El TSJ envió ayer a la Legislatura el recálculo de la ley que autoriza las partidas, ya que obtendrá más fondos de la Coparticipación Federal.
La variación incluye unos 55 millones adicionales en este concepto. La propuesta que en noviembre había dado a conocer el TSJ llegaba a los $811.097.006.
De este modo, la Justicia sigue los mismos pasos que el Ejecutivo provincial, que días atrás, tal como lo había anticipado el Gobierno, envió a la Legislatura una nueva propuesta de presupuesto cercana a los $20.000 millones.
El texto al que accedió La Mañana argumenta que los nuevos parámetros económicos siguen “las pautas establecidas por la Subsecretaría de Hacienda de la provincia”.
Las estimaciones enviadas a los diputados por la Justicia incluyen un aporte sustancial del Tesoro provincial, en un contexto en el que el Poder Judicial sigue teniendo inconvenientes para atender su estructura y los gastos de personal. En el texto, este segmento del aporte llega a $74.772.365. Las otras fuentes de financiamiento son: Coparticipación Federal ($755.542.836) y recursos propios ($36.000.000).
En el “gasto corriente”, buena parte de la suma se la llevan los salarios. En este concepto, los vocales del TSJ dicen que destinarán en 2014 unos $706.983.028 (81% del presupuesto). El proyecto de ley fija en 2.055 el plantel de trabajadores. De este total, 2.039 son de planta permanente, mientras que otros 16 son de la planta temporaria.
En la fundamentación se destaca que “el presente proyecto no contempla partidas especiales para financiar incrementos salariales”, con excepción del último autorizado por la Legislatura, que rige desde el primero de marzo (Ley 2.866).
En bienes de consumo el Tribunal estima que destinará 10,2 millones de pesos. En el rubro “Servicios”, cerca de 92,3 millones, de acuerdo al texto que llegó a la Legislatura.
El nuevo presupuesto judicial es el primero tras la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que genera organismos adiciones, como los que dependerán del ámbito de la Mediación penal, que busca reducir el número de casos de los delitos que llegan a Juicio, para llegar a resolverlos mediante acuerdos entre las partes.
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