Los economistas de “La Campora” y el CENDA –liderados por el viceministro y subinterventor de YPF Axel Kicillof junto a Esteban Kiper del CEP (Centro de Estudios Políticos de La Campora) y Juan Manuel Vázquez Blanco (USAM Conicet)– están finalizando un trabajo de investigación sobre los delitos económicos cometidos en la dictadura. Estos supuestos delitos serían investigados por una supersecretaría con rango similar al de la Secretaria de Derechos Humanos.

El estudio indica que “en muchos casos hubo empresarios que llegaron también a participar directamente en la violación de derechos humanos”. Desde “La Campora” y desde varias agrupaciones defensoras de los derechos humanos se sostiene que numerosas compañías y empresarios fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad. “Una parte del empresariado local apoyó y protagonizó el golpe de Estado de 1976 y luego le dio sustento con cuadros políticos y económicos, empezando por el propio ministro de Economía José Martínez de Hoz, con vínculos nacionales e internacionales con el Estado terrorista que los benefició con sus políticas económicas. Por es necesario saber lo que pasó y hay que crear un ente para que investigue estos hechos” dice el estudio.

En esa categoría se incluirían a dueños y directivos de empresas como Loma Negra, Ingenio Ledesma, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Bridas, Pérez Compac, Alpargatas, Celulosa, la Sociedad Macri (SOCMA), el Banco de Italia, y el First Bank of America. También se investiga la estatización de las deudas de los grandes grupos económicos cuando Domingo Cavallo fue presidente del BCRA en el 82 y estatizó esas deudas de empresas privadas. Según los economistas de La Campora, “la estatización que llevó a cabo Cavallo a través de los seguros de cambio le habrían costado al estado unos 20.000 millones de dólares”. Entre los principales acusados se encontrarían la fallecida Amalia Fortabat, algunos empresarios dueños de empresas que todavía están en actividad, y el vocero de un grupo empresarial. Además se sumarían directores de empresas estatales de esa época como YPF y Aerolíneas Argentinas. También se apunta a lo ocurrido con la empresa Papel Prensa.

Es importante mencionar que dentro de la secretaría de Derechos Humanos funciona la Dirección de Delitos Económicos que fue creada en el 2010, pero al parecer ésta se podría transformar en una superestructura con el mismo rango de la mencionada, que se encargue de investigar esos delitos. En ese sentido un grupo de diputados encabezados por los dirigentes de La Cámpora Andrés “El Cuervo” Larroque, Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Cabandie trataran de impulsar la creación de una especie de Secretaria de Delitos Económicos para investigar el accionar de los principales grupos económicos en la dictadura. Aunque el Gobierno podría crearla por un decreto.

Una de las primeras empresas investigadas sería la cementera Loma Negra. Esto va en línea con la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata que acaba de sentenciar a tres militares y dos civiles por la muerte de un abogado en Tandil. “Lo más importante del caso es que se ordenó abrir una investigación a la cementera Loma Negra por plurales elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio habrían inducido los delitos” comentan desde de La Cámpora.