La Justicia apuntó en una causa penal a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto delito en la actualización de datos de la firma Hotesur, que explota el Hotel Alto Calafate y de la que ella es accionista, según surge de su declaración jurada de bienes.

Así lo dijeron ayer fuentes judiciales al informar que el fiscal Carlos Stornelli formuló el correspondiente requerimiento de instrucción ante el juez Claudio Bonadio para abrir una causa penal. El pedido del fiscal es raíz de la denuncia formulada, la semana pasada, por la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN-UNEN) por la situación de esta firma. Por ello, técnicamente la Presidenta estaría ahora en la condición de imputada.

La legisladora la había denunciado por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público junto con el ministro de Justicia, Julio Alak, y funcionarios no identificados de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer había denunciado que Hotesur -la misma firma que le alquiló miles de habitaciones para empleados de las empresas de Lázaro Báez en una presunta maniobra de lavado de dinero, de acuerdo con otras denuncia de la oposición- no presenta balances ante la IGJ desde 2011.

“No se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades”, añadió le diputada en su denuncia.

Además sostuvo que la firma modificó su directorio una vez al año pese a que por estatuto se estableció que sería cada tres años. “La dinámica se cambió después del fallecimiento del ex mandatario nacional y a la fecha no se conocen las últimas autoridades de la sociedad anónima. De la última declaración jurada patrimonial de Cristina Fernández surge que su participación accionaria en Hotesur alcanza a unos 9,3 millones de pesos.

“Esto es imposible de chequear, ya que no presenta balances en la IGJ desde el año 2010. Tampoco se puede comprobar el aumento del valor de las acciones en la empresa, del mismo modo que tampoco se puede saber detalles de la deuda que declara tener con la empresa. O sea, es imposible saber si el importe declarado constituye un 10, un 50 o un 100% de la sociedad que integra la declarante”, expresó Stolbizer en su denuncia.

La legisladora también había solicitado que la Justicia ordenara a la IGJ -donde se extravió el expediente del caso Ciccone, por ejemplo- que le remita una copia certificada de todo el legajo de Hotesur en el organismo aprobados o pendientes de aprobación, como así también “copia íntegra de la presentación de la Declaración Jurada de Actualización de Datos”. Además, solicitó que se requiera de la IGJ las “intimaciones efectuadas” y las “sanciones aplicadas”, si es que las hubiera.

La legisladora -que el viernes reclamó informes de la Cancillería sobre la tramitación demorada de los exhortos de la Justicia suiza en una causa contra Lázaro Báez- también había solicitado que la Justicia le pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Cristina Fernández “y toda la documentación relacionada con su contenido que obre en su poder”.