El justicialismo quiere aprobar la creación de CoSaySA sin la ley anexa

El justicialismo intentará aprobar en la sesión de hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que crea la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySa) sin la ley anexa que condiciona la venta de acciones de la sociedad anónima estatal a la autorización de la Legislatura.
Se trata de la norma complementaria que es reclamada por muchos diputados, entre ellos, la justicialista Adriana Pérez y el renovador Julio de Vita, como condición para apoyar la constitución de CoSaySA.

Así lo confirmó ayer a Nuevo Diario el presidente del bloque de diputados justicialistas, Luis Mendaña, quien fundamentó la posición de la bancada en que el marco legal ya autoriza al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) a dejar en manos privadas el servicio público.

Para Mendaña, una ley como la propuesta por Pérez iría en contra de la normativa a partir de la cual se le otorgó la concesión a Aguas de Salta.

El diputado de La Caldera se refiere a la ley 6.583, de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica, que autoriza al Ejecutivo a "otorgar permisos, licencias o concesiones, para la explotación de los servicios públicos", y que lo faculta a hacerlo por la vía de la venta de acciones, entre otras modalidades.

Además, se basa en la ley 6.834, que declara al servicio de agua y desagües cloacales "sujeto a privatización" y deja en manos del gobernador el dictado de un marco regulatorio.

"Es una decisión del Ejecutivo si vende las acciones o no", aseguró Mendaña, quien reconoció que "no es una restatización del servicio, sino un traspaso de una sociedad anónima a otra".

Sin embargo, el legislador destacó que el DNU que crea CoSaySA establece que, caso de venta o cesión de acciones, la Provincia se reserva al menos el 1% del paquete accionario de CoSAySa, dejando establecido que "el mencionado porcentaje tendrá las características de acción con derechos políticos", lo que le permite vetar cualquier modificación del capital accionario "que implique otorgar un porcentual de participación mayor al 50%", la toma de préstamos que tengan como garantía a los bienes de la empresa, y la disolución de la sociedad.

Pérez, De Vita y Mendaña (este último habló en representación de su bloque), ningún diputado ha fijado públicamente su posición. Algunos, como los miembros del Nuevo Bloque Justicialista (NBJ) ya anticiparon que definirán su postura recién hoy.

El Partido Obrero ya anticipó que rechazará la norma, cuente o no con la ley anexa. Así las cosas, resta saber si el justicialismo conseguirá el número suficiente para sancionar el DNU sin la norma que obliga a que la Legislatura dé su visto bueno ante una eventual venta de acciones.

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