La Justicia pidió informes por la gripe A

Un fiscal requirió al Ministerio de Salud que detallara las medidas adoptadas y los datos con los que disponía antes de las elecciones
La controversia sobre el manejo político y sanitario de la epidemia de gripe A en el país sumó dos denuncias penales en la justicia federal contra las autoridades nacionales. Los tribunales deberán decidir si habilitan la feria judicial para dar curso a las demandas, y si éstas deben unificarse y tramitarse en un solo juzgado, señalaron a LA NACION fuentes judiciales.

Por lo pronto, por una de ellas la Justicia ya requirió medidas de prueba. Fuentes judiciales aseguraron a LA NACION que el juez federal porteño Norberto Oyarbide le requirió al patrocinante la ratificación de la denuncia en sede judicial y que el fiscal federal Eduardo Taiano requirió al Ministerio de Salud que detallara cuáles fueron las resoluciones adoptadas en relación con el control de la epidemia antes de las elecciones del 28 de junio y cuál era la información precisa con la que contaba esa cartera.

Las denuncias, radicadas por sendos abogados, uno en la Capital y el otro en Lomas de Zamora, le imputan a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Néstor Kirchner, a la ex ministra Graciela Ocaña, al gobernador bonaerense Daniel Scioli y a su ministro de Salud, Claudio Zin, entre otros, la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de medidas para impedir la propagación de una pandemia.

La primera la hizo el 29 de junio Héctor Yemmi ante el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Santa Marina. En su presentación, Yemmi sostiene que las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), máximas autoridades en el manejo de la pandemia, fueron desoídas por las autoridades nacionales en función de las elecciones legislativas, lo que atentó y puso en riesgo la salud de la población, además de no evitar un importante número de contagios.

Reza la denuncia: "La población en general se ha visto envuelta en un manejo mediático por parte de los denunciados a los efectos, al parecer, de [evitar] que el conocimiento de los verdaderos datos sobre enfermos y fallecidos pudiera afectar la reciente elección". Además del manejo discrecional de los datos, Yemmi denuncia la falta de implementación de una política coordinada a nivel nacional para combatir la epidemia. Argumenta que la alta tasa de mortalidad por el virus H1N1 en nuestro país es causa de la ineficacia para establecer una barrera sanitaria adecuada y de la desinformación de la que fue víctima la sociedad, en detrimento de su propia prevención.

Yemmi pide que la Justicia cite a Ocaña para que informe de las medidas adoptadas por su cartera, "cuántos y quiénes son las víctimas" mortales y cuáles son los principales focos de infección. El denunciante dijo a LA NACION que el motivo de su denuncia "es que alguien se haga responsable de la cantidad de muertes innecesarias, que, además, mantiene espantados hasta a los propios médicos".

Segunda denuncia

La otra demanda, radicada el 1° de este mes por el abogado porteño Alejandro Sánchez Kalbermatten, recayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Oyarbide. Allí denuncia un presunto atentado a la salud pública por parte de la Presidenta y de su esposo, diputado electo, quienes habrían privilegiado intereses electoralistas por encima del cuidado de la salud de la población.

Les imputa, además, el presunto incumplimiento de los deberes del funcionario público por no haber postergado las elecciones, como habría sugerido el comité de expertos que asesoraba a Ocaña. Sánchez Kalbermatten sostiene que, por cuestiones electoralistas, el Gobierno ocultó información sobre la real propagación de la gripe A y forzó a los ciudadanos a concurrir a las escuelas que después fueron obligadas a cerrar, con lo que se puso en riesgo la salud de quienes cumplieron con su deber cívico.

"La necesaria concentración de grandes multitudes es, precisamente, lo opuesto a lo que se ha aconsejado en países serios para evitar la propagación de la enfermedad", sostuvo en su denuncia. Y subrayó que toda la batería de medidas adoptadas luego de las elecciones habrían sido postergadas por razones políticas y, en consecuencia, aplicadas tardíamente.

Fuentes judiciales aseguraron a LA NACION que Oyarbide le requirió a Sánchez Kalbermatten que ratificara la denuncia en sede judicial y que el fiscal Taiano ya pidió al Poder Ejecutivo las primeras respuestas para tratar de determinar si hay algo que cuestionar penalmente a la Presidenta en relación con el manejo de la epidemia.

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