La Justicia tiene mucho por decir sobre los directores estatales en compañías privadas

Por Pablo Abiad

Periodista y abogado. Director de Comunicación de Litigios de Llorente & Cuenca

Si el reglamento nos obliga a poner directores, lo vamos a hacer. Pero no está en la voluntad del Gobierno tomar decisiones en las compañías’, avisó el titular de la ANSeS, el kirchnerista Amado Boudou, cuando los fondos jubilatorios pasaron a manos del Estado. Cinco meses tardó la heredera de los paquetes accionarios de la AFJPs en designar a su primer hombre en una firma de capitales privados: Rubén Bassi, del Sindicato Único de Cantantes, en una gasífera

En el ambiente empresario razonaron entonces que, después de todo, una distribuidora de gas se encuentra necesariamente sometida a la influencia de lo público y que la participación estatal allí era del 26%. Pero las promesas se las llevó el viento: suman nueve los directores que la ANSeS sentó en directorios de distintas compañías. ‘Los estatales’, los llaman en la jerga.

La Justicia todavía no se pronunció directamente acerca de los límites de sus facultades, más allá de una decisión de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que frenó de hecho el desembarco de dos representantes de la ANSeS en Telecom. El Estado tiene participación de distintas dimensiones en unas 40 empresas. Ya puso el pie en algunas de diversos rubros la inversora Consultatio, la generadora eléctrica Endesa-Costanera, la siderúrgica Siderar, Transportadora Gas del Sur y en el corto plazo lo haría en otras como en el Banco Patagonia o la eléctrica Edenor. Sólo unas pocas compañías, como la petroquímica Indupa o la harinera Molinos, amagan con defenderse hasta llegar a Tribunales, si hiciera falta, aunque siempre les es políticamente menos costoso tratar de consensuar la designación un director razonable.

¿Cuál es el criterio que la ANSeS usa para estos nombramientos? En la oposición se están moviendo para impugnar judicialmente elecciones como las de sindicalistas, abogados sin experiencia en el mercado que les toca en suerte o amigos de la Casa Rosada a secas.

Hay otra cuestión clave: la ley de estatización de la AFJPs ratificó un tope del equivalente al 5% de las acciones para el ejercicio de los derechos políticos de la ANSeS en esta cuarentena de sociedades anónimas (artículo 76, ley 24.241 y artículo 8, ley 26.425). En consecuencia, el poder de decisión de los directores estatales tiene ese techo como sostienen en ciertas firmas o su único límite es el del paquete accionario real, mediante el sistema de voto acumulativo que proclama la ANSeS. Algún juez deberá pronunciarse también al respecto.

Como fuere, las conjeturas acerca de las atribuciones de ‘los estatales’ no son el tipo de situación que favorezca la depreciada seguridad jurídica de la Argentina. Es cierto que ninguna de estas firmas debiera sufrir grandes alteraciones, en la medida que las tareas de los directores están bien determinadas por la ley de Sociedades. Sin embargo, una de las obligaciones que la norma establece para todos los directores es justamente la que genera una anomalía práctica: a través de ‘los estatales‘, el Gobierno-accionista tendrá presencia en las asambleas de socios y, con eso pasará a acceder a información de lo más sensible.

El directorio es el órgano principal, imprescindible, de las sociedades anónimas. Al ser colegiado, cada director comparte idénticos derechos y obligaciones con los demás. De este modo, ‘los estatales’ opinarán, votarán, impugnarán decisiones de la mayoría, controlarán el presupuesto y serán responsables solidarios por su eventual mal desempeño a la par de sus compañeros (artículo 274, ley 19.550). Uno de sus deberes clásicos es el de actuar como un buen hombre de negocios estándar ideal de diligencia que se utiliza desde la época de los romanos y respetar la confidencialidad de la información a la que acceda.

¿Qué va a pasar, por ejemplo, el día que uno de los directores de la ANSeS tenga que definir una cuestión crucial con su voto? ¿Velará por el interés de la compañía o por el del Estado? ¿O, mejor, por el del Gobierno de turno? Otro punto que, tarde o temprano, deberá revisar algún tribunal.

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