Kirchner se apresuró a garantizarse un conjunto de leyes protectoras

Es la ley de la calle. El santacruceño ahora avanza hacia la ocupación del territorio. El movimiento de Milagro Sala crece en el conurbano, mientras el ex presidente ajusta la acción de sus hombres en la SIDE.
Néstor Kirchner está resuelto a dar batalla en todos los frentes. Ya no se trata de evitar la catástrofe, sino de la esperanza de volver a ganar. Lo dice Cristina Fernández a los empresarios con los que se entrevista: "El próximo presidente será Kirchner. La que viene es su etapa". Quizá por esos pronósticos optimistas, en estos días, el diputado electo se ocupa menos de aprender la técnica parlamentaria, que le es completamente ajena, y acelera reuniones con empresarios y financistas. Kirchner confía en los recursos que le permiten ganar voluntades, primer eslabón de la cadena de poder: el jefe controla el aparato, y el aparato controla de diversas maneras lo que en sociedades de estructuras políticas complejas llaman la opinión pública y, en las otras, sencillamente "la calle". León Trotsky describía con amargura de qué modo se instalaba la dictadura del secretario general sobre el Buró Político, la del Buró Político sobre el Comité Central y la del Comité Central sobre el Partido de los Comunistas. No es probable que los textos de aquel brillante intelectual figuren en la biblioteca del santacruceño, aunque quizá le hayan llegado referencias del alemán Robert Michels y su "ley de hierro de la oligarquía". El sociólogo volcado al fascismo había hecho de la necesidad virtud y elogiaba lo que creía inevitable: el gobierno de los caciques y las élites, la incompatibilidad entre liderazgo y democracia. En su marcha hacia 2011, Kirchner se ha apresurado a garantizarse un conjunto de leyes protectoras: superpoderes, Ley de Medios, Presupuesto y, ahora, la reforma política. Como en ninguno de los otros casos, el contenido de la norma que el kirchnerismo se prepara para llevar a la Cámara de Diputados generó dudas en sus propias filas. Conveniencia y legalidad fueron las dos cuestiones que pesaron en el debate de Olivos. Reflejo de esas vacilaciones fue el primer proyecto que, en borrador, llegó a varios presidentes de comisiones. Ese primer esbozo se asemejaba al que impulsaban los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá: distintas regiones electorales, comicios indirectos. Mediante una llamada telefónica, el Gobierno habría pedido a los diputados que olvidaran el texto porque sería sometido a modificaciones. Por fin, Cristina Fernández anunció que el esquema que se debería adoptar será similar al que rige en Santa Fe, de distrito único e internas simultáneas y obligatorias. El oficialismo guardaría un as en la manga: nadie que no hubiera participado de las internas podría presentarse más tarde a competir por cargo alguno. La primera opción –que facilitaba la presión del Ejecutivo sobre un grupo reducido de electores– había merecido importantes objeciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, puesto que contenía disposiciones inocultablemente anticonstitucionales.

