. Pero nadie sabe, con certeza, si el secretario Legal y Técnico se atrevería a transmitir esa inquietud.

Los aliados (de centro izquierda y provinciales) estarían dispuestos a prorrogar la facultad del Poder Ejecutivo de fijar las retenciones al campo siempre y cuando el matrimonio presidencial permitiera abrir la discusión. La prórroga podría darse con la incorporación de ciertos límites que han fijado ya repetidos fallos de la Corte Suprema.

¿Qué limites? Que ninguna retención pueda exceder el 33% de tasa porque, en ese caso, adquiere de hecho un carácter confiscatorio.

La dureza legislativa de los Kirchner, además, echaría sombras sobre toda la estrategia dialoguista montada después de la derrota. No solamente con el campo: también con los partidos políticos, los empresarios y las organizaciones sociales.

No suele perdurar el diálogo cuando solo campea la intransigencia. Esa contradicción constante es la que ha minado la confianza que los Kirchner no saben aún recuperar.

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