Justicia responde las críticas del gabinete de Scioli

Tras las críticas a la Justicia de algunos funcionarios provinciales, los ministros de la Corte Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lazzari, Daniel Fernando Soria y la Procuradora General, María del Carmen Falbo salieron a responder los dichos.
"Las manifestaciones públicas que, desde diferentes ámbitos vinculan los factores de la inseguridad ciudadana al desempeño del Poder Judicial de la Provincia", y "en el entendimiento que la Suprema Corte debe adoptar y hacer pública su posición al respecto", el Alto Tribunal bonaerense dijo que:

"Cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial".

"De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial".

"No es la Justicia la que ha sancionado dicho bloque normativo al que debe sujetar necesariamente su labor en un estado de derecho, como tampoco ha generado condiciones sociales de marginación, aún cuando no sean ellas el factor exclusivo de esta problemática. Las mismas corresponde que sean prevenidas por la actividad ejecutiva y educadora, a la vez que promotora de los gobernantes".

"En consecuencia, frente a las controversias y opiniones que las cuestiones vinculadas a la seguridad hoy suscitan debemos alejarnos de la superficialidad como forma de expresión, asumiendo profundamente en todos los niveles de la actividad estatal la preocupación legítima que ellas provocan en la población y la autocrítica necesaria para superar las falencias que, insitas en todo accionar humano, en ocasiones exhibimos los tres Poderes".

Por último, el comunicado dice que "un esfuerzo serio y decidido para promover el bienestar general, analizar exhaustivamente las trascendentes cuestiones sociales implicadas en las causas del delito, procurando superarlas, asignar con eficacia los recursos públicos y resguardar los derechos humanos, llevará consigo el ansiado mejoramiento de la seguridad ciudadana".

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