Kirchner, Chávez y la misteriosa Kaja de Pandora

Por Fernando Laborda

La actitud que adopte el gobierno nacional ante la nacionalización de tres empresas siderúrgicas de capitales argentinos dispuesta por el mandatario venezolano, Hugo Chávez, será clave para determinar lo que puede depararnos el kirchnerismo después del 28 de junio.

El tibio pronunciamiento del ministro de Planificación, Julio De Vido, sobre la decisión del gobierno venezolano lejos estuvo de serenar los ánimos de las cámaras empresarias argentinas, que como pocas veces se unieron para condenar la medida chavista contra el grupo Techint y para exigirles a las autoridades nacionales un pedido de rectificación a Chávez.

De la declaración de De Vido se interpreta que el gobierno argentino se comprometerá a mediar ante Chávez para que, al igual que cuando éste nacionalizó la empresa Sidor, se les otorgue a los dueños de las empresas afectadas una justa indemnización. No se desprende del primer pronunciamiento oficial, en cambio, que el Estado argentino esté dispuesto a exigirle a Venezuela que se dé marcha atrás con la estatización ni, mucho menos, a plantear un conflicto diplomático, aunque se evalúe un pedido de explicaciones. También es más que sugestivo el hecho de que haya sido De Vido el vocero del Gobierno: un sinceramiento de por dónde pasa el grueso de los negocios con Venezuela.

En la Casa Rosada, se considera que la medida del gobierno chavista, además de ser una decisión soberana, es irreversible, por lo que carece de sentido intentar forzar una rectificación. Pero hay algo más: la nacionalización de las empresas del sector siderúrgico en Venezuela es vista hasta con cierta simpatía por el kirchnerismo.

Es que, en rigor, el intervencionismo estatal en el sector privado argentino cada vez tiene menos que envidiarle a la voracidad del Estado chavista.

¿Acaso el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas o, más recientemente, la papelera Massuh representaban sectores tan estratégicos de la economía como para que tengan que estar en manos del Estado? ¿Acaso había necesidad de que la Anses designara directores en una decena de empresas? ¿Acaso un mes atrás hombres del Gobierno no sugirieron que podría nacionalizarse otra empresa del grupo Techint, como Siderar? ¿Y acaso la presidenta de la Nación no acusó a los bancos de estar "sentados sobre la liquidez" y anunció que si las entidades bancarias no otorgan créditos "el Estado va a intervenir"?

En plena campaña electoral, paradójicamente el momento en que un gobierno busca sumar apoyos, la política del miedo y la presión está comenzando a impactar en las organizaciones empresariales, donde se percibe un especial estado de alerta, que dificulta cada vez más la recreación del necesario clima de negocios.

Lo peor es que ese estado de inquietud traspasa nuestras fronteras. Una semana atrás, militantes vinculadas al denominado Frente de Acción Revolucionaria (FAR) y a otras agrupaciones de extrema izquierda protagonizaron hechos de violencia durante la celebración del aniversario de Israel.

Más grave que la existencia de esta nueva mano de obra desocupada , disponible para cometer hechos de vandalismo al mejor postor, fue el descubrimiento de que su canal de financiamiento era el propio Estado argentino. Las organizaciones que estaban detrás del mencionado ataque administran planes sociales en Florencio Varela y manejan cooperativas que fabrican guardapolvos que son adquiridos por el Gobierno.

Por cierto, no es la primera vez que sucede algo parecido. El 17 de diciembre de 2007, a poco de asumir Daniel Scioli la gobernación bonaerense, militantes de una agrupación piquetera conocida como Movimiento Popular 29 de Mayo (MP-29) tomaron por la fuerza la sede del Ministerio de Desarrollo Social provincial y provocaron destrozos y heridos. En el domicilio de su líder se hallaron armas de todo tipo, además de documentación que vinculaba la organización con la administración de beneficios de planes sociales para desocupados.

Como se ve, no es la primera vez que el Estado kirchnerista financia mediante planes sociales a asociaciones ilícitas disfrazadas de organizaciones humanitarias.

Cuando arribó al poder en minoría, en 2003, Néstor Kirchner entendió que el control de la calle era vital para la estabilidad política. Su acercamiento a los grupos piqueteros y la creación de distintos mecanismos de financiamiento de sus actividades se convirtieron ahora en una misteriosa K aja de Pandora, cuyas fuerzas ocultas se encuentran descontroladas.

Pero la cultura del escrache que no pocas veces se alentó desde el gobierno kirchnerista se ha vuelto ahora en contra del oficialismo. Son un ejemplo las intolerables y condenables maniobras que, en distintos puntos del interior bonaerense, organizaron sectores vinculados al campo para obstaculizar actos de campaña del partido gobernante. Por momentos, queda la triste sensación de que la cultura del escrache y del piquete ha prendido en amplias capas de la sociedad y ya no reconoce exclusividades.

Mientras tanto, Néstor Kirchner se juega a todo o nada en la provincia de Buenos Aires. Ya no le importa si sus candidatos pierden por paliza en la Capital, en Córdoba y en Santa Fe. Tampoco que sus seguidores puedan sufrir en Mendoza una derrota a manos de su enemigo Julio Cobos. Sólo apuesta a ganar en el distrito bonaerense, donde ahora ha decidido cultivar un mensaje proselitista cargado de ondas de amor y paz. Ha desterrado de su discurso la idea de que si el oficialismo pierde la mayoría parlamentaria sobrevendrá el caos y retornaremos a 2001. Sus asesores le demostraron que la crispación sólo lograba elevar la probabilidad de que más votantes opositores se inclinaran por Francisco de Narváez con el único propósito de ver derrotado al ex presidente.

Los publicistas del kirchnerismo, con Fernando Braga Menéndez a la cabeza, se desconsuelan en sus focus groups por el rechazo que genera Kirchner en los sectores medios. "Desagradecidos" y "caprichosos" son los adjetivos con que califican a la para ellos incomprensible clase media. Desde 2003 no se ha hecho otra cosa que beneficiarla. Fíjese que nunca se han visto tantos autos en las calles de Buenos Aires. Se les subsidió el gas domiciliario durante años y hasta se eliminó la tablita de Machinea , comentó con fastidio un allegado a Kirchner. Pero no hay nada que hacer: la clase media argentina siempre fue un caso para el diván , concluyó resignado.

En función de esas dificultades, la idea de los publicistas K es no gastar pólvora en chimangos y concentrarse en la clase baja y los votantes tradicionales del peronismo. Eso incluye la tracción del voto por el apellido, de la mano del nepotismo de no pocos intendentes que pusieron familiares en las listas y a quienes sólo les queda parafrasear al recordado dictador nicaragüense Anastasio Somoza, cuando una vez le preguntaron por qué tenía tantos parientes en su gobierno: Yo no tengo la culpa de que mi familia sea tan talentosa .

Los comunicadores kirchneristas también deberán luchar contra el impacto de Gran Cuñado: es que si hasta dos semanas atrás había una porción no menor del electorado que no registraba a De Narváez, gracias a los casi 40 puntos de rating de la parodia televisiva, hoy prácticamente no hay electores bonaerenses que no sepan quién es.

Las encuestas aún favorecen mayoritariamente al kirchnerismo, aunque con diferencias muy pronunciadas entre unas y otras acerca de la ventaja oficialista. Kirchner ha confesado que la elección se gana hasta por un voto. Y cerca de él hay quienes se ilusionan con que, aun cuando se triunfe por un voto, después del 28 de junio, el Gobierno "irá por todos": productores rurales, empresarios y medios de comunicación desleales.

Empresarios escépticos afirman que si Kirchner pierde cundirá el resentimiento y si gana vendrá la venganza. Claro que cualquiera en el peronismo admite que si Kirchner apenas gana en Buenos Aires por una mínima diferencia, no sólo no controlará el mazo de barajas, sino que tampoco podrá sentarse a la mesa en la que se debatirá la sucesión presidencial de 2011.

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