La Justicia provincial confirma que crecen los expedientes laborales

El clima de incertidumbre laboral que ensombrece el panorama social de la provincia de Santa Fe sumó en las últimas semanas a la Justicia como un actor de primera línea. La cantidad de expedientes que entran a los juzgados laborales no para de crecer, lo que para el gobierno santafesino es un síntoma de la judicialización de los conflictos entre empleadores y trabajadores
Desde Tribunales, en cambio, aseguran que el efecto de la crisis sobre el volumen de trámites es marginal, que no tiene relación directa con el aumento de expedientes y que lo que más afecta los derechos de los trabajadores es la falta de infraestructura con la que cuenta ese poder para dirimir en tiempo y forma las causas.

   Desde hace tres años, la cantidad de causas presentadas ante el fuero laboral de los Tribunales de Rosario creció de manera significativa. Según estadísticas del propio Poder Judicial provincial, en 2007 —cuando todavía los juzgados que llevaban ese tipo de causas eran ocho— ingresaron 1.142 expedientes por juzgado, un total de 9.136. El año pasado —con la creación de un juzgado más— el número de trámites que llevó cada una de las oficinas fue de 1.641, con 14.769 en total. Un número que significa un 60% ciento más que el año anterior.

   En los primeros cuatro meses de 2009, computado hasta el 1º de abril, ya habían ingresado 435 expedientes por cada uno de los nueve juzgados, lo que permite hacer una proyección alcista teniendo en cuenta que enero fue mes de feria judicial y que los conflictos sociales suelen calentar motores más cerca de fin de año.

   La hiperactividad del fuero laboral salió a la luz después de que diferentes funcionarios del gobierno de Hermes Binner denunciaran que, en muchos casos, las empresas ajustan personal salteando los pasos administrativos y llevando arreglos pautados de antemano directamente ante los jueces.

   Sin embargo, es otra la visión que tienen sobre el tema en los despachos de Pellegrini y Balcarce. Según el juez laboral de la tercera nominación Eduardo Pastorino, este nivel de movimiento no refleja necesariamente una situación de crisis laboral. "Si bien interpreto que los coletazos de la crisis se harán sentir, hay otras razones de peso para tener en cuenta", dijo.

   Pastorino mencionó en ese sentido dos fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el fallo Castillo versus Cerámica Alberdi, que en el año 2004 abrió las puertas para que los tribunales ordinarios de una provincia pudieran resolver una denuncia por accidente laboral —algo que según la ley de riesgos del trabajo sancionada en los 90 sólo competía a una comisión médica—, y el fallo Aquino de junio de 2007, que declaró inconstitucional la veda que la ley laboral imponía a los trabajadores para recurrir a la Justicia civil en caso de accidente.

   Para el magistrado, esos dos fallos recargaron los escritorios de la Justicia provincial mucho más que los juicios por despidos, cuyo aumento no niega pero consideró "no determinante con respecto al aumento de los expedientes recibidos".

Polémica a la vista. Detrás de los números, la realidad marca que durante los últimos meses el desfile de empleadores y trabajadores a Tribunales aumentó. Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia se multiplicaron los pedidos hacia los jueces laborales para que colaboraran evitando situaciones de despidos encubiertos.

   El subsecretario Legal y Técnico de esa cartera, Ricardo Brunet, alegó que el artículo 241 de la ley de contrato de trabajo —que autoriza el fin del vínculo entre la empresa y el trabajador de mutuo acuerdo— es utilizado "maliciosamente" por los empleadores. En rigor, el funcionario explicó que este artículo contempla una excepción, pero en cambio resulta sospechosa su utilización cuando engloba a decenas de empleados o se vuelve reiterativa.

   En Tribunales, en cambio, opinan que ningún juez puede obligar a un ciudadano a no aceptar un arreglo ni tienen la facultad de investigar en qué situación se hizo el mismo. Sobre todo en un contexto que califican de "inestable" y a sabiendas de que, la gran mayoría de las veces, los juicios laborales demoran años en sacar sentencia. A contramano de lo que baja desde el Ejecutivo provincial, las fuentes tribunalicias destacaron que la solución a los abusos empresariales pasarían más por reforzar el poder de acción del fuero laboral —que tiene 9 juzgados contra casi el doble en Córdoba, por ejemplo— que por evitar el recurso al artículo 241.

   En ese sentido, destacaron que la conciliación pre-juicio se ha convertido en una herramienta muy utilizada por los magistrados, quienes intentan así conciliar las urgencias del trabajador por conseguir algún resarcimiento con la voluntad de pago por parte de los empleadores. "El problema es el sistema, y no esta situación en particular. Con el doble de juzgados y más personal, se podría pensar en cambiar las cosas", aseguró un funcionario de larga trayectoria en Tribunales.

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