La Justicia provincial avaló al municipio ante la presentación hecha por Carba

El fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechaza la presentación hecha oportunamente por la empresa Carba S.A., cuando la comuna le había aumentado el monto de la tasa por extracción de piedra, en el año 1994.
El concejal Carlos Mansilla afirma que "se termina una discusión de más de 14 años, dando pleno reconocimiento a las facultades municipales en materia de reglamentación normativa y fiscal de la actividad minera".

Además, expresa que "esta valiosa sentencia fija un antecedente y seguramente será aplicado al nuevo juicio, siendo de esperar que la postura empresaria negatoria de esas facultades que algún funcionario compartió para desprenderse de sus propias responsabilidades, sea nuevamente rechazada por la corte".

Aunque la noticia no trascendió oficialmente, hace aproximadamente tres meses, la Suprema Corte bonaerense notificó oficialmente a la comuna sobre el fallo definitivo contra la cantera CARBA a raíz del juicio iniciado en el año 1994 y cuyas consecuencias abrirían nuevas instancias para el dilatado debate sobre el poder de policía frente a las canteras.

En ese momento, la firma inició una demanda por el incremento de la tasa a la piedra dispuesto por una Ordenanza del año 1994, aumento que llevó de 0,10 pesos a 0,30 pesos la tasa por tonelada.

Ante la justicia, la cantera sostuvo que el Municipio habría "vulnerado su derecho adquirido a la estabilidad fiscal minera, violando legislación nacional que así lo reconocía y amparándose en una autonomía municipal inexistente y sin razón fiscal suficiente".

Asimismo agregaba que "las comunas están obligadas por las políticas de fomento que, tanto las leyes nacionales como las provinciales, han diagramado para la actividad minera" y que la Ordenanza Nº 6.543/94, que era posterior a dichas leyes y que dispuso el aumento, "contradecía el espíritu y la letra de esa legislación nacional de fomento que contaba además con la adhesión provincial".

Por su parte la Municipalidad de Tandil sostuvo la legitimidad de los actos cuestionados, afirmando que el Concejo Deliberante municipal "posee suficiente facultades para disponer la tasa y su aumento".

En ese marco, añadió que el aumento obedeció al "objetivo de utilizar el gravamen como un elemento disuasor de una explotación irracional de los panoramas serranos y la necesidad de preservación paisajística en un todo de acuerdo con lo exigido por el segundo párrafo del art. 41 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución Provincial".

Así, el incremento obedecía a un "resarcimiento por el empobrecimiento del suelo ya que es lógico que éstos resultaban recursos naturales no renovables".

La comuna aseguró no haber adherido al sistema estructurado por la ley provincial 11.482 por la que la Provincia de Buenos Aires se comprometió a "propiciar" la eliminación de gravámenes municipales que afecten la actividad minera.

"Por ello, el fomento nacional y/o provincial a determinadas industrias, no obsta a la tributación municipal, pues -de lo contrario- las comunas se quedarían sin recursos, además de las razones extrafiscales que también justifican su existencia".

Con este fallo la Suprema Corte Provincial termina una discusión que duró 14 años, dando pleno reconocimiento a las facultades municipales en materia de reglamentación normativa y fiscal de la actividad minera. Cabe recordar que la misma empresa ha cuestionado también el aumento del gravamen a la piedra dispuesto por las Ordenanzas 10.250 y 10251 del año 2006. Para ello inició una nueva demanda (causa Nº 690819 iniciada el 14/03/2007).

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