La justicia porteña frenó diez torres que la constructora Portland desarrolla en Caballito sobre terrenos adquiridos a la empresa IRSA a cambio de metros cuadrados de las futuras construcciones. Los vecinos denuncian que se realizaron trabajos de forma ilegal durante la pandemia y que los "zócalos comerciales" sobrepasarían 10 veces la cantidad permitida.

La suspensión fue decida por el juez en lo Contencioso administrativo Darío Reynoso que otorgó una cautelar a pedido de asociaciones de vecinos de Caballito. El terreno, vecino a la cancha y que pertenecía al club Ferrocarril Oeste, es eje de una polémica: la empresa IRSA pretendía construir allí un shopping, pero por la presión de los vecinos el proyecto nunca logró contar con votos suficientes en la Legislatura. Por eso los dueños del terreno decidieron levantar torres con locales comerciales y 1188 viviendas.

Tras varios intentos, IRSA decidió cederle el terreno a la constructora Portland a cambio de metros cuadrados de las futuras edificaciones. Es por eso que los vecinos sostienen que el proyecto sigue siendo de la empresa presidida por Eduardo Elsztain. Hay una cláusula del convenio que firmaron las dos compañías que obliga a finalizar el proyecto antes de 16 meses.

 

 

Los demandantes pedían que "se declare la nulidad del Acto Administrativo: 1) que otorga el certificado de aptitud ambiental (...) y 2) que registró los planos de la obra denominada -Caballito Chico- emplazada en la calle Avellaneda 1400 de esta Ciudad, (...), por entender que ambos contienen vicios en sus elementos esenciales", según informó IJudicial.

Entre esos "vicios" se encuentra la superficie dedicada a espacios comerciales, que se extendía a 28 mil metros cuadrados, cuando supuestamente no debería superar los 2800 para ello los desarrolladores hicieron pasar los edificios como obras separadas. "Dividieron una fracción en 4 parcelas cuando no se podía. Para hacer eso alteraron sistema informático de la ciudad. Tienen el QR falsificado y de todas formas siguieron la obra", aseguró a LPO Martin Iommi, coordinador del Consejo Consultivo Comunal de Caballito.

La división del proyecto en cuatro sirvió a la empresa para la aprobación de los planos por separado, aunque para constatar su impacto ambiental deberían haberse tomado todos juntos. "Difícilmente podría denominarse al proyecto como ‘CiudadPalmera' si sólo se tratase de dos edificios. Aun cuando quiera alegarse que es solo una política comercial de venta y publicidad del emprendimiento, la magnitud y envergadura del Master Plan, induce a pensar que por ello se le otorgó la denominación de ‘Ciudad'", escribió el juez en su fallo.

"Nos vimos obligados a recurrir a la Justicia porque la obra de IRSA ‘Ciudad Palmera' no cuenta con factibilidad de los servicios públicos para construir 1188 viviendas, y además porque el Shopping afecta a los comercios barriales y el empleo", aseguró el comunero Osvaldo Balossi que acusó al gobierno porteño de proteger los "negocios de IRSA".

LPO intentó comunicarse con las empresas constructoras, pero no obtuvo respuesta.