La justicia de Susana y de Cristina

Por Adrián Ventura

Susana Giménez, una diva muy influyente, reclamó la pena de muerte y la Justicia detuvo a dos sospechosos del crimen de uno de sus colaboradores. La presidenta Cristina Kirchner reclamó celeridad en los juicios contra la represión y la Corte actuó.

Ambas situaciones parecen similares, aunque tienen un único punto en común: exponen la trivialización de los problemas judiciales. Por lo demás, entre el reclamo de la conductora televisiva y la protesta presidencial hay grandes diferencias.

La estrella de los medios, frente a un crimen concreto, encarnó el hartazgo de la gente por la inseguridad, un problema social profundo que no ocupó siquiera una sola línea del discurso presidencial del domingo pasado. Obviamente, la conductora incurrió en un exceso, sólo justificado por el dolor, cuando reclamó la aplicación de la pena capital: ésta nunca sirvió para disminuir el número de delitos y, además, la Argentina suscribió un tratado internacional que prohíbe restaurar ese castigo. Pero la exposición pública del caso dejó en claro que el tema de la inseguridad requiere una solución judicial y política definitiva.

Por su lado, la primera mandataria, cuando reclamó a la Justicia que avanzara con las causas de derechos humanos, jugó con las cartas marcadas: la Corte viene tomando medidas al respecto desde el año último. Si el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura -dominado por el Gobierno- no cooperan, poco se podrá hacer para que los jueces avancen con esas megacausas. Pero, por otra parte, ¿qué poder político hace algo para mejorar la justicia de los crímenes no ya de los años 70 -que deben ser castigados- sino de los años actuales?

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El Gobierno también trivializó el tema del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, señaló luego de su participación en la reunión que se celebró en París que el organismo no había objetado al país. Técnicamente, el GAFI no habría podido hacerlo. La evaluación sobre la Argentina comienza a mediados de junio próximo y el informe final se conocerá en junio de 2010. ¿Que país u organismo serios podrían aventurar una condena o una absolución sobre la Argentina cuando ni siquiera comenzó la evaluación?

Por otro lado, el nuevo informe que publicó el Departamento de Estado sobre la ley de blanqueo, si bien no cuestiona al país, le marca un rumbo: por ejemplo, dicen que se podría reforzar el rol de los organismos de control. Nadie leyó esa parte.

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