De esta manera, la Justicia hizo lugar al pedido de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, que había denunciado que el incremento no respetaba el derecho constitucional al resguardo de los intereses económicos de los consumidores.

También el magistrado planteó que ante esta medida las empresas no deben afectar la prestación de los beneficios de la tarifa social, el que se ofrece a los electrodependientes y a las entidades de bien público.

Desde la entidad habían expresado que no había correlación entre los ingresos medios de las familias y el aumento. Asimismo, cuestionó que el aumento de la tarifa prevea un importe a cuenta de la ejecución de obras futuras.

“Celebramos el fallo porque reconoce una de nuestras grandes preocupaciones, que es la que tiene que ver con que los consumidores están hace tiempo afectados por subas en todos los servicios”, señaló el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Tras el fallo del juez Arias queda suspendido el nuevo cuadro tarifario que había oficializado recientemente el gobierno provincial.