Por qué la Justicia y la politica tienen pésima imagen en Mendoza

El Cadillacgate produjo más escándalos, donde el blanco es el fiscal. Cómo se metió el poder y se posicionaron los medios. Un estudio sobre la confianza en la justicia, casi una traducción científica del caso.
¿Debe hablar un juez o un fiscal con la prensa para dar a conocer su actuación como magistrado? La pregunta revive casi a diario. Cada vez que hay un caso resonante como en Mendoza con el Cadillacsgate, o como en Capital Federal con el caso de los remedios truchos.

Lo curioso de ambos casos es que los magistrados que han tenido un alto perfil han sido acusados de ser adictos a los medios, en busca de fama más que de la verdad, último objetivo de la Justicia.

La pregunta con la que se inicia este informe es, entonces, el nudo de esta vinculación entre el mundo de las noticias y la información, con el de la Justicia. Sólo para ser didácticos, el interrogante puede ser tomado por lo menos en dos sentidos.

Uno de ellos parece obvio: el que da por sentado que ese contacto entre juez y periodista se debe dar casi naturalmente en cumplimiento del derecho al acceso a la información, como un puente para que sea efectivo el derecho constitucional de la libertad de expresión.

El otro sentido y que aún resiste dentro de algunos sectores del Poder Judicial es el que da por sentado que los magistrados sólo hablan a través de sus fallos o resoluciones.

La sola mención de estas posturas genera la polémica y en el extremo se originan las antinomias entre prensa y justicia.

Es más, hay quienes en un sector u otro califican peyorativamente a quienes mantienen contactos casi cotidianos entre sí. Los jueces y fiscales llaman "mediáticos" a sus pares que tienen frecuentes apariciones públicas; y a los periodistas, sus colegas los llaman "judiciales", cuando se les endilga que adoptaron vicios de sus entrevistados cotidianos en tribunales.

Reconociendo que en esos extremos, hay una aversión latente entre jueces y periodistas. Quizá como la hay con el sector político y los trabajadores de prensa. Aunque los referentes políticos entienden desde su propia formación que necesitan de esta relación, por eso han integrado a los medios como parte de su propio paisaje.

El Cadillacsgate

Al fiscal especial Eduardo Martearena se lo ha cuestionado en dos ocasiones formalmente por haber "preopinado" en el transcurso de su investigación judicial a través de una entrevista realizada por MDZ. Ambas recusaciones planteadas por los acusados no prosperaron.

La causa judicial que estremeció al gobierno de Celso Jaque busca conocer cómo y por qué el Estado pagó 315 mil pesos para contratar a un particular que se comprometió a montar un concierto de rock con la actuación de los Fabulosos Cadillacs.

Por la implicancia del caso, el acicateo judicial y político ha continuado contra Martearena. Y el mismo magistrado se transformó en el centro de otro escándalo cuando el miércoles, otra fiscal requisó las oficinas de los tres fiscales especiales en búsqueda de información.

A Martearena se lo investiga por una denuncia de falseamiento de documentación y duplicidad de causa. Una demanda generada por dos abogados sospechados por el mismo fiscal de prepararle una emboscada judicial para sacarlo del Cadillacsgate.

Llama la atención de que uno de esos dos letrados que acusa a Martearena sea hermano del secretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán, uno de los funcionarios que puede terminar implicado en la causa de la extraña contratación que el Gobierno hizo en febrero para que los Cadillacs tocaran en Mendoza.

Hay que recordar que dentro de los 11 imputados hay dos altos funcionarios apuntados por Martearena. Ellos son: Luis Bhöm, secretario de Turismo, y Raúl Perruco Leiva, jefe de asesores del gobernador.

[Martearena-INTERIOR]

El proceso judicial fue reflejado por los medios mendocinos desde el 24 de julio donde Martearena actuó de oficio al advertir la publicación del caso que ventiló MDZ el 22 de ese mes.