El segundo pilar del esquema sobre el cual descansa la actividad reeleccionista de Kirchner es más sólido: información y judicialización. Francisco "Paco" Larcher, segundo de Héctor Icazuriaga en la SIDE, es su hombre en materia de información. Larcher no lo hace solo, recibe el asesoramiento de Jaime Stiusso, un viejo espía de la secretaría. Sería temible que lo que se cuenta en los foros cercanos a la residencia de Olivos tuviese siquiera un viso de seriedad. En esos espacios suele ser fuente de comentarios el placer con que el ex presidente escucharía los pinchazos telefónicos que invaden la intimidad de los asuntos políticos o personales de sus enemigos. También de los que se proclaman sus amigos, porque Kirchner no cree en la lealtad. Él sabrá por qué. La información es poder, suele sostenerse, y en este caso le aporta al diputado electo un doble beneficio: anticiparse a las jugadas de los otros y develar secretos que servirán de argumento irrebatible en la mesa de negociación. Larcher es asimismo el vínculo con Javier Fernández (policía, la SIDE y Poder Judicial siempre se han ensamblado bien), el auditor de la Nación que conoce el universo judicial como la palma de su mano. Fernández es el cancerbero de los patagónicos en dos fueros calientes: el federal y el contencioso administrativo, dos lugares por donde transitan las causas que interesan al poder. Una mano experta depositó el video que pretende comprometer al columnista de La Nación, Carlos Pagni, en la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal. De ahí, y pese a que la filmación no involucraba a funcionarios, saltó al juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. Una típica maniobra de "fórum shopping", se diría, si no fuera porque Martínez de Giorgi tiene entre sus antecedentes el haber sido relator del respetado camarista federal Horacio Cattani. Tampoco puede deducirse del faltazo de Diana Conti y Carlos Kunkel a la sesión que suspendió a Federico Faggionatto Márquez, que el kirchnerismo haya librado a su suerte al discutido juez de Zárate-Campana. Faggionatto debería tomarlo como un receso. Su lugar fue subrogado por Sandra Arroyo Salgado, cuyo nombramiento como jueza federal de San Isidro muchos atribuyen a la condición de esposa de Alberto Nisman, actual fiscal del caso AMIA –de buena relación con Larcher y Jaime Stiusso– y en estos días empecinado investigador del supuesto espionaje macrista en la ciudad. Francisco de Narváez, implicado por Faggionatto en el caso del tráfico de efedrina, está muy lejos de poder dormir tranquilo. El Gobierno se habría hecho acreedor a otro bonus por parte del Poder Judicial: habría consenso en la mayoría de los miembros de la Corte respecto de un fallo positivo sobre la libertad sindical. El disenso corre por cuenta de Juan Carlos Maqueda y del propio presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien suele visitar en Olivos a Cristina Fernández. Sin embargo, el temor a que una decisión de esa naturaleza desatara las iras de los dirigentes cegetistas y acentuara aún más el clima de crispación, habría pospuesto el pronunciamiento. Javier Fernández inció su carrera junto a Rodolfo Barra, luego asesoró al ex ministro de la Corte menemista Adolfo Vázquez. Por el justicialismo aterrizó en la Auditoría General de la Nación, donde mantiene una casi pública mala relación con el titular, Leandro Despouy. Fue en la Auditoría, y puede que también a través del estudio del ex sushi y ex SIDE Darío Richarte, que trabó amistad con Julio De Vido y Claudio Uberti. El estudio Richarte lleva buena parte de las causas que afectan al ex titular del Occovi.

El último aspecto de la estrategia elaborada por Néstor Kirchner para regresar a la Casa Rosada es la ocupación de territorio. En su concepción, una fuerte presencia de sus seguidores en la calle puede crear el espejismo de un apoyo popular que, según todas las encuestas, se le ha escapado. A eso puede atribuirse la simpatía con que se ve desde el Gobierno el crecimiento de Túpac Amaru, la corriente que lidera Milagro Sala, y que ha comenzado, según se comenta en otras organizaciones de desarrollo territorial, su proyección sobre zonas vitales del conurbano bonarerense, como Lanús y La Matanza. No suenan mesuradas las alarmas que "la Túpac" suscitó en Elisa Carrió y Gerardo Morales. Quizás a ambos les resulta difícil comprender un modelo organizativo que no responde al de los partidos tradicionales y ni siquiera al de los grupos piqueteros oficialistas. Nadie puede reprocharles a los militantes de Milagro Sala su disciplina y su estricta organización. La dependencia de los favores del Estado, el estigma clientelista, el manejo de tintes extorsivos de dinero y títulos de propiedad son harina de otro costal. Si ese esfuerzo de construcción sólo sirviera como masa de maniobra para las necesidades de Néstor Kirchner, sería una verdadera pena, pero él habría ganado un aliado de altísima eficiencia en la movilización. El otro éxito de Kirchner en su plan de conquista del terreno consiste en haber obligado a los "troperos" (los hombres del conurbano que aportan colectivos con su correspondiente pasaje para nutrir los actos) a que no trabajen para nadie más que para él. Se calcula que los "bolseros" manejan un parque de entre 900 y 1.300 transportes. Con esa jugada, cara por cierto, el ex presidente se aseguró un servicio permanente, pero lo más importante es poner en serias dificultades a sus adversarios. Ante la negativa de los "troperos", Felipe Solá debió recurrir a colectivos llegados de Entre Ríos para trasladar a cinco mil asistentes al acto del 17 octubre en Obras Sanitarias.

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