La justicia sanjuanina y el Gobierno se acusan por la fuga de los militares

El juez Gálvez, que firmó el traslado, señaló al Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Hortel
La fuga del Hospital Militar de dos militares condenados por violaciones de los derechos humanos generó una duro cruce entre la justicia sanjuanina, que responsabilizó al Servicio Penitenciario Federal por no haberlos custodiado, y el Gobierno, que pidió investigar a los magistrados que permitieron los traslados de los presos desde San Juan hasta Buenos Aires.

"¡Que nos investiguen! Yo cumplí con la ley", dijo anoche a LA NACION el juez federal de San Juan Miguel Ángel Gálvez, e insistió: "El Servicio Penitenciario Federal es el responsable del traslado de los presos. ¿Qué quieren, que a 1000 kilómetros nosotros vigilemos que no se nos fueran a escapar ".

Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, un militante camporista, dijo en un comunicado: "Debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio" del mayor retirado Jorge Olivera y el teniente retirado Gustavo de Marchi, quienes se fugaron el jueves último del Hospital Militar adonde fueron trasladados para ser atendidos.

Olivera había sido condenado por la justicia federal de San Juan a prisión perpetua el 4 del actual con De Marchi, que recibió 25 años de cárcel. Tras el fallo, pidieron pasar la feria judicial en Buenos Aires por cuestiones de "arraigo familiar". El juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo les hizo lugar y se fue de vacaciones. En su ausencia, su colega Gálvez, que lo subrogó, firmó el permiso para que fueran atendidos en el Hospital Militar.

"El que lo autorizó fue el titular del juzgado, yo lo instrumenté", dijo Gálvez, y recordó que los militares ya habían estado en Buenos Aires en enero y en junio. Dijo el juez que se les otorgó permiso porque "no había nada en el expediente que hiciera presumir" la fuga.

"No es que les dijimos «tome, acá tiene la plata para el ómnibus, vaya tranquilo». No, les dijimos que tomen los recaudos pertinentes. Es claro que el Servicio Penitenciario va a tratar de eludir su responsabilidad, pero es un problema de ellos", dijo el magistrado. El juez recordó que la propia sentencia señala que los presos habían quedado a disposición del SPF y que mientras tanto estaban presos en el penal provincial de Chimbas.

-¿Pudo haber responsabilidad del Hospital Militar?

-No sé, pero puede ser -contestó el magistrado.

Hortel insistió en cambio en que la responsabilidad es de los jueces que permitieron el traslado. Y adjuntó copias de los oficios firmados por la justicia sanjuanina mediante los cuales se permitieron la visita a Buenos Aires en la feria por cuestiones de arraigo familiar y las visitas al médico. Los oficios son coincidentes en las cinco fechas y horarios de los turnos de los dos militares, pero con diferentes médicos. Mientras Olivera veía al dermatólogo, De Marchi vería al psiquiatra; mientras Olivera iba al servicio de implantes, De Marchi iba al traumatólogo; mientras Olivera iba al urólogo, De Marchi iba al clínico, y así hasta el 8 de agosto. No fueron necesarias todas las consultas. Se fugaron en el segundo turno del 25 de julio.

Hortel advirtió las similitudes entre los días y horarios de los turnos médicos y sugirió que la coincidencia debió ser advertida por los jueces sanjuaninos. Pero el juez Gálvez rechazó estas acusaciones: "Es una cuestión del Servicio Penitenciario. Aun cuando hubieran coincidido las fechas de los turnos como usted me dice, era responsabilidad de ellos evitar la fuga de los detenidos".

Ayer, el Ministerio de Justicia anunció que junto con las carteras de Salud y Defensa evaluará la salud de los presos en el Hospital Militar y decidirá si corresponde derivarlos al penal de Ezeiza.

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