Esa exposición hizo que las piezas se movieran para cercar al fiscal y a la vez que otras se movieran para resguardarlo, dentro y fuera del Poder Judicial. Tanto es así que se ha notado el posicionamiento de algunos comunicadores que profesan alguna simpatía con el poder de turno. Uno de ellos, conductor de un noticiero radial, esta semana acentuó aún su rol de vocero virtual de los funcionarios, diciendo que "voces serias del gobierno" denostaban a Martearena porque favorecía a algunos medios en obvia referencia a MDZ.

Ese comentario periodístico lanzado por radio, no fue más que el prólogo de la aparición en escena del ministro de Gobierno, Mario Adaro. El funcionario dijo el viernes que el único perjudicado con el Cadillacsgate y con el allanamiento a la fiscalía de Martearena era el Gobierno. Y tiró la pelota al Poder Judicial aduciendo que había una puja dentro de ese poder del Estado.

Adaro terminó gritándose con el Procurador de la Corte Rodolfo González a quien el ministro de Jaque le reclamó que controle a sus fiscales, tanto en las medidas que tomaban (en el caso de los allanamientos) como en sus declaraciones públicas (en referencia de las declaraciones de Martearena). Fue un claro intento de despegar al gobierno de las sospechas de estar motorizando una campaña sucia contra Martearena.

A favor del fiscal hay que decir que nunca ha negado información a la prensa. Y se ha mostrado abierto a los requerimientos periodísticos aún siendo el blanco de la discusión pública. Además sus declaraciones en la mayoría de los casos, no sólo con el Cadillacsgate, han sido con cámaras y micrófonos prendidos. Claro que esta exposición le ha valido la crítica de sus detractores entre los cuales se encuentran sus investigados.

Detalles de último momento

Este es un caso con ramificaciones impensadas y quizá eso explique los distintos tratamientos y enfoques que se dan sobre el entuerto desde los medios. El viernes estuvo en la fiscalía especial el ejecutivo Guillermo Maldonado, de la empresa publictaria Nexo, conducida por Mariano Alonso. Esta firma está vinculada con Canal 9, cabeza del multimedios de Sigifredo Alonso.

Maldonado aceptó que conocía a Raúl Perruco Leiva (imputado por instigación al fraude al Estado) y a la vez, que tenía trato comercial con la productora Offside, y en especial -por su conocimiento personal- con el productor sanjuanino Belisario "Bebe" Albarracín, uno de los beneficiarios del contrato por el cual el Gobierno pagó 315 mil pesos.

[Beatriz Barbera-renuncia-NOTA]

Por otra parte la salida intempestiva de Beatriz Barbera de la Secretaría de Deportes el mismo viernes (anunció su renuncia desde su restaurante) abre un nuevo capítulo en esta historia judicial.

Por inferencia y por consecuencia, seguramente Barbera volverá a declarar lo que sabe de este episodio donde ella estuvo involucrada por tener bajo su responsabilidad el Estadio Malvinas Argentinas que, en principio, iba a ser el escenario del concierto de los Cadillacs.

No es menor la incidencia de Barbera en la investigación, ya que se adujo, luego de que estallara el escándalo, que los 315 mil pesos se pagaron como un acto resarcitorio -no explicitado en el contrato-, por no poder contar con el estadio, por lo que los empresarios se vieron obligados a trasladar el recital a un ámbito más pequeño como el estadio cerrado de Andes Talleres. Argumentos todos desvirtuados por la documentación emanada de esos trámites y por la misma Barbera cuando le ha tocado explicar su participación.

La pobre imagen de la justicia ante la mirada ciudadana

Dado el ejemplo del Cadillacsgate, donde se involucran magistrados, políticos y periodistas, resulta oportuno repasar el último estudio sobre el nivel de confianza que los ciudadanos tienen al sistema de justicia.

"Justicia, Prensa y Seguridad ciudadana" es el ciclo de encuentros que la Suprema Corte de Justicia ha organizado para que periodistas ocupados en materia policial y judicial y magistrados y policías se reúnan en ún ámbito de intercambio y debate. Es decir que informadores e informantes tengan un espacio de diálogo sobre cómo complementar sus tareas, ambas escenciales para el ejercicio republicano.

