El kirchnerismo anticipó que no se opondrá a la ley de acceso a la información pública, que mantuvo congelada durante años y fue presentada por Mauricio Macri ni bien asumió.

El proyecto fue presentado esta mañana por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, y tuvo una buena recepción en la oposición, aunque anticiparon que habrá cambios.

Pero lo que más llamó la atención fue el respaldo del bloque del Frente para la Victoria a través del camporista Marcos Cleri, quien adelantó su voto en general positivo en relación del proyecto si bien no descartó que cuando llegue el momento haga un dictamen en minoría. 

El último proyecto de acceso a la información pública aprobado fue en 2010 en el Senado, pero una vez que recuperó la mayoría el kirchnerismo jamás quiso tratarlo.

El Frente Renovador-UNA como Margarita Stolbizer (GEN) y Fernando Sánchez de la CC-ARI también manifestaron su aval al proyecto durante la reunión, que presidió el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO-Cambiemos).

Pérez concurrió acompañado por la subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la cartera de Interior, Marina Carabajal, y la secretaria de Relaciones Parlamentaria de la Jefatura de Gabinete, Paula Bertol.

Pérez estableció que el texto "establece un concepto de información pública muy amplio" en cuanto a los sujetos informados, principalmente los tres poderes del Estado, al Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.

La iniciativa también incluye -precisó- la obligación de brindar información a requerimiento de empresas con participación estatal y "toda organización que reciba fondos públicos", incluyendo a los fideicomisos y concesiones de servicios públicos.

Pérez informó que el pedido de información se podrá hacer "por cualquier vía" o soporte, como Internet.

Por otra parte, señaló a los diputados que el proyecto habilita una vía administrativa de reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública que se creará, a la que tendrá 40 días para recurrir el ciudadano cuyo pedido no sea satisfecho. El organismo que esté en falta tendrá 30 días para responder al reclamo.

Pero, a su vez, Pérez resaltó que estará disponible la vía judicial -recurso de amparo- en caso que desde el sector público no se responda el pedido.

El funcionario también remarcó que los poderes y sujetos obligados tendrán que cumplir con la "de transparencia activa", es decir publicar en sus páginas web sus estructuras organizativas, funciones, autoridades, personal, escalas salariales, presupuesto de cada área y ejecuciones presupuestarias y demás cuestiones que hacen a la gestión.

Stolbizer planteó que le parecía excesivo la demora de un año para implementar la ley desde su sanción, pero Pérez dijo que se buscó "un plazo razonable" promedio con otras leyes similares de América Latina.

La diputada de GEN también cuestionó que la ley en ciernes mantenga "límites" en casos de situaciones de "confidencialidad" como ocurrió con información pedida sobre el acuerdo de YPF con Chevron, pero Pérez confesó que se determinó que es "adecuado" lo que dispone el decreto 1172 que está vigente para acceder actualmente a información del sector público.

En todo caso, Pérez indicó la posibilidad de hacer una ley aparte para reformular las condiciones de clasificación o desclasificación de información sensible.

Por su parte, el kirchnerista Cleri pidió en forma retórica que si el proyecto "es un verdadero acceso a la información pública queremos también saber a quién responde, si a los intereses del pueblo o a los intereses económicos concentrados".

Tras la presentación del proyecto, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda se volverán a reunir el martes próximo para escuchar opiniones de especialista y ONGs.