La Justicia volvió a la actividad de cara a un año de alta tensión

Tras el receso de verano, el Poder Judicial de la provincia retomó ayer su actividad habitual, iniciando la tarea de un año que es de alta tensión para la justicia chaqueña, ya que están prácticamente rotas las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Superior Tribunal, luego de que se anunciara la decisión de promover la destitución de tres de los integrantes de ese cuerpo.

El 23 de diciembre pasado, el gobierno anunció la firma de un decreto por el cual se encomendó al Ministerio de Gobierno y Justicia que se instrumenten acciones de inconstitucionalidad contra las designaciones de los jueces Ricardo Franco, Rolando Toledo y Ramón Avalos, por haber llegado a esos cargos sin rendir los concursos de antecedentes y oposición que dispone la Constitución Provincial a partir de su reforma de 1994.

Final abierto

Un equipo de abogados, coordinado por el ministro Juan Manuel Pedrini, trabaja en la elaboración de las presentaciones que se harán en pos de lograr la destitución de Franco, Toledo y Avalos. Los dos últimos fueron funcionarios de Angel Rozas cuando el caudillo radical era gobernador. Franco, en tanto, reaccionó con dureza, diciendo que Jorge Capitanich es "soberbio e insoportable" y que pretende "copar los tres poderes del Estado". Además, acusó al diputado Juan José Bergia de haber sido "comprado" para acceder a la presidencia de la Legislatura.

El gobierno, en cambio, dice que su acción se circunscribe a defender los preceptos constitucionales, y promete garantizar que en caso de lograr la destitución de los tres jueces, sus reemplazantes sean elegidos mediante un mecanismo transparente que evite una nueva politización de las designaciones.

En torno de ese conflicto central hay otros desacuerdos, como el que se relaciona con la cuestión presupuestaria. El STJ dice haber sufrido un fuerte recorte de sus recursos, pero el gobierno afirma que en realidad la participación porcentual que el Poder Judicial tiene en el presupuesto provincial total es mayor que cualquiera otra que haya tenido antes.

En las demás instancias de la justicia, hay varios temas que aguardan resolución, como el interminable juicio a Miguel Pibernus, el ex vicegobernador de Rozas, acusado de fraudes reiterados contra el Estado por el escándalo de las "donaciones truchas". El expediente ya lleva más de diez años de trámite.

Otro asunto relevante que espera definición es el juicio político al juez de Castelli Miguel Bordón, acusado de irregularidades en la habilitación de salas de videopóquer en distintos puntos de la provincia.

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