El viernes 18 comenzó un encuentro y el Alto Tribunal se asoció a algunas entidades civiles como Fores-Foro de estudios sobre la administración de Justicia, para desarrollar los diferentes tópicos que permita "generar un acercamiento entre los actores del proceso penal y los comunicadores sociales, e introducir en la agenda pública los problemas relativos a: prevención del delito, persecución e investigación y al sistema penitenciario como complementario de las cuestiones de seguridad ciudadana".

[Foro Justicia, Prensa y Seguridad - NOTA1]

Para eso llegaron a Mendoza como moderadores los abogados de Fores: Alejandra González Rodríguez, directora ejecutiva de la asociación (en la foto de arriba), y Ricardo Martín Casares coordinador en el área penal de la misma institución.

Los especialista trajeron consigo el último estudio sobre el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) realizado por Fores, la Fundación Libertad y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella en agosto de 2009 que marcó un preocupante 48,3 en una escala donde "0" expresa el mínimo de confianza y 100 el máximo.

En esa evaluación realizada mensualmente entre julio de 2008 y agosto de 2009 está incluido el Gran Mendoza junto con otros conglomerados de la Argentina como Capital Federal, Rosario, Tucumán y Córdoba.

"Sin duda querríamos ver números más positivos", dijo Carlos Oteiza, presidente del Comité Ejecutivo de Fores en el momento de presentar la evaluación.

"La sociedad lee en los medios las causas de corrupción no resueltas, la inseguridad reinante o los entredichos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y todo esto le produce una gran desconfianza en el sistema de justicia. Nos apena que un 83 por ciento de los encuestados desconfíen de la honestidad de los jueces, pero también sabemos que este número es relativo. Aunque la Justicia sufre innumerables problemas hay muchos jueces probos que no aparecen nunca en los diarios y cumplen con su trabajo", remarca el analista.

El ICJ consta de dos dimensiones, la primera mide la actitud de las personas ante ciertos conflictos jurídicos concretos a esto se lo llama "subíndice conductual". Y la segunda la percepción de la población sobre la imparcialidad, honestidad y eficiencia de la Justicia a lo que se denomina "subíndice perceptual".

En el primer caso, los ciudadanos mostraron un leve descenso en la tendencia a acudir a la Justicia: 67,2 en agosto de 2009 mientras que en marzo pasado había medido 68,6. Respecto a la percepción de la sociedad acerca de las cualidades de la Justicia, midió 29,5 en agosto, y en marzo 27,4, lo que muestra un ascenso leve.

"Este es un punto que nos preocupa mucho", agrega Oteiza. "El ICJ nos sigue mostrando que 1 de cada 4 encuestados no recurriría a la Justicia en caso de tener algún conflicto. Esto deja abierta la puerta a la justicia por mano propia o a la frustrante resignación de dejar pasar la situación sin resolverla".

En términos de eficiencia la muestra indicó que para el 79% de los encuestados la justicia es percibida como poco o nada confiable.

"No hay una única explicación para estas cifras, pero sin duda indican que hay muchas tareas pendientes. Reformar el Consejo de la Magistratura y mejorar la selección de los jueces, cubrir vacantes en los juzgados acéfalos, gestionar mejor los recursos y modernizarlos, y trabajar con independencia son algunos de los puntos a fortalecer en esta Justicia maltratada, que no escapa a la crisis de valores que estamos atravesando como país", concluyó Oteiza.

Los dichos de Oteiza, obligadamente remiten nuevamente, al ejemplo del Cadillacsgate. El gobernador Celso Jaque, tendrá la oportunidad de demostrar cuánta incidencia tiene el poder político sobre el judicial cuando el Consejo de la Magistratura mendocino le envíe los pliegos de Eduardo Martearena como aspirante a camarista del crimen.

El magistrado pasó todos las evaluaciones técnicas y de aptitud para cubrir una de las vacantes de la Tercera Cámara del Crimen. Ahora depende de Jaque y del Senado -si es que el gobernador manda el nombre de Martearena como uno de los postulantes para que sea ascendido en su carrera judicial.

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