Los Kirchner, con la ley que burlan

Por Jorge Oviedo

Con una ley que burlaron, esquivaron y limitaron todo lo que pudieron, los Kirchner pretenden entrometerse aún más en las empresas privadas. La noticia es que quieren colocar síndicos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en las compañías en las que ya ubicaron directores aprovechando las acciones que tenían las AFJP y ahora pasaron a manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Incluso hubo confusiones acerca del rol que cumplirían esos funcionarios.

La ley 24.156, de administración financiera, es la que rige la forma, precisamente, de administrar todos los organismos públicos y también las empresas en las que el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la toma de decisiones.

Para los Kirchner no es una ley desconocida. Es la que han esquivado durante toda su gestión, utilizando los llamados superpoderes para manejar el presupuesto nacional a su antojo.

Pero esa norma, además, impone, como se dijo, sus preceptos en las empresas con participación mayoritaria estatal. No es el caso de las compañías en las que, con mecanismos de discutible legalidad, el Gobierno se quedó con el control de paquetes de acciones minoritarios.

Sin embargo, un artículo de la misma ley, sancionada en 1992, permite a la Sigen proponer síndicos que integren los organismos de control de sociedades anónimas en las que el Estado tenga participación minoritaria. Pero esas empresas se continuarán rigiendo por la ley de sociedades anónimas y no por la que impone los controles de la Sigen y de la Auditoría General de la Nación.

El gobierno de los Kirchner ha mostrado poquísimo apego a esa ley. Por eso cuando se creó Enarsa, la empresa energética estatal, se la colocó bajo la normativa de la ley de sociedades anónimas privadas. Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima) debió haber sido Enarse, una sociedad del Estado, pero los Kirchner pidieron, y los legisladores les dieron, un esquema legal que les permite manejar los recursos y el patrimonio público con muchas menos restricciones.

Los Kirchner muestran una increíble propensión a intervenir y manejar directamente los negocios del sector privado y a poder hacer lo que quieren con los recursos públicos. Sorprendentemente, para los dos objetivos utilizan e invocan la misma ley. Cuando se trató de controlar los recursos públicos, los Kirchner lograron del Congreso unos escandalosos superpoderes que nunca tuvieron gestión democrática alguna desde 1983 y que desdibujaron completamente la ley y el espíritu republicano con que fue redactada.

Letra muerta

Gracias a esos superpoderes y a la anulación en la práctica de artículos clave de la ley, es letra muerta el artículo constitucional que impone al Congreso redactar anualmente la ley de presupuesto. Su realización es, gracias a la vulneración de la ley de administración financiera, una mera formalidad.

Los Kirchner pueden modificar a su antojo al otro día esa misma ley y hasta pueden delegar en el jefe de Gabinete, y éste en subalternos, esa tarea. La Sigen, aparentemente tan útil ahora para controlar a los privados, tuvo en su cúpula durante más de cuatro años a la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido, Alessandra Minnicelli.

Pero cuando se trata de meterse en empresas privadas, pareciera que los Kirchner se transforman en defensores acérrimos de la letra de la misma norma que antes han eludido.

Las prestadoras de servicios públicos, como Gas Natural Ban, parecen no tener más remedio que allanarse a las exigencias. El Gobierno ya les ha intervenido los negocios y hasta desplazado ejecutivos sin normas escritas o abiertamente en contra de ellas.

Otras, como Minetti y Siderar, se han allanado a que les designen los discutibles directores, pero se resistieron a los síndicos.

La gran novedad es que, lejos de desactivar el conflicto con el campo, el matrimonio gobernante ha logrado sumar más sectores empresariales a la lista de los disconformes con su gestión.

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