La justicia porteña, más dura con los cortes de calles

El fiscal general de la ciudad dijo que serán más intransigentes con las interrupciones del tránsito
Piqueteros condenados a trabajar en clubes barriales y villas, sindicalistas obligados a realizar tareas comunitarias y ecologistas sentenciados a dar cursos de reciclado de basura. Esta ha sido la política seguida por la justicia porteña en los últimos meses para endurecer su postura ante los cortes de calles y la interrupción del transporte público, y promete ser de aplicación más intransigente en los próximos meses en un escenario de mayor conflictividad social.

"En dos años de gestión cumplimos con nuestro objetivo de que se comenzara a revalorizar el respeto por las normas. El primer paso es contribuir a que la gente respete la ley y logramos que los tribunales, a través de los fiscales, empiecen a responder de otro modo y cambien esa sensación de anomia. Hay un cambio de actitud proactiva de las fiscalías", dijo a La Nacion el fiscal general de la ciudad, Germán Garavano.

Con esa idea, la justicia porteña investiga al jefe de la CGT, Hugo Moyano, y a su hijo Pablo por el delito de usurpación, cuando fue bloqueado con camiones el ingreso a una planta de Papelera del Plata, en Parque de los Patricios, dijeron fuentes judiciales a La Nacion. La denuncia la hizo la empresa luego de que el gremio impidió la entrada y salida de vehículos de carga durante tres días, el 19 de mayo último.

Hugo y Pablo Moyano ya se presentaron en la causa y ahora tendrán una audiencia preliminar, antes de que el juez Alfredo Durante decida si hay mérito para indagarlos y enjuiciarlos, como sostiene la fiscalía o si desestima la causa.

Este es sólo uno de los casos en los que la Justicia optó por llevar a juicio a los dirigentes que decidieron la protesta, más allá de si estaban en el momento de la contravención. "No criminalizamos al perejil, sino que vamos detrás de los responsables reales, que toman la decisión política", explicó Garavano.

Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la ciudad respaldó esta idea, al confirmar una sentencia contra el piquetero de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete, por una movilización desde Plaza Flores hasta el Congreso, el 22 de mayo de 2008. El camarista Marcelo Vázquez destacó en su voto la constitucionalidad de la norma que castiga al que impide la circulación de vehículos.

"No hay una dicotomía entre el derecho a la protesta social con ocupación del espacio público y el derecho a transitar libremente, pues ambos están reglamentados y pueden compatibilizarse", dijo Vázquez. Incluso aseguró que "las manifestaciones pacíficas y ordenadas, que afecten el tránsito, por sí mismas, no constituyen una contravención".

Otros fallos respaldan el avance en este sentido: el piquetero Luis D?Elía espera ser juzgado por haber cortado el tránsito el 7 de mayo último con una marcha entre Liniers y Plaza de Mayo; gremialistas de la Uocra debieron pintar escuelas por haber cortado calles el año pasado, y tres piqueteros fueron condenados a penas de entre 10 y 90 días de prisión y a realizar tareas comunitarias por golpear a un taxista y dañar su auto, durante una marcha realizada el 21 de enero de este año.

Las organizaciones sociales acusan a la justicia porteña de ser el brazo legal del jefe de gobierno, Mauricio Macri, para combatir los reclamos sociales. Garavano responde: "No nos interesa perseguir a los gremialistas o piqueteros, sino hacer cumplir la ley. El ejemplo más claro es el de Greenpeace, que reconoció que en su protesta se excedió".

Los activistas fueron procesados por haberse subido al Obelisco y desplegado una pancarta para reclamar la aplicación de la ley de basura cero. Luego de reconocer que habían ingresado sin autorización a un monumento público, fueron condenados a dar charlas sobre reciclaje de basura en los Centros de Gestión y Participación porteños.

"Las organizaciones sociales que se excedan en su protesta pueden violar la ley. Comisarios de la Policía Federal fueron procesados por incumplir sus deberes en la organización de operativos de seguridad en partidos de fútbol, 38 partidos políticos porteños y canales de TV fueron condenados por incumplir la ley electoral en la campaña 2007, incluso Pro", se defendió Garavano.